El tendido del 7
Bastantes fracturas, conflictos y tensiones sufre actualmente el Pa¨ªs Vasco (debido en gran medida -abstracci¨®n hecha del terrorismo y de su constelaci¨®n de organizaciones legales o alegales- a la deriva soberanista emprendida por el lehendakari Ibarretxe el pasado 27 de septiembre) para que el delegado del Gobierno de Aznar en la comunidad aut¨®noma se dedique adem¨¢s a reavivar el fuego. El cargo desempe?ado hoy con desmesura por Enrique Villar fue ocupado en su d¨ªa -bajo Gobiernos centristas o socialistas- con notable sentido de la responsabilidad por Marcelino Oreja, Jaime Mayor, Ram¨®n J¨¢uregui y Juan Manuel Eguiagaray: la representaci¨®n de la Administraci¨®n central ante unas instituciones de autogobierno controladas desde 1980 por los partidos nacionalistas exige no s¨®lo firmeza y convicci¨®n en los principios, sino tambi¨¦n flexibilidad y destreza en las maneras. La separaci¨®n entre los diferentes papeles recitados por los titulares de los altos cargos del Estado como militantes de un partido y como servidores de los ciudadanos es una tarea siempre dif¨ªcil: Enrique Villar ha conseguido la haza?a de confundir ambas condiciones hasta extremos indistinguibles.
Aunque la discreci¨®n, la sobriedad y el sentido de la oportunidad no hayan sido jam¨¢s el punto fuerte del actual delegado del Gobierno en el Pa¨ªs Vasco, sus ¨²ltimas intervenciones han desbordado el cauce de los comportamientos tolerables en unas funciones de tanta representatividad y responsabilidad. No es la primera vez que Enrique Villar se permite comentarios en alta voz y ademanes desaprobatorios desde la tribuna de invitados de la C¨¢mara vasca; su braceo denegatorio durante el pleno del 27 de septiembre que el lehendakari utiliz¨® para exponer un proyecto de libre asociaci¨®n y soberan¨ªa compartida del Pa¨ªs Vasco con Espa?a fue digno de los abonados del tendido 7 de la plaza de Las Ventas cuando se dirigen airadamente a la presidencia. Los taurinos afirman que el dinero pagado por la entrada incluye el derecho a la protesta energum¨¦nica; el delegado del Gobierno, sin embargo, ni siquiera tiene a su disposici¨®n ese argumento: no s¨®lo no paga por acceder a la C¨¢mara vasca, sino que adem¨¢s cobra de los contribuyentes por realizar su trabajo.
El comentario de Enrique Villar sobre las eventuales acciones penales del ministerio p¨²blico contra los miembros de la Mesa de la C¨¢mara vasca que incumplieron los autos del juez Garz¨®n de 26 de agosto y 6 de septiembre referidos a la disoluci¨®n del grupo parlamentario de Batasuna es otra prueba de la clamorosa falta de idoneidad del actual delegado del Gobierno en la comunidad aut¨®noma para ocupar ese puesto. Tras acusar recibo de la negativa de la Mesa, el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional pidi¨® al fiscal general, Jes¨²s Cardenal, que dictaminara si el rechazo a disolver el grupo nacionalista radical en la C¨¢mara es un delito de desobediencia cometido por autoridades o funcionarios p¨²blicos previsto en el art¨ªculo 410 del C¨®digo Penal. Cardenal envi¨® la consulta a la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, que a su vez recomienda la remisi¨®n del expediente a los fiscales del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco (TSJPV), ¨®rgano judicial competente para conocer el asunto en el supuesto de que la acci¨®n acusatoria fuese finalmente presentada.
Nada m¨¢s difundirse la noticia de esos iniciales movimientos procesales de conclusi¨®n incierta contra la Mesa de la C¨¢mara vasca, y antes de que el fiscal del Estado, la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional y los fiscales del TSJPV se pongan definitivamente de acuerdo sobre la calificaci¨®n penal de un supuesto pol¨¦mico y discutible, Enrique Villar se apresuraba a manifestar "la esperanza" de que el presidente del Parlamento, Atutxa, y el presidente del Gobierno, Ibarretxe, fuesen procesados por el delito de negarse a dar el debido cumplimiento a los autos del juez Garz¨®n. Ni siquiera la crispada situaci¨®n del Pa¨ªs Vasco sirve de atenuante para la resistencia mostrada por el Ejecutivo a tomar de inmediato la inexcusable medida de cesar a su delegado en esa comunidad aut¨®noma; el desgraciado comentario de Jaime Mayor Oreja, para quien las provocadoras declaraciones de Enrique Villar fueron "una muestra de su confianza en la justicia", tampoco tiene excusa.
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