Promesa electoral

Leo en EL PA?S del 8 de mayo (p¨¢gina 21) una entrevista con el candidato del PP a la alcald¨ªa de C¨®rdoba, en la que afirma: "Ofrezco 50.000 empleos y un aeropuerto". Cuando el periodista le pregunta por la financiaci¨®n de su oferta, el candidato responde literalmente que "el aeropuerto lo paga el Gobierno. Tengo el compromiso de ?lvarez-Cascos". Unas l¨ªneas m¨¢s abajo abunda en la cuesti¨®n: "Yo cas¨¦ a Cascos cuando era alcalde. Esas relaciones son buenas para la ciudad".

Tuve que leerlo tres veces para asegurarme de que lo hab¨ªa entendido bien. Es decir: un ciudadano -mayor de edad y aparentemente en pleno uso de sus facultades mentales- reconoce p¨²blicamente que tiene un acuerdo con el actual ministro de Fomento por el cual se construir¨¢ un aeropuerto en C¨®rdoba con dinero de los contribuyentes si dicho ciudadano resulta elegido alcalde, lo que supone que el acuerdo no resultar¨¢ aplicable -y por tanto el aeropuerto no se construir¨¢- si los votantes eligen a un alcalde de otro partido.

De ser ciertas estas declaraciones, resultar¨ªa que el Gobierno no s¨®lo favorece en sus decisiones de inversi¨®n en infraestructuras a las localidades con alcaldes de su partido, sino que indirectamente destina fondos p¨²blicos en beneficio de la campa?a electoral de un candidato concreto.

De mis tiempos de estudiante de Derecho recuerdo que el C¨®digo Penal tipificaba como delito los casos en que un particular influye en un funcionario p¨²blico prevali¨¦ndose de su relaci¨®n personal con ¨¦ste para conseguir una resoluci¨®n que le pueda generar un beneficio. No obstante estoy tranquilo, pues vivo en un Estado de derecho y estoy absolutamente convencido de que el fiscal general del Estado habr¨¢ tomado ya cartas en el asunto de forma fulminante.