Cajasur elude la supervisi¨®n de la Junta al solicitar al Gobierno que le aplique ya la Ley Financiera

Cajasur ha tardado menos de 72 horas en solicitar al Ministerio de Econom¨ªa la aplicaci¨®n de la nueva Ley Financiera, publicada el s¨¢bado, que incluye un art¨ªculo hecho a medida de la entidad presidida por el sacerdote Miguel Castillejo, que ahora podr¨¢ evitar el control de la Junta de Andaluc¨ªa. El Consejo de Administraci¨®n de la caja cordobesa, con el votos en contra de los tres consejeros socialistas y el representante de IU, decidi¨® ayer enviar ya la documentaci¨®n que acredita que es una "entidad fundada por la Iglesia", por lo que pasa autom¨¢ticamente a ser tutelada por el Ministerio de Econom¨ªa.

Los representantes socialistas en el Consejo de Administraci¨®n de Cajasur reclamaron la suspensi¨®n de la sesi¨®n por defectos de forma en su convocatoria, realizada de urgencia por Castillejo el s¨¢bado, el mismo d¨ªa en que el Bolet¨ªn Oficial del Estado publicaba la Ley Financiera. El presidente de la Diputaci¨®n de C¨®rdoba, Francisco Pulido (PSOE), tambi¨¦n envi¨®, a trav¨¦s de un requerimiento notarial, el ¨²ltimo acuerdo de la instituci¨®n provincial, aprobado el viernes, en el que se esgrim¨ªa su naturaleza de cofundadora de Cajasur -que la direcci¨®n de la entidad niega- para reclamar que renunciase a acogerse a la Ley Financiera. Y el obispo de C¨®rdoba, Javier Mart¨ªnez, abog¨® la semana pasada por el consenso institucional sobre Cajasur.

Pero ninguna de estas cuestiones evit¨® que Castillejo hiciese una nueva demostraci¨®n de su poder en los ¨®rganos de gobierno de la caja cordobesa. "El Consejo de Administraci¨®n de Cajasur, como entidad fundada por la Iglesia cat¨®lica, ha aprobado la presentaci¨®n de la solicitud para acogerse a los supuestos contemplados en la nueva Ley Financiera", explic¨® en conferencia de prensa Francisco Jurado, director general de la entidad. Esos "supuestos" introducidos por el Gobierno central -que s¨®lo afectar¨ªan a Cajasur al ser la ¨²nica caja que asegura haber sido fundada "directamente" por la Iglesia-, quitan a la Junta la supervisi¨®n de las principales decisiones de la entidad y se las trasladan al Ministerio de Econom¨ªa.

La Junta de Andaluc¨ªa quiso acabar con los privilegios de la Iglesia y Castillejo en Cajasur con la Ley auton¨®mica de Cajas, pero ya entonces (2000) intervino el Gobierno central y provoc¨® en 2000 la suspensi¨®n de la norma andaluza al recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

La entidad, en C¨®rdoba

El director general de Cajasur sali¨® al paso de las duras cr¨ªticas del PSOE y la propia alcaldesa de la ciudad, Rosa Aguilar (IU), que mantienen que con este paso la entidad prepara su salida de la capital cordobesa. Jurado no dud¨® en parafrasear a su presidente, quien en verano declar¨®: "Cajasur est¨¢ en C¨®rdoba igual que est¨¢ la Mezquita. La casa madre de CajaSur est¨¢ en C¨®rdoba, aqu¨ª naci¨® y a esta ciudad se debe, y nunca se ir¨¢ de ella".

El m¨¢ximo responsable de la asesor¨ªa jur¨ªdica de Cajasur, Diego Jordano, precis¨® lo que supondr¨¢ solicitar la aplicaci¨®n de la Ley Financiera que, asegur¨®, ser¨¢ efectiva a partir de que el Ministerio de Econom¨ªa lo notifique a la Junta, ya que la documentaci¨®n que acredita esta petici¨®n ser¨¢ enviada hoy mismo.

"Se produce un marco competencial nuevo", sintetiz¨® Jordano. Seg¨²n su interpretaci¨®n, el Ministerio de Econom¨ªa no s¨®lo ser¨¢ el encargado de dar la ¨²ltima autorizaci¨®n sobre cualquier modificaci¨®n en los estatutos y sobre el presupuesto de la obra social. El asesor jur¨ªdico explic¨® que al establecer que los estatutos vigentes son los actuales, se elimina lo dispuesto por la Junta (ahora suspendido por el Constitucional) sobre el nombramiento y duraci¨®n de los representantes de la Iglesia en la entidad. Y no s¨®lo eso: seg¨²n Jordano, todas las autorizaciones que tengan que ver con la fusi¨®n o disoluci¨®n de la caja cordobesa con otra entidad tambi¨¦n corresponder¨¢ ahora al Ministerio de Econom¨ªa.

El asesor jur¨ªdico de Cajasur (ex senador por el PP) enumer¨® las pocas competencias que, a su juicio, le quedar¨ªan al Ejecutivo andaluz: el registro de las oficinas abiertas por la caja cordobesa en Andaluc¨ªa, la comunicaci¨®n previa de la publicidad financiera, lo establecido sobre inspecci¨®n y auditor¨ªa y sobre el defensor del cliente. Jordano mantuvo que, en lo relativo a infracciones y sanciones, deber¨¢ recibir el mismo tratamiento que otras cajas con presencia en Andaluc¨ªa, pero domiciliadas en otras comunidades.