Cambiar el modelo

Seg¨²n datos del Instituto Nacional de Estad¨ªstica referidos al Censo de poblaci¨®n y vivienda correspondiente al a?o 2001, la Comunidad Valenciana alberga un total de 415.000 viviendas vac¨ªas, lo que la convierte en la tercera comunidad aut¨®noma del Estado espa?ol en cuanto a vivienda desocupada existente.

A pesar de ello, basta mirar a nuestro alrededor para comprobar que el ritmo de ocupaci¨®n de todo tipo de suelo, incluso protegidos, es incesante. Zonas de huerta, litoral, humedales, desembocaduras de r¨ªos, parajes naturales, cauces, sierras... Todo el suelo valenciano parece ser susceptible de ser urbanizado en una espiral fren¨¦tica que algunos pretenden presentar como paradigma de desarrollo y prosperidad.

Recientes estudios ratifican esa impresi¨®n y demuestran que, tan s¨®lo durante el a?o 2000, el Pa¨ªs Valenciano soport¨® un promedio de 204 toneladas de cemento por kil¨®metro cuadrado y que Alicante alcanz¨® el dudoso honor de convertirse en la tercera provincia del Estado espa?ol con mayor superficie de suelo urbanizado, tan s¨®lo superada ya por las de Madrid y Barcelona.

Tales estudios evidencian que, de los 450 kil¨®metros del frente litoral valenciano, se encuentran ya completamente urbanizados m¨¢s del cincuenta por ciento y del resto tan s¨®lo 82 se encuentran clasificados como no urbanizables, sin que quepa descartar absolutamente su cambio de destino, tal y como hemos podido presenciar estas ¨²ltimas semanas respecto de parajes como el litoral de Cabanes o la desembocadura del Riu Algar en Altea, o como amenaza con llevar a cabo el Partido Popular, de Sagunto a Cullera, mediante esa aberraci¨®n urban¨ªstica que presentan bajo el pretencioso t¨ªtulo de Ruta Azul y que supondr¨ªa un golpe de muerte para l'Horta Nord y la compactaci¨®n urbana de una franja litoral de m¨¢s de setenta kil¨®metros.

Mientras tanto, la localizaci¨®n de tales procesos urbanizadores en unas pocas comarcas, con especial intensidad en la franja litoral, favorece los procesos de concentraci¨®n urbana y agudiza el despoblamiento de las comarcas de interior, destinadas a convertirse en el "patio de atr¨¢s" de este aparente progreso y condenadas por esa pol¨ªtica a ser esquilmadas como proveedoras de materias primas (recursos mineros, forestales, etc...), al tiempo que receptoras de todo tipo de vertidos y otras miserias del metabolismo urbano.

Zonas como l'Horta de Val¨¨ncia en cualquier otro pa¨ªs del mundo ser¨ªan consideradas un recurso estrat¨¦gico de valor incalculable, tanto por su potencial para asegurar una producci¨®n agr¨ªcola cercana de productos frescos, seguros y saludables, como por reportar otros beneficios colectivos de car¨¢cter medioambiental y cultural. Sin embargo, se ven continuamente agredidas por expansiones urbanas, enterradas bajo dudosos equipamientos y superfluas infraestructuras y condenadas por la actual pol¨ªtica urban¨ªstica y territorial a ser tan s¨®lo un suelo de reserva para futuras ocupaciones, al tiempo que se alienta la degradaci¨®n de sus zonas m¨¢s pr¨®ximas a los bordes urbanos.

Seg¨²n la misma administraci¨®n valenciana, desde la entrada en vigor de la Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica (LRAU) se han puesto en el mercado casi treinta millones de metros cuadrados de suelo urbanizable y se ha construido m¨¢s que en cualquier otro periodo hist¨®rico, a pesar de lo cual la vivienda no ha dejado de incrementar su precio; alcanzando ya, seg¨²n datos del sector bancario, el doble en comparaci¨®n con lo que costaba en esta misma comunidad en 1994.

A¨²n as¨ª los mismos promotores que, por efecto perverso de aquella ley, se han convertido en los aut¨¦nticos administradores del suelo disponible, reclaman de las autoridades la liberalizaci¨®n de treinta millones m¨¢s de metros cuadrados de suelo urbanizable para, presuntamente, abaratar la vivienda. Algo que no parece haya sido la preocupaci¨®n ni de empresarios ni gobernantes en estos ¨²ltimos a?os, dado que el precio medio por metro cuadrado en nuestra comunidad ha subido 5,2 veces m¨¢s que los salarios, considerados desde 1999. Salarios que se encuentran, por otra parte, m¨¢s de dos mil euros/a?o por debajo de la media espa?ola, seg¨²n datos tomados del 2002.

Ninguno de todos estos indicadores parece desalentar la fantas¨ªa que anima al Partido Popular que, en un constante alarde de irresponsabilidad ante el futuro, igual preconiza la creaci¨®n de 22 nuevos campos de golf (con una demanda media cada uno de mil metros c¨²bicos diarios de agua, equivalente a la del abastecimiento diario de una poblaci¨®n de 6.250 habitantes), mientras comunidades como Baleares aplican desde el 2000 una ley de moratoria sobre tales instalaciones; como decretan que el ochenta por ciento de la comarca de la Serran¨ªa pueda ser objeto de explotaci¨®n minera.

M¨¢s pronto que tarde el cuadro que someramente describen estas l¨ªneas se revelar¨¢ como un modelo ineficiente e insostenible. La brutal saturaci¨®n urban¨ªstica de fr¨¢giles zonas del territorio como el litoral; la destrucci¨®n de fuentes de producci¨®n alimentaria como l'Horta; la escasa previsi¨®n respecto de la gesti¨®n de unos limitados, por definici¨®n, recursos naturales; la imprevisi¨®n en orden a una adecuada gesti¨®n de residuos; el imposible equilibrio financiero de infraestructuras como el AVE; la sobredependencia energ¨¦tica respecto de los combustibles f¨®siles; as¨ª como la necesidad, ya hoy constatable, de otros recursos externos, de entre los que el caso del agua resulta paradigm¨¢tico; adem¨¢s de otros factores, har¨¢n evidente que la carroza del progreso en la que algunos se pavoneaban era, en realidad, una precaria y triste calabaza.

Todo esto es posible mientras el Partido Popular consuma una legislatura m¨¢s su traici¨®n a la tantas veces reiterada promesa de abordar la aprobaci¨®n de una ley de ordenaci¨®n del territorio (LOT) que sustituyese a la ley vigente desde 1989 y que no han tenido ninguna voluntad de aplicar, mientras renuncia a aprobar el proyecto de ley de reforma de la vigente LRAU que hab¨ªa venido anunciando a lo largo del ¨²ltimo a?o. Esta estrategia absentista entra?a la m¨¢s grave de las pol¨ªticas, la de dejar hacer, dejar pasar, para que los depredadores inmobiliarios, con la complacencia de algunos gobernantes, puedan apresurarse con los ¨²ltimos bocados antes de que se agote el fest¨ªn.

Las ciudadanas y ciudadanos, ignorados, postergados y violentados por una acci¨®n pol¨ªtica que les priva del acceso a elementales derechos como la vivienda o un medio ambiente adecuado, que renuncia a garantizar una utilizaci¨®n racional de los recursos naturales, a conservar el patrimonio o, simplemente, a protegernos frente a la especulaci¨®n; llevamos a?os de debate, de movilizaci¨®n, tejiendo una red que nos fortalece y nos ense?a que avanzar hacia una democracia m¨¢s participativa y solidaria, pasa hoy por cambiar de modelo, pasa el d¨ªa 25 de mayo por cambiar de gobierno.

Antonio Montiel M¨¢rquez es abogado.