El buen gobierno de la empresa espa?ola

La necesidad de buen gobierno en las empresas est¨¢ fuera de toda duda. El problema consiste en describir qu¨¦ es "buen gobierno". Y claro, buen gobierno es "gobierno bueno", es decir, gobierno que resulta eficiente y eficaz, y gobierno que respeta los derechos leg¨ªtimos de los actores implicados: clientes, proveedores, personal, accionistas, etc¨¦tera (stakeholders).

Naturalmente, esto comporta exigencias econ¨®micas y ¨¦ticas. Rentabilidad, estabilidad a largo plazo y retribuci¨®n adecuada a los factores de producci¨®n, pueden ser algunos de los factores econ¨®micos. Lealtad a los accionistas, empleados, clientes y proveedores, cuidado del entorno de la empresa, as¨ª como veracidad en la informaci¨®n y respeto a los pactos y a los valores entendidos generalmente por la sociedad, son parte de las exigencias ¨¦ticas en juego.

El compromiso de buen gobierno, si se traslada a las empresas que cotizan en Bolsa, aporta garant¨ªas adicionales

Este compromiso de buen gobierno de la empresa, si se traslada a las empresas que cotizan en bolsa, aporta garant¨ªas adicionales para el inversor (de buena gesti¨®n y de buena informaci¨®n), para el entrepreneur (porque incrementa la financiaci¨®n disponible en la empresa y las oportunidades de futuro) y acent¨²a las ventajas de los restantes implicados en los resultados de la gesti¨®n.

Pero, la bondad del prop¨®sito y el inter¨¦s de su impulso deben moderarse por la realidad de las empresas espa?ola. Su dimensi¨®n, predominantemente peque?a; su estructura de capital, b¨¢sicamente familiar; su modelo de gesti¨®n personalista e intuitivo, y la falta de tradici¨®n en la transparencia informativa, condicionan el alcance del objetivo. A?¨¢dese a ello que las compa?¨ªas cotizadas no son ni el uno por mil de las empresas industriales y que resultan, adem¨¢s, una muestra no representativa -por dimensi¨®n y complejidad- de la realidad espa?ola.

De todo lo anterior, parece deducirse la necesidad de progresar en la consecuci¨®n del buen gobierno de las empresas, especialmente de las que concurren a la bolsa, pero con criterio: atendiendo a la capacidad de las empresas, a la estructura de su capital, a la dimensi¨®n y a los intereses comprometidos.

A la profundizaci¨®n en el buen gobierno se han apuntado informes de expertos, propuestas de c¨®digos ¨¦ticos y disposiciones legales. Nuestros ejemplos estatales m¨¢s recientes son el Informe Aldama y la nueva Ley de Reforma del Sistema Financiero, despu¨¦s del conocido Informe Olivencia.

?Qu¨¦ cuestiones plantean estas reposadas reflexiones y los informes y c¨®digos en que se materializan? Te¨®ricamente, conseguir que las empresas sean bien gestionadas, obtengan buenos resultados (que nunca pueden ser garantizados), e informen bien a los colectivos vinculados por sus intereses en las mismas. Pero eso pasa por inducir una transformaci¨®n de la realidad nada f¨¢cil, una transformaci¨®n -si quiere ser realista y eficaz- que plantea el respeto a un conjunto de principios; entre los cuales pueden enumerarse:

- El de "ambici¨®n y prudencia", que permite perseguir un progreso importante de forma paulatina para que la precipitaci¨®n no origine un fracaso.

- El de "autorregulaci¨®n", que espera m¨¢s de la conciencia profesional y ¨¦tica de los gestores que de la imposici¨®n.

- El de "obligatoriedad restringida" -consecuencia del anterior-, que opta por regular lo menos posible para no encorsetar a las empresas.

- El de "obligatoriedad segmentada", que entiende que no puede exigirse lo mismo a todas las empresas y al mismo tiempo.

El Informe Aldama se muestra insatisfecho con el escaso cumplimiento de su predecesor (Informe Olivencia), pero no hace un buen an¨¢lisis de este fen¨®meno, y, como consecuencia, reincide en los defectos del primero. Se vuelve exigente con las empresas cotizadas y el resto de actores pero elude un an¨¢lisis riguroso de lo acontecido.

- ?Ha habido una resistencia rebelde al buen gobierno o se ha reaccionado defensivamente a su imposici¨®n?

- ?Eluden los gestores su responsabilidad o es insuficiente el tiempo transcurrido para un cambio tan profundo?

- ?Muestran desinter¨¦s por adquirir compromisos p¨²blicos o es que resulta muy dif¨ªcil asumir reglas a las que se ha hurtado un debate suficientemente participativo?

- ?Los gestores desconf¨ªan de los controladores y les ocultan informaci¨®n clave o est¨¢n perplejos porque la "autorregulaci¨®n" se vuelve exigencia perentoria, tergiversando as¨ª el sentido de las propuestas de partida?

Quienes llevamos tiempo asumiendo funciones de gesti¨®n en la empresas -m¨¢s si son emisoras- estamos absolutamente convencidos del inter¨¦s de profundizar y extender el buen gobierno de las mismas. Pero sabemos que un "buen gobierno" no es s¨®lo reglas, sino "¨¦tica m¨¢s competencia", en proporciones iguales. Y distinguimos lo que el consenso social (tras un riguroso debate p¨²blico) debe exigirnos y lo que la ley puede imponernos, convencidos de que no es exactamente lo mismo.

Somos tambi¨¦n conscientes de que se trata de un prop¨®sito que no podemos abordar solos, del que no podemos excluir a los expertos, los legisladores, los magistrados, la CNMV, los accionistas, consejeros, ejecutivos y empleados y en el que tienen mucho que decir proveedores, clientes y la sociedad en su conjunto.

Pero queremos progresar en el objetivo de manera firme y s¨®lida. Y eso exige m¨¢s debate -con m¨¢s participaci¨®n del conjunto de actores-, un cierto consenso b¨¢sico, una aplicaci¨®n progresiva, gradual y matizada de sus conclusiones; informaci¨®n permanente del avance del proceso, sus dificultades y sus ¨¦xitos, y un continuo ajuste a la realidad de los criterios decantados. Desgraciadamente -creemos- en Espa?a, una vez m¨¢s, hemos comenzado la casa por el tejado.

Agnes Noguera es secretario de Libertas 7, Carlos Turr¨® es presidente de Cleop, y Jos¨¦ Mar¨ªa Gil es economista.