Los archivos de la c¨¢rcel se pudren

El archivo hist¨®rico de la prisi¨®n de Pamplona sufre un deterioro alarmante rayano en la putrefacci¨®n. La documentaci¨®n que contiene la informaci¨®n penitenciaria de todo el siglo XX en la Comunidad foral, incluyendo la procedente de las desaparecidas prisiones de Estella y Tafalla y del fuerte-presidio de San Crist¨®bal, se almacenan desordenadamente en una dependencia de la vetusta c¨¢rcel de Pamplona.

Ensuciados por las deposiciones de palomas, amontonados junto a enseres y muebles en desuso, deteriorados y en algunos casos en un estado tal de descomposici¨®n que impide su manejo, cientos de legajos con valios¨ªsima informaci¨®n hist¨®rica y administrativa padecen las consecuencias de un deterioro de d¨¦cadas.

Los trabajadores que acceden al lugar se protegen con mascarillas y guantes

La situaci¨®n ha sido denunciada p¨²blicamente por la secci¨®n sindical de ELA. El estado de abandono del archivo dificulta, hasta hacerla imposible en ocasiones, la tramitaci¨®n de los preceptivos certificados que acreditan la estancia en la c¨¢rcel de prisioneros del r¨¦gimen franquista, cuyos descendientes tramitan las indemnizaciones correspondientes.

M¨¢s de un centenar de solicitudes de familiares de aquellos reclusos, un buen n¨²mero procedentes de Euskadi, se acumulan en la prisi¨®n pamplonesa a la espera de que sea encontrado el papel donde se certifique el paso por la c¨¢rcel de sus parientes, un requisito imprescindible para cobrar las ayudas econ¨®micas arbitradas en los ¨²ltimos a?os por diversos ejecutivos auton¨®micos, entre ellos el vasco.

El archivo se ubica en un ¨¢tico de la c¨¢rcel de Pamplona, un edificio con cien a?os de existencia. Se trata del antiguo departamento donde resid¨ªan las monjas cuando eran cuidadoras de la prisi¨®n.

Los trabajadores de la c¨¢rcel que habitualmente acceden al lugar para realizar la gesti¨®n del papeleo deben hacerlo provistos de batas, mascarillas especiales y guantes de protecci¨®n para evitar afecciones a su salud, especialmente por la presencia de esporas del hongo aspergillus en altas concentraciones.

La localizaci¨®n de los certificados es lenta y laboriosa. La documentaci¨®n est¨¢ muy desordenada. A mediados del siglo XX, un incendio da?¨® el archivo y la pasada d¨¦cada un recluso ejerci¨® las labores de archivero y extrajo documentaci¨®n alterando sustancialmente la situaci¨®n del propio archivo. Las trabajadores de la c¨¢rcel que realizan hoy en d¨ªa esa tarea carecen de cualquier preparaci¨®n espec¨ªfica en la materia, un trabajo a?adido que les ha sido adjudicado al margen de sus ocupaciones habituales en el recinto carcelario.

La direcci¨®n de la prisi¨®n niega que haya legajos pudri¨¦ndose. "La denuncia sindical ha sido alarmista. Lo ¨²nico que hay es mucho polvo acumulado durante a?os", indic¨® un portavoz de la direcci¨®n, "pero se van tramitando los certificados", a?adi¨®.

No obstante, fuentes de la prisi¨®n han confirmado a EL PA?S el lamentable estado del archivo, cuya protecci¨®n legal es competencia de la direcci¨®n general de Instituciones Penitenciarias. Actualmente se desarrolla un incipiente proceso de informatizaci¨®n del archivo consistente en la elaboraci¨®n de un listado nominal con informaci¨®n b¨¢sica.

Fuentes del Gobierno de Navarra han se?alado que existe un informe de recuperaci¨®n y tratamiento archiv¨ªstico pero se carece de competencias para desarrollarlo. "Si se produjera la transferencia a Navarra la situaci¨®n se podr¨ªa arreglar", indic¨® una fuente cercana al Ejecutivo foral. La direcci¨®n de la c¨¢rcel se neg¨® a permitir que la archivera autora del trabajo, realizado en 2002 por una profesional ajena al centro, informara a EL PA?S el contenido del mismo.

Indemnizaciones

El Gobierno vasco, por su parte, ha recibido 7.000 solicitudes de percepci¨®n de las indemnizaciones arbitradas en el decreto 280/2002 de 19 de noviembre para compensar el encarcelamiento durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El plazo de entrega de la documentaci¨®n se abri¨® el 29 de noviembre de 2002 y se cerr¨® el pasado 28 de febrero, aunque se ha habilitado una pr¨®rroga temporal.

Mientras, en Navarra, un decreto foral de 1995 arbitr¨® las ayudas a 127 peticiones. Se recibieron un total de 272 solicitudes, de las que 100 no fueron atendidas al no poder acreditar documentalmente la estancia en prisi¨®n, bien porque los archivos fueron quemados o por la desaparici¨®n de los mismos. El Gobierno foral gast¨® 78 millones de pesetas. El decreto establec¨ªa una indemnizaci¨®n m¨ªnima de 183.330 pesetas a las que se sumaron 30.555 pesetas por cada mes adicional de c¨¢rcel, hasta una cuant¨ªa m¨¢xima de 1,1 millones.

El decreto vasco, que destina a este fin 3,6 millones de euros, exige como requisito para acceder a la indemnizaci¨®n haber padecido prisi¨®n o reclusi¨®n en campos de internamiento o concentraci¨®n durante al menos seis meses y tener cumplidos los 65 a?os. El importe m¨¢ximo por persona o familiar ser¨¢ de 9.600 euros.