Doce a?os despu¨¦s se inicia el juicio por el 'caso del Edificio Occidente'

La Audiencia de Granada abre ma?ana las 29 sesiones de vista oral previstas para enjuiciar la presunta estafa inmobiliaria del edificio Occidente, con 14 acusados y m¨¢s de 200 testigos, en su mayor¨ªa perjudicados por un caso que comenz¨® a investigarse judicialmente en 1990. En los tres primeros d¨ªas de juicio el tribunal resolvera las posibles prescripciones de delitos y responsabilidad penal de algunos acusados.

El caso llega a la Audiencia de Granada doce a?os despu¨¦s de que la comunidad de propietarios del edificio Occidente denunciara que los pisos de protecci¨®n oficial adquiridos sobre plano -desde comienzos de los a?os 80- no se correspond¨ªan con la realidad de las viviendas que les entregaron. La secci¨®n primera de la Audiencia de Granada, que ver¨¢ alterado su normal funcionamiento para la celebraci¨®n de este juicio, ha se?alado cinco sesiones de vista oral durante el mes de marzo, en abril, ocho; en mayo, nueve, y en junio, siete. Para los acusados, funcionarios y t¨¦cnicos del antiguo MOPU y responsables de la constructora Avila Rojas, la Fiscal¨ªa de Granada, pide penas que suman 73 a?os de prisi¨®n, 109 a?os de inhabilitaci¨®n e indemnizaciones de 413.183 euros.

El escrito de acusaci¨®n del fiscal reparte entre los encausados la comisi¨®n de delitos de falsedad, estafa y prevaricaci¨®n presuntamente cometidos en la tramitaci¨®n de los expedientes, construcci¨®n y venta del Conjunto Occidente. El Ministerio P¨²blico sostiene que entre 1978 y 1983 Avila Rojas, en connivencia con los responsables del Ministerio de Obras P¨²blicas en Granada -funcionarios, arquitectos y cargos p¨²blicos-, urdi¨® una trama para "procurar un considerable beneficio econ¨®mico en claro perjuicio para los compradores de los pisos".

Seg¨²n sus conclusiones provisionales, entre la constructora y la delegaci¨®n del MOPU se alteraron los expedientes de la superficie construida y se cambiaron las plazas de garaje por locales comerciales, entre otras anomal¨ªas. La promotora comenz¨® a vender las 169 viviendas del Conjunto Occidente en enero de 1981 "haciendo constar en los contratos de venta la misma superficie en metros que la que figura en la c¨¦dula de calificaci¨®n provisional" que no se correspond¨ªa con la definitiva. "Cuando las viviendas ya estaban vendidas, la promotora present¨® una medici¨®n, que representaba una elevaci¨®n en el precio de los pisos", indica el fiscal, quien reitera en su escrito de acusaci¨®n: "Las medidas ofrecidas en su d¨ªa, que los t¨¦cnicos del MOPU dieron por buenas, no obedecen a la realidad". Adem¨¢s de la alteraci¨®n de los metros construidos, los vendedores repercutieron sobre los compradores, entre otros gastos, los de divisi¨®n horizontal de los pisos y los de la constituci¨®n de las hipotecas.

Entre el listado de acusados, se encuentra el empresario y m¨¢ximo accionista de la promotora Jos¨¦ Avila Rojas para quien solicita siete a?os de c¨¢rcel por un delito de estafa, y siete meses de prisi¨®n y 300.000 pesetas de multa por falsedad. Entre los miembros del MOPU, figuran el ex director de Obras P¨²blicas, Rafael Villar y el ex delegado de Obras P¨²blicas de la Junta Rafael Salcedo, a los que el fiscal pide 7 y 9 a?os de inhabilitaci¨®n respectivamente.