No son incapaces
El Consejo de Ministros aprobar¨¢ ma?ana un anteproyecto de ley de protecci¨®n patrimonial de las personas con discapacidad para garantizar su estabilidad econ¨®mica si faltan sus padres o tutores. La iniciativa es una de las que se han adoptado en el inicio de este 2003, que ha sido declarado A?o Europeo del Discapacitado. La calidad democr¨¢tica y la condici¨®n moral de una sociedad se miden tambi¨¦n por su sensibilidad en el trato a sus miembros m¨¢s d¨¦biles, especialmente los ciudadanos con alguna discapacidad, por lo que debe aplaudirse una iniciativa que busca garantizar su seguridad econ¨®mica en caso de muerte de sus padres o tutores.
Se calcula que en el mundo hay m¨¢s de 500 millones de personas con alguna discapacidad por causas naturales o por accidentes, sobre todo de tr¨¢fico. El censo de nuestro pa¨ªs registra unos 3,5 millones de ciudadanos en esta situaci¨®n. Y aunque algunos cuestionen la pertinencia de dedicar un a?o o un d¨ªa especial a colectivos que merecen la atenci¨®n permanente de la sociedad, lo cierto es que la situaci¨®n de desigualdad que viven los discapacitados exige que sea denunciada con cierta periodicidad.
Entre otras razones, para forzar un cambio en la relaci¨®n de la sociedad con estos ciudadanos, no vi¨¦ndoles s¨®lo como personas con discapacidad, sino con capacidades que pueden y deben desarrollarse personal y socialmente. Y en no pocos casos de manera genial. Una mano bast¨® a Cervantes para escribir el Quijote, y la sordera de Goya, que le priv¨® de o¨ªr el fragor de los fusilamientos del Dos de Mayo, no le impidi¨® pintar el espanto de quienes iban a ser fusilados.
Leyes como la que aprobar¨¢ ma?ana el Consejo de Ministros que, entre otras cosas, contempla la posibilidad de dejar la totalidad de la herencia al hijo afectado de discapacidad o la creaci¨®n de un fondo con aportaciones familiares o empresariales desgravables a favor de los discapacitados, constituyen medidas de discriminaci¨®n positiva necesarias para compensar las innegables dificultades de estas personas para acceder al empleo, la educaci¨®n, la cultura o el ocio. La legislaci¨®n sobre los derechos de las personas con discapacidad ha sido abundante en los dos ¨²ltimos lustros, tanto a escala internacional como nacional y auton¨®mica, pero se echa en falta una ley marco o carta fundamental sobre la integraci¨®n social de los discapacitados. Y hay un aspecto crucial que debe ser abordado sin demora: el derecho de acceso universal, negado a los discapacitados con toda suerte de obst¨¢culos arquitect¨®nicos en calles, edificios p¨²blicos o comerciales y transportes.
Con todo, ese derecho a la plena equiparaci¨®n de oportunidades s¨®lo ser¨¢ efectivo cuando cada ciudadano lo respete y permita su ejercicio en sus ¨¢mbitos de vida. Es intolerable que, todav¨ªa hoy, personas con problemas de movilidad vivan pr¨¢cticamente en arresto domiciliario en sus propias viviendas porque una mayor¨ªa de sus convecinos se niegan a autorizar las obras pertinentes de acceso al edificio com¨²n.
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