Comisi¨®n de investigaci¨®n

En el origen del accidente del Prestige no hay responsabilidad alguna que pueda imput¨¢rsele al Gobierno de la naci¨®n. La responsabilidad recae obviamente en los armadores del buque. Pero en el hundimiento del barco, que es lo que ha acabado ocasionando el "mayor desastre ecol¨®gico de nuestra historia", en palabras de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, no est¨¢ nada claro que no la haya. El hundimiento del barco se ha producido, pero pod¨ªa no haberse producido y, en consecuencia, la magnitud de la cat¨¢strofe pod¨ªa haber sido completamente distinta. La cat¨¢strofe no ten¨ªa por qu¨¦ ser la que ha sido. Ha llegado a tener la magnitud que tiene porque se han tomado o se han dejado de tomar decisiones pol¨ªticas, que o no deber¨ªan haberse tomado o deber¨ªan haberse tomado en el momento oportuno.

El car¨¢cter pol¨ªtico de las decisiones que se han tomado o que se han dejado de tomar es lo decisivo. Quienes han tomado o han dejado de tomar las decisiones que han acabado conduciendo al hundimiento del barco y a que la cat¨¢strofe haya adquirido la magnitud que ha adquirido lo han hecho o han dejado de hacerlo porque pod¨ªan hacerlo, y pod¨ªan hacerlo porque eran portadores del poder del Estado.

De esto es de lo que tienen que rendir cuenta. De qu¨¦ es lo que han hecho con el poder del Estado, del que la sociedad espa?ola les ha hecho depositarios, al enfrentarse con el accidente del Prestige. Esto es lo que en un sistema pol¨ªtico democr¨¢tico tiene que hacerse. ?Se ha hecho uso del poder del Estado de la forma en que razonablemente debe hacerse en un caso como ¨¦ste o, por el contrario, se ha hecho un uso incorrecto, por acci¨®n o por omisi¨®n, que ha dado todav¨ªa mayor envergadura al problema?

Este interrogante no tiene que ser respondido en los medios de comunicaci¨®n, aunque obviamente los medios de comunicaci¨®n tengan mucho que decir. Todo lo que consideren que tienen que decir, sin limitaci¨®n alguna. Pero ese interrogante tiene que ser respondido institucionalmente, y tiene que serlo por el Congreso de los Diputados, que es el representante del pueblo espa?ol, que mediante la investidura del presidente del Gobierno proporcion¨® al poder ejecutivo la legitimidad democr¨¢tica que le ha permitido manejar pol¨ªticamente el accidente del Prestige.

Y para que pueda responderlo, el Congreso tiene que obtener y procesar previamente toda la informaci¨®n sobre lo ocurrido. A esto es a lo que tendr¨ªa que dedicarse de manera inmediata. ?ste es un caso de libro para la constituci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n parlamentaria, en la que se remueva Roma con Santiago y se exijan y se den todas las explicaciones que la sociedad espa?ola tiene derecho a exigir y a que se le den. No es en los medios de comunicaci¨®n exclusivamente en los que tenemos que despejar las dudas acerca del comportamiento de los miembros del Gobierno que han tomado o dejado de tomar decisiones en este asunto, sino que es en el Congreso de los Diputados donde esas dudas tienen que despejarse. ?ste es, entre otros, el contenido del derecho de participaci¨®n pol¨ªtica por medio de representantes, reconocido en el art¨ªculo 23.1 de la Constituci¨®n. Tenemos derecho a saber por medio de nuestros representantes, no por los medios de comunicaci¨®n, que tambi¨¦n, sino por medio de nuestros representantes, qu¨¦ uso se ha hecho del poder del Estado en esta cat¨¢strofe y en qu¨¦ medida el ejercicio o el no ejercicio del poder del Estado ha sido un componente decisivo o no "del mayor desastre ecol¨®gico de nuestra historia". Pienso que es en esta direcci¨®n en la que tendr¨ªa que centrarse la iniciativa de los partidos que no est¨¢n en el Gobierno, m¨¢s que en solicitar una reuni¨®n con el presidente del mismo.