CiU cree inconstitucional que el Gobierno disuelva ayuntamientos que amparen a ETA

El Gobierno catal¨¢n anunci¨® ayer que recurrir¨¢ ante el Tribunal Constitucional la ley de seguridad de los concejales si ¨¦sta otorga al Gobierno central y no a las comunidades aut¨®nomas la potestad de disolver los ayuntamientos que justifiquen y apoyen actos terroristas. El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, asegur¨® que su grupo no aceptar¨¢ una invasi¨®n de las facultades de aquellas autonom¨ªas con competencias en r¨¦gimen local, como la catalana o la vasca. En todo caso, reiter¨® su total apoyo a las medidas antiterroristas que incluye la proposici¨®n pactada entre PP y PSOE.

'CiU considera justa, leg¨ªtima y necesaria esta iniciativa si lo que se pretende es debatir la protecci¨®n de los concejales amenazados por el terrorismo', manifest¨® ayer Duran tras la reuni¨®n de la ejecutiva de CiU. Por este motivo, los nacionalistas catalanas votar¨¢n hoy en el Congreso a favor de la toma en consideraci¨®n de la ley y se comprometen a apoyar todas las medidas contempladas en esta norma legislativa. Todas menos, de momento, una: la que faculta al Consejo de Ministros, previa autorizaci¨®n del Senado, a disolver las corporaciones locales que justifiquen de alguna forma el terrorismo.

CiU no se opone a la disoluci¨®n de ayuntamientos pero cree que la competencia para ejecutarla corresponde a las autonom¨ªas y no al Gobierno central. 'No estamos dispuestos a ceder ni un palmo ni a permitir que, pese a estar en contra del terrorismo y a favor de estas medidas, se aproveche este viaje para limitar las competencias de las autonom¨ªas', subray¨® Duran.

Pero el tr¨¢mite legislativo es largo. Mientras ayer Duran se mostraba esc¨¦ptico en alcanzar un acuerdo satisfactorio con populares y socialistas, otros miembros de CiU confiaban en encontrar una f¨®rmula intermedia que reconozca la competencia auton¨®mica en esta materia, y as¨ª se lo hicieron llegar al Grupo Popular. En el PP vieron las objeciones de los nacionalistas catalanes como otro pelda?o en el empe?o, en clave electoral, por distanciarse del partido del Gobierno. CiU, seg¨²n Duran, mantiene la misma posici¨®n que en 1985, cuando se opuso al art¨ªculo 61 de la ley de R¨¦gimen Local que faculta al Gobierno a disolver un ayuntamiento, y que basa la proposici¨®n de PP y PSOE.

El Gobierno se vio sorprendido por la advertencia de CiU y rechaz¨® sin ambages cualquier alteraci¨®n del texto, tal y como est¨¢ ahora recogido en el proyecto de ley. Gabriel Elorriaga, secretario de Estado de Organizaci¨®n Territorial y uno de los redactores del proyecto de ley, argumenta que la disoluci¨®n de ayuntamientos est¨¢ amparada en los art¨ªculos 61 y 67 de la Ley de Bases de R¨¦gimen Local.

Elorriaga recuerda que el art¨ªculo 61 de la Ley de R¨¦gimen Local ya dice expresamente que el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con el conocimiento de la autonom¨ªa y previo acuerdo favorable del Senado, podr¨¢ disolver los ¨®rganos de las corporaciones locales si su gesti¨®n es gravemente da?osa para los intereses generales e incumple sus obligaciones constitucionales. En cuanto al art¨ªculo 67, Elorriaga recuerda que CiU vot¨® en 1999 a favor de su modificaci¨®n y de la actual redacci¨®n, que dice que si el ayuntamiento adopta acuerdos que atenten gravemente el inter¨¦s general de Espa?a, el delegado del Gobierno, previo requerimiento al alcalde y de no ser atendido, podr¨¢ suspenderlos. Elorriaga estima que en esta advertencia de CiU 'lo ¨²nico que hay son reservas hacia el Pacto Antiterrorista'. En cualquier caso, el Gobierno y el Grupo Popular conf¨ªan en que CiU ser¨¢ fiel a su trayectoria y la 'reflexi¨®n' de ayer no se traducir¨¢ finalmente en el voto en contra a una ley de esta envergadura.