La sombra de la Corte Penal se cierne sobre el agresor

La legalidad o no de la intervenci¨®n en Irak fue uno de los puntos de discusi¨®n en el debate parlamentario de ayer. El primer ministro Tony Blair defendi¨® la legalidad de esa intervenci¨®n a partir del dictamen elaborado por el fiscal general del reino, lord Goldsmith. El jurista, asesor del Gobierno, sostiene que la intervenci¨®n es legal por el efecto combinado de las resoluciones 678, 687 y 1.441 del Consejo de Seguridad. Las primeras, con m¨¢s de un decenio, habr¨ªan sido reactivadas por la resoluci¨®n de noviembre.

El dictamen de lord Goldsmith choca con la opini¨®n de numeros¨ªsimos juristas independientes en los que se apoyaron ayer los laboristas rebeldes y los liberales al sostener que la intervenci¨®n ser¨¢ ilegal si no cuenta con una nueva resoluci¨®n.

El debate no s¨®lo tiene matices acad¨¦micos o consecuencias pol¨ªticas: llevado al extremo podr¨ªa permitir el procesamiento por el Tribunal Penal Internacional a Tony Blair, al espa?ol Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar o cualquier otro responsable pol¨ªtico de los pa¨ªses que han acordado su pertenencia al mismo.

Las dudas sobre la legalidad de la guerra no son ajenas a la decisi¨®n de los tres de las Azores de no poner a votaci¨®n una segunda resoluci¨®n en el Consejo de Seguridad: si hubiera sido derrotada de manera oficial, como todo apuntaba, los argumentos de lord Goldsmith en defensa de un efecto combinado de las resoluciones 678, 687 y 1.441 se habr¨ªa evaporado.

Si el procesamiento de Blair y Aznar parece muy poco probable, el de George W. Bush en el Tribunal Penal Internacional es imposible. Una de las primeras decisiones tomadas por ¨¦ste al llegar a la presidencia fue desvincularse de la instituci¨®n si no obten¨ªa la garant¨ªa de que ning¨²n ciudadano de su pa¨ªs estar¨ªa sometido a su legalidad.