Aznar no consultar¨¢ al Congreso antes de decidir si env¨ªa tropas

El Gobierno decidir¨¢ sobre la participaci¨®n de tropas espa?olas en un eventual conflicto con Irak sin consulta previa a las Cortes, que ser¨¢n informadas "con car¨¢cter inmediato", pero a posteriori, de la decisi¨®n. Durante la guerra de Kosovo, en 1999, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar se comprometi¨® dos veces ante el pleno del Congreso a regular un mecanismo de consulta parlamentaria en caso de conflicto, admitiendo impl¨ªcitamente que hay un vac¨ªo legal. La promesa cay¨® en el olvido.

Fuentes gubernamentales sostienen que no hay todav¨ªa ning¨²n compromiso de participaci¨®n militar espa?ola en un eventual ataque contra Irak pero agregan que, llegado el momento, ser¨¢ el Gobierno el que tome la decisi¨®n correspondiente, "en uso de sus atribuciones constitucionales".

Esta interpretaci¨®n se basa en el art¨ªculo 97 de la Constituci¨®n, seg¨²n el cual "el Gobierno dirige la pol¨ªtica interior y exterior, la Administraci¨®n civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la funci¨®n ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constituci¨®n y las leyes". En cambio, obvia el art¨ªculo 63.3, que reserva al Rey, "previa autorizaci¨®n de las Cortes Generales, [la facultad de] declarar la guerra y hacer la paz".

Adem¨¢s, la Ley Org¨¢nica de Criterios B¨¢sicos de la Defensa Nacional, de 1980, reformada en 1984, afirma que "corresponde al Presidente del Gobierno la direcci¨®n de la pol¨ªtica de defensa. En consecuencia, ejerce su autoridad para ordenar, coordinar y dirigir la actuaci¨®n de las Fuerzas Armadas". Tambi¨¦n le corresponde, agrega, "la direcci¨®n de la guerra".

Pero la misma ley se?ala que "las Cortes Generales aprueban las leyes relativas a la defensa, los cr¨¦ditos presupuestarios correspondientes y ejercen el control de la acci¨®n del Gobierno y de la Administraci¨®n Militar". Adem¨¢s, "otorgan las autorizaciones previstas en el art¨ªculo 63.3 de la Constituci¨®n [declaraci¨®n de guerra]" y "conceden la autorizaci¨®n previa para los tratados o convenios internacionales de car¨¢cter militar".

El Gobierno sostiene que en 1990, tras la invasi¨®n de Kuwait, Felipe Gonz¨¢lez orden¨® el env¨ªo al Golfo de tres buques de guerra espa?oles sin consultar previamente al Parlamento y que el Grupo Popular, entonces en la oposici¨®n, no le discuti¨® dicha competencia.

Sin embargo, el Ejecutivo socialista contaba con el paraguas de una resoluci¨®n pr¨¢cticamente un¨¢nime del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que autorizaba el uso de todos los medios necesarios para expulsar a las tropas iraqu¨ªes de Kuwait, y con el respaldo del 90% de las fuerzas pol¨ªticas.

El debate sobre el papel de las Cortes era de car¨¢cter t¨¦cnico-jur¨ªdico m¨¢s que pol¨ªtico, pues nadie dudaba de que la decisi¨®n de Gonz¨¢lez ten¨ªa un ampl¨ªsimo respaldo parlamentario, como se evidenci¨® en votaciones posteriores. Lo que constituye un hecho in¨¦dito en la democracia espa?ola es que un Gobierno afronte un conflicto internacional sin m¨¢s respaldo que el de su grupo, por m¨¢s que ¨¦ste disponga de mayor¨ªa absoluta.

Bajo autoridad de la ONU

En octubre de 1995, el Congreso aprob¨® por unanimidad una resoluci¨®n sobre la reforma de la ONU que dec¨ªa: "La participaci¨®n espa?ola en operaciones de paz se har¨¢ siempre bajo la autoridad de las Naciones Unidas y por mandato de su Consejo de Seguridad". Durante la guerra de Kosovo, el entonces portavoz de Izquierda Unida, Julio Anguita, esgrimi¨® esta resoluci¨®n para criticar los bombardeos de la OTAN, sin la cobertura de Naciones Unidas.

Tras alegar que las circunstancias hab¨ªan cambiado, Aznar prometi¨® el 30 de marzo de 1999 en el pleno del Congreso regular "los mecanismos espec¨ªficos de consulta al Parlamento en supuestos de participaci¨®n o de colaboraci¨®n de Espa?a en operaciones militares, especialmente en aqu¨¦llas que conlleven el uso de la fuerza", promoviendo "el correspondiente debate y resoluci¨®n parlamentaria", para sustituir la de 1995.

El 12 de mayo, m¨¢s de un mes despu¨¦s de iniciarse los ataques, Aznar reiter¨® su promesa en el pleno del Congreso. "El Gobierno est¨¢ dispuesto", dijo, "a presentar ante los grupos parlamentarios un informe en el cual pueda establecer las pautas generales o el c¨®digo de actuaci¨®n en virtud del cual el Gobierno, en su relaci¨®n con el Parlamento, pueda establecer los mecanismos convenientes para cualquier circunstancia que se pueda producir en ¨¦sta u otras operaciones que la Alianza Atl¨¢ntica pueda llevar adelante".

Los Ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa elaboraron en junio de 1999 un borrador seg¨²n el cual el Ejecutivo informar¨ªa a las Cortes "tan pronto como sea posible" cuando se decidiese el env¨ªo de tropas espa?olas al extranjero. Aunque el documento se discuti¨® con el PSOE, nunca se someti¨® a debate en el Congreso.