La nueva batalla por la propiedad intelectual
Creadores, consumidores y televisiones se alinean a favor y en contra de la reforma del Gobierno
Es un conflicto con historia. Cada elaboraci¨®n de una nueva Ley de Propiedad Intelectual levanta ampollas. Esta vez la reforma llega de Europa. Hay que adaptarse a la nueva directiva de la Uni¨®n Europea sobre Derechos de Autor y afines en la Sociedad de la Informaci¨®n, una norma de 2001 que trata de defender a los autores de la pirater¨ªa en masa, hecha con medios electr¨®nicos y en Internet. S¨®lo cinco a?os despu¨¦s de aprobar la Ley de Propiedad Intelectual, que data de 1997, Espa?a reforma ahora la norma con un proyecto que el ministerio ha remitido a todos los sectores implicados, seg¨²n afirma Roberto Rodr¨ªguez, del Ministerio de Educaci¨®n y Cultura. "Ahora est¨¢ en el Consejo de Estado y se ha remitido a las entidades de gesti¨®n, que son ocho en Espa?a, a los sectores de hosteler¨ªa, las televisiones y los creadores", dice.
La SGAE recurrir¨¢ la ley. Dice que Cultura no acept¨® ninguna de sus 108 propuestas
El principal frente es qui¨¦n debe fijar el dinero que se debe cobrar por derechos
El proyecto tiene grandes variaciones, seg¨²n apuntan algunos sectores, con respecto a las intenciones de la Uni¨®n Europea. Y eso el ministerio lo reconoce de forma abierta: "La reforma no se limita a las exigencias derivadas de la nueva directiva europea, sino que se introducen otros cambios. Modificaciones impuestas por la necesidad de mejorar el actual sistema de gesti¨®n de los derechos para reducir los elevados ¨ªndices de conflictividad de los ¨²ltimos a?os", explican.
Los cambios vienen motivados, seg¨²n el Gobierno, por factores como "el nacimiento y desarrollo de la Sociedad de la Informaci¨®n; el crecimiento del mercado de la propiedad intelectual, que mueve recursos e intereses cada vez mayores; la aparici¨®n de nuevas entidades de gesti¨®n de derechos, y la necesidad de clarificar una gesti¨®n cada vez m¨¢s compleja, que ha llevado a una creciente judicializaci¨®n".
El apartado que produce m¨¢s tensi¨®n, aunque, seg¨²n el ministerio, puede dotar al sistema de "m¨¢s transparencia", es el de la comisi¨®n que se encargar¨¢ de fijar las tarifas a recaudar por las obras, algo que subleva a los autores porque, hasta ahora, eran ellos quienes establec¨ªan libremente los precios a trav¨¦s de sus entidades de gesti¨®n.
He ah¨ª el principal frente, el que fija cu¨¢nto dinero se debe cobrar por tal o cual obra, como admite Eduardo Bautista, presidente del consejo de direcci¨®n de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), entidad que ha facturado por derechos de autor en 2002 cerca de 245 millones de euros y que, seg¨²n Bautista, podr¨ªa dejar de ingresar en 15 a?os, si se aprueba la nueva ley, 11.000 millones de euros. "Han aprovechado la nueva directiva europea para pegar un tajo a los autores", afirma Bautista.
El viernes ven¨ªa de una reuni¨®n de gestores de derechos europeos en Berl¨ªn, donde ha logrado el apoyo de sus colegas frente al proyecto espa?ol. "Nos hemos reunido representantes de la BIEM, la Oficina Internacional de Ediciones Mec¨¢nicas y el CISAC, la Confederaci¨®n Internacional de Asociaciones de Autores y Compositores, las dos grandes ascociaciones de derechos de autor europeos. Y la novedad ha sido el caso espa?ol. Hemos conseguido medidas de apoyo cerrado que incluyen recurrir la nueva ley en instancias internacionales y organizar un congreso de autores mundial en Espa?a en el que preguntaremos con qu¨¦ legitimidad entra un Gobierno en nuestras cuentas", avisa Bautista.
El apoyo que ha conseguido la SGAE era previsible, porque la nueva norma no s¨®lo afecta a los creadores espa?oles, sino a todas las obras de cualquier nacionalidad que se exploten en Espa?a: "Eso es fundamental para entender que el Gobierno ha abierto un nuevo frente internacional con esta nueva reforma que ha producido perplejidad a todos", dice Bautista.
El ejecutivo de SGAE apunta especialmente contra la comisi¨®n que fijar¨¢ los precios en caso de desacuerdo: "Es un intervencionismo absurdo, los precios los marca el mercado, es una barbaridad que no existe en Europa y que podr¨ªa incluso vulnerar principios constitucionales".
Junto a la SGAE cierran filas la mayor¨ªa de los creadores, desde la Asociaci¨®n de M¨²sicos y Compositores (ACAM), que preside Teo Cardalda y agrupa a figuras como Miguel R¨ªos, V¨ªctor Manuel, Loquillo, Rosendo o Ramonc¨ªn, entre m¨¢s de 600 compositores y autores. En una carta remitida a Pilar del Castillo, titular de Educaci¨®n y Cultura, y a Mariano Rajoy, vicepresidente primero del Gobierno, ¨¦stos piden explicaciones y respuestas al Gobierno y reprochan su falta de di¨¢logo, como la SGAE. "Si este Gobierno llama di¨¢logo a que cuando nos remiten un proyecto digamos a todo am¨¦n, vale", dice Bautista, que denuncia que el ministerio no acept¨® ninguna de las 108 propuestas de mejora de la ley que su asociaci¨®n remiti¨® despu¨¦s de un estudio exhaustivo.
Algunos ven en la nueva ley un freno a lo que llaman un ¨ªmpetu recuaudador exagerado de la SGAE. La Uni¨®n de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), que preside Alejandro Echevarr¨ªa, de Tele 5, ha mostrado un apoyo claro al ministerio. Incluso salen al paso de las cr¨ªticas vertidas al proyecto porque creen que ¨¦ste "acabar¨¢ con la conflictividad" que genera la gesti¨®n de derechos.
UTECA puntualiza, a prop¨®sito de la comisi¨®n: "No es cierto que se elimine la libertad de fijar precios y de negociaci¨®n de los creadores. Al contrario, esa comisi¨®n s¨®lo actuar¨¢ en caso de que fracasen las negociaciones entre las partes", apuntan. Adem¨¢s, niegan que sea un ¨®rgano dependiente del ministerio: estar¨¢ formado por expertos en la materia cuyas decisiones pueden ser revisadas por los tribunales.
Los tribunales. ?M¨¢s trabajo para los tribunales? ?se es uno de los aspectos que han hecho saltar la alarma en el Gobierno y que se esgrimen como causas de la reforma. Los conflictos entre las sociedades de gesti¨®n, las televisiones y las asociaciones de hosteleros (que se niegan muchas veces a pagar las cuotas que exige la SGAE en concepto de derechos por tener v¨ªdeos, televisiones o reproductores de m¨²sica en sus locales) ya son suficientes para que se prevean m¨¢s pleitos.
Entre las entidades y los socios hay 7.000 pleitos pendientes, seg¨²n constaba en el comunicado que UTECA remiti¨® a los medios de comunicaci¨®n el martes pasado. A ¨¦stos hay que sumar los que mantienen los 300 creadores audiovisuales que forman DAMA (Derechos de Autor y Medios Audiovisuales) con la SGAE, a la que reclaman poder gestionar sus propios derechos por su cuenta y lejos del "monopolio", como definen ellos a la sociedad (DAMA no ha querido pronunciarse todav¨ªa sobre la nueva ley, porque, aseguran, "seguimos vigilando y estudiando el nuevo borrador"), y hay m¨¢s de 12.000 hosteleros denunciados por la SGAE tras negarse a pagar sus cuotas mensuales por derechos.
Los hosteleros y comerciantes, agrupados en la Federaci¨®n Espa?ola de Hosteler¨ªa, que representa a 300.000 asociados, y en la Cecoma, llamaron a la desobediencia y a no pagar a los establecimientos de menos de 100 metros cuadrados. "Nosotros les defenderemos desde la asociaci¨®n si les demandan", asegura Pedro Galindo, presidente de la federaci¨®n. Curiosamente, Galindo tambi¨¦n critica la actitud de falta de di¨¢logo del ministerio, ya que, dice, no les ha consultado el nuevo proyecto.
Los hosteleros son los que m¨¢s beligerantes se han mostrado hasta ahora con la SGAE, con la que mantienen una tradicional lucha de a?os. Seg¨²n ellos, los hosteleros aportan anualmente a la SGAE m¨¢s de 24 millones de euros y no discuten que tengan que pagar por algunas cosas: "En lo de los aparatos de m¨²sica y los v¨ªdeos no ponemos objeci¨®n, pero que por tener aparatos de televisi¨®n los locales peque?os tengan que pagar entre 15 y 30 euros al mes nos parece un abuso", asegura Galindo, que cree que la SGAE est¨¢ asustada porque con la nueva ley se le acaban sus "tradicionales corruptelas".
Desde la SGAE, Bautista se defiende: "Nuestras tarifas son las m¨¢s bajas de Europa. El problema es que no quieren pagar nada. Y este Gobierno, en vez de intervenir en ello, deber¨ªa dejar que nosotros nos sentemos a negociar nuestras cosas. Y si hay que bajar las tarifas, se bajan".
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