Los municipios exigen m¨¢s poder

El complejo modelo de financiaci¨®n local vigente en Euskadi y la carencia de una ley municipal vasca han relegado a los ayuntamientos al ¨²ltimo pelda?o institucional. De un lado, los municipios tienen un autonom¨ªa econ¨®mica tutelada en gran parte por la efectividad recaudatoria de las haciendas forales -el 50% de los recursos locales se obtiene a trav¨¦s de transferencias de otras administraciones- y, de otro, no existe un marco legal que delimite con claridad sus competencias.

En la actualidad, el ¨¢mbito municipal es el ¨²ltimo escal¨®n en el reparto de los recursos. Del total recaudado por las haciendas forales por los impuestos concertados, una parte se destina al Cupo (el 6,24%, de conformidad con lo que el Estado presupuesta por las competencias que asume en Euskadi), otra se entrega al Gobierno vasco (de acuerdo con la ley de Aportaciones) y el resto disponible se reparte entre las diputaciones y los municipios en virtud de sendas normas forales aprobadas por las Juntas Generales de cada provincia. Adem¨¢s, los ayuntamientos tienen autonom¨ªa fiscal para cobrar las tasas locales y los impuestos del IBI, IAE, veh¨ªculos, plusval¨ªas y construcci¨®n.

Los ayuntamientos han visto duplicados los fondos forales en los ¨²ltimos diez a?os

Con esta estructura financiera, el saldo para los ayuntamientos vascos es mucho m¨¢s ventajoso al que rige en el territorio com¨²n. Seg¨²n estudios realizados en el ¨¢mbito del sector p¨²blico, San Sebasti¨¢n recibe transferencias por 585 euros por habitante y a?o, mientras que ciudades como C¨¢diz, Almer¨ªa, A Coru?a o M¨¢laga -capitales costeras y de similar poblaci¨®n- perciben del Estado por debajo de 280 euros.

Eudel ha constatado que la financiaci¨®n municipal se ha duplicado en los ¨²ltimos diez a?os en Euskadi. Por ejemplo, ?lava ha pasado de recibir una media de 234 euros por habitante en 1992 a 438 euros en 2001. Guip¨²zcoa es la provincia que mayor autonom¨ªa concede a sus ayuntamientos, pues todos los recursos forales que recibe son incondicionados, no est¨¢n supeditados a inversiones o gastos concretos.

En general, la situaci¨®n financiera de los ayuntamientos ha mejorado notablemente en los ¨²ltimos a?os, gracias en gran medida a la mejora de la gesti¨®n de los recursos p¨²blicos, la disminuci¨®n dr¨¢stica de los tipos de inter¨¦s y al incremento significativo que han experimentado las aportaciones del fondo foral en cada territorio.

No obstante, las administraciones locales reclaman un mayor grado de autonom¨ªa financiera y m¨¢s recursos forales para hacer frente a las competencias que por la v¨ªa legal o de hecho han ido asumiendo. ?Casan la financiaci¨®n municipal actual con el nivel de competencias locales? ?Se han extralimitado los ayuntamientos al asumir atribuciones de dudosa consignaci¨®n (servicios sociales, vivieda, empleo, educaci¨®n)? ?Existe una cierta indefinici¨®n competencial en los tres niveles institucionales? La ley municipal vasca est¨¢ pensada para poner luz en esta nebulosa; se tratar¨ªa de establecer un sistema de garant¨ªas que haga concordar los servicios prestados por los ayuntamientos con los recursos recibidos.

Sin embargo, el Gobierno vasco no ha sido capaz de solucionar este vac¨ªo legal y abordar en serio la modificaci¨®n del actual entramado institucional configurado por la Ley de Territorios Hist¨®ricos, sancionada en 1983. Al contrario, ha ido aplazando desde entonces, una legislatura tras otra, los compromisos adquiridos para someter a la discusi¨®n del Parlamento un proyecto de ley municipal. S¨®lo se conoce un borrador elaborado por el Gobierno presidido por Jos¨¦ Antonio Ardanza, que despachaba el reto con una "traducci¨®n al euskera" de la Ley de Bases de R¨¦gimen Local que rige en Espa?a. Aquel intento fracas¨®.

El objetivo de la ley es delimitar mejor las competencias de los ayuntamientos y asegurar su participaci¨®n en el Consejo Vasco de Finanzas, el ¨®rgano que distribuye el dinero que ingresan las haciendas a trav¨¦s de los impuestos. Las administraciones locales quieren dejar de estar sometidos a la tutela de las diputaciones y participar con derecho propio en el reparto de los fondos seg¨²n el principio de subsidiaridad institucional.

Los socialistas, que no propiciaron activamente la tramitaci¨®n de la ley municipal cuando tuvieron responsabilidades de gobierno en la comunidad aut¨®noma, son ahora los que con m¨¢s af¨¢n la reivindican desde la oposici¨®n. Es la gran asignatura suspendida en Euskadi desde la promulgaci¨®n del Estatuto de Gernika en 1979, un caballo de batalla de muy compleja soluci¨®n.