El Poder Judicial quiere sustituir por jueces de carrera a los jurados que no acuerden un veredicto
La minor¨ªa progresista se opone a la propuesta y la califica de "destructiva" para la instituci¨®n
El informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, que apoya por el momento la mayor¨ªa conservadora y que ma?ana se someter¨¢ al pleno del Consejo, sugiere al Gobierno que, una vez que el Tribunal del Jurado fracase dos veces en la obtenci¨®n del veredicto, en lugar de dejar absuelto al acusado se sustituya a los legos por jueces profesionales para un nuevo enjuiciamiento. La minor¨ªa progresista se opone a esta propuesta, que cree que minusvalora a los jurados frente a los jueces profesionales, y la califica de "destructiva" de la instituci¨®n.
La vigente Ley del Jurado establece que cuando tras un segundo juicio ante el Tribunal del Jurado "no se obtuviere un veredicto (...), el magistrado-presidente proceder¨¢ a disolver el jurado y dictar¨¢ sentencia absolutoria". Para obtener veredicto de culpabilidad deben aprobarlo al menos siete de los nueve jurados, y para el veredicto de inocencia,al menos cinco de los nueve.
El informe del CGPJ sobre la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, de 72 folios y del que es ponente el vocal propuesto por el PP Jos¨¦ Luis Requero, considera "conveniente aprovechar la reforma" para modificar la Ley del Jurado "a fin de que en los casos en que haya fracasado el jurado (...) pueda el juez profesional" enjuiciar el asunto y sentenciarlo.
La mayor¨ªa del CGPJ contempla "circunstancias especiales" o "presiones perif¨¦ricas" que pueden "impedir que el jurado forme su convicci¨®n con plena libertad de criterio". La soluci¨®n que ofrece para evitar "la impunidad" es reformar la Ley del Jurado para que en esos casos "el hecho sea juzgado por jueces profesionales".
Mezcla de sistemas
La minor¨ªa progresista del CGPJ se opone a esta sugerencia que introduce el informe del Consejo. Montserrat Comas y Javier Mart¨ªnez L¨¢zaro, vocales propuestos por el PSOE, creen que se "intenta mezclar dos sistemas de enjuiciamiento" de modo que "implicar¨ªa considerar a los jueces populares de peor condici¨®n, menos capaces de obtener un veredicto, de forma que deber¨ªan ser suplidos por jueces profesionales".
Ambos vocales razonan que la previsi¨®n legal seg¨²n la cual "la imposibilidad de obtener un veredicto tras dos juicios obliga a dictar sentencia absolutoria es plenamente coherente con la naturaleza de la instituci¨®n". En su opini¨®n, la incapacidad del jurado para alcanzar una decisi¨®n "s¨®lo puede obedecer a la insuficiencia de la prueba practicada".
Otros dos consejeros propuestos por el PSOE, el vicepresidente Fernando Salinas y el vocal Jos¨¦ Antonio Alonso, atribuyen a la mayor¨ªa la voluntad de "destruir" el jurado, al no comprender que "la imposibilidad del veredicto de culpabilidad o no culpabilidad es un veredicto en s¨ª mismo, (...) no un 'fracaso' del jurado, como dice el informe".
Estos dos consejeros critican que "la mayor¨ªa no parece darse cuenta de que con esa propuesta patrocina el doble enjuiciamiento, prohibido por tratados y convenios internacionales".
El informe de la mayor¨ªa conservadora introduce otras novedades, que critica la minor¨ªa progresista, tras recordar que el CGPJ no puede proponer leyes.
- Jueces s¨®lo por oposici¨®n. Aunque el anteproyecto de ley mantiene que para el ingreso en la carrera judicial por la categor¨ªa de juez, adem¨¢s del sistema de oposici¨®n, se reservar¨¢ una cuarta parte de las plazas convocadas (de ah¨ª la denominaci¨®n de cuarto turno) "para licenciados en Derecho con seis a?os de ejercicio profesional", el informe elaborado por Requero propone replantearse ese sistema y reducir el reclutamiento de jueces exclusivamente al sistema de oposici¨®n.
La minor¨ªa progresista considera, por el contrario, que "un sistema judicial democr¨¢tico y avanzado debe cubrirse, tambi¨¦n, mediante la incorporaci¨®n de otros enfoques, experiencias y puntos de vista distintos a los del juez por oposici¨®n", cuya principal cualificaci¨®n es la de "recitar memor¨ªsticamente los temas del programa de oposiciones".
- Formaci¨®n judicial reducida. El anteproyecto no modifica el vigente periodo de dos a?os de formaci¨®n de los candidatos a jueces en la Escuela Judicial. Sin embargo, el informe asumido por la mayor¨ªa, sobre el que decidir¨¢ el pleno del CGPJ, sugiere al Gobierno reducirlo a 18 meses, de los cuales 12 ser¨ªan de pr¨¢cticas en ¨®rganos jurisdiccionales y seis de permanencia en la Escuela Judicial, "tiempo m¨¢s que suficiente para quienes ya han dedicado largos a?os de estudio para superar las oposiciones de ingreso -la media est¨¢ en los cuatro a?os-", seg¨²n el informe de Requero.
La minor¨ªa considera esa propuesta "falta de justificaci¨®n" y, "en la pr¨¢ctica, una devaluaci¨®n profunda de la Escuela Judicial, ya que hace imposible que cumpla sus funciones de centro de formaci¨®n y selecci¨®n de jueces".
Varios vocales razonan: "En ning¨²n pa¨ªs europeo se hace descansar la selecci¨®n de los jueces en una oposici¨®n consistente en un examen de conocimientos te¨®ricos, como la nuestra, en la que, hasta ahora, ning¨²n esfuerzo se ha hecho por adaptarla a las previsiones del Pacto de Estado por la Justicia, que apuesta por 'una selecci¨®n objetiva y rigurosa mediante oposici¨®n, con pruebas que completen los temarios con disciplinas que se estiman complemento necesario para el ejercicio de la funci¨®n judicial. Con pruebas que permitan valorar la cultura, madurez y capacidad argumental y de an¨¢lisis del aspirante".
- M¨¢s poder para la mayor¨ªa. El informe propone otro precepto no contemplado por el anteproyecto gubernamental, un art¨ªculo 143 bis, seg¨²n el cual el pleno del Poder Judicial "podr¨¢ acordar la delegaci¨®n de competencias en las comisiones o en las salas de gobierno en los t¨¦rminos y materias que se consideren convenientes, atendiendo a criterios de econom¨ªa, celeridad y eficacia en la tramitaci¨®n o resoluci¨®n de asuntos".
Los consejeros Alonso y Salinas creen que esa "gen¨¦rica delegaci¨®n de competencias (...) har¨ªa posible desvitalizar completamente el pleno del Consejo, sin m¨¢s acuerdo ni l¨ªmite que el de ostentar la mayor¨ªa en el mismo".
Y agregan los dos consejeros citados: "Nos oponemos a una propuesta que posibilita la p¨¦rdida de peso institucional del CGPJ y la discriminaci¨®n entre vocales de primera (los que controlasen las comisiones) y de segunda (los dem¨¢s), am¨¦n de una peligrosa deriva de competencias hacia instancias objetivamente menos controlables por las minor¨ªas del CGPJ, las instituciones o los ciudadanos".
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