Ch¨¢vez firma un acuerdo con una parte de la oposici¨®n de Venezuela
El Gobierno venezolano y algunas de las principales fuerzas de la oposici¨®n se preparan para firmar hoy un acuerdo que le dar¨¢ base pol¨ªtico al refer¨¦ndum sobre el mandato del presidente Hugo Ch¨¢vez, consulta que ser¨¢ posible a partir de agosto de este a?o. La Federaci¨®n de C¨¢maras Empresariales (Fedec¨¢maras) y el socialdem¨®crata Acci¨®n Democr¨¢tica (AD) -el principal partido de la alianza opositora-, as¨ª como los representantes de los 18.000 trabajadores de la industria petrolera despedidos por secundar la reciente huelga general, manifestaron ayer su rechazo al acuerdo.
El entendimiento es el fruto de m¨¢s de seis meses de avances y retrocesos en la Mesa de Negociaci¨®n y Acuerdos que ha coordinado el secretario general de la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA), C¨¦sar Gaviria. El pacto intenta restablecer un clima m¨ªnimo de tolerancia entre los dos bandos en los que se encuentra dividida la sociedad venezolana frente al proyecto de revoluci¨®n que intenta implantar Ch¨¢vez desde 1999.
La Coordinadora Democr¨¢tica, compuesta por un espectro de partidos, gremios empresariales, sindicatos y organizaciones civiles de los m¨¢s diversos signos pol¨ªticos y coaligada ¨²nicamente por su aversi¨®n a Ch¨¢vez, logra con este acuerdo abrir camino hacia el refer¨¦ndum. Sin embargo, es apenas el comienzo de ese sendero, pues tendr¨¢n que validar m¨¢s de un mill¨®n de firmas solicitando la consulta y, al realizarse ¨¦sta, obtener una cantidad de apoyos superior a los 3.700.000 votos que acumul¨® Ch¨¢vez en 2000, cuando fue elegido por seis a?os.
El Gobierno, por su parte, se siente victorioso con la firma del acuerdo, pues pr¨¢cticamente se ha asumido la tesis de Ch¨¢vez acerca de la salida a una crisis pol¨ªtica que tuvo su episodio m¨¢s agudo en abril de 2002, cuando el Gobierno constitucional fue depuesto y sustituido brevemente por un presidente autoproclamado, el empresario Pedro Carmona Estanga.
Ch¨¢vez viene planteando desde agosto del a?o pasado que la soluci¨®n al enconado conflicto no era otra que la contenida en la Constituci¨®n de 1999, que contempla la posibilidad de que cualquier funcionario p¨²blico electo sea sometido a refer¨¦ndum revocatorio al cumplirse la mitad de su periodo. En el caso de Ch¨¢vez, cuyo mandato vence en 2006, ese plazo se cumple el 19 de agosto.
Las negociaciones en la Mesa de Acuerdos de la OEA se iniciaron en noviembre de 2002, pero r¨¢pidamente entraron en su primera crisis cuando la Coordinadora declar¨® el paro general indefinido, considerado por el Gobierno como un nuevo intento de derrocamiento. Durante la huelga, las conversaciones continuaron, pero en un clima muy ¨¢spero, especialmente despu¨¦s de que un hombre, presuntamente vinculado al Gobierno, abriera fuego indiscriminadamente contra personas que se encontraban en la plaza de Altamira, basti¨®n de los militares rebeldes y de la oposici¨®n radical, matando a tres personas e hiriendo a varias decenas.
La huelga general, cuyo eje era la industria petrolera, termin¨® en derrota para la oposici¨®n, que despu¨¦s de dos meses debi¨® levantarla. El Gobierno se fortaleci¨® al despedir de la casa matriz Petr¨®leos de Venezuela a 17.000 empleados y colocar en los cargos clave a personal de su confianza. Debilitada, la oposici¨®n no ha sido capaz, desde febrero, de realizar ninguna movilizaci¨®n callejera comparable con las que convoc¨® en 2002 y, por lo dem¨¢s, han comenzado a surgir fisuras relacionadas con las aspiraciones de diversos dirigentes de llegar a la presidencia, partiendo del supuesto de que Ch¨¢vez ser¨¢ revocado. Por un lado ha asomado su candidatura el socialcristiano Enrique Mendoza, gobernador del capitalino Estado de Miranda, mientras que otro democristiano, el ex gobernador de Carabobo Henrique Salas R?mer, ya est¨¢ formalmente en el ruedo. Paralelamente, el socialdem¨®crata Acci¨®n Democr¨¢tica ha comenzado a realizar movilizaciones propias, como el intento de "reconquista del oeste" caraque?o, del s¨¢bado, que dej¨® un saldo de un muerto y varios heridos.
Por otra parte, la hoguera pol¨ªtica venezolana ha encontrado m¨¢s le?a con el reciente proyecto de Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisi¨®n, un intento de regular los contenidos de sexo y violencia en esos medios, al que sus adversarios han rebautizado como Ley Mordaza. La propuesta legal est¨¢ a punto de ser aprobada por la unicameral Asamblea Nacional, mientras la Coordinadora Democr¨¢tica, los empresarios de medios masivos y emblem¨¢ticos periodistas despliegan una virulenta campa?a para convencer a la mayor¨ªa de que no es m¨¢s que un mecanismo de censura previa.
El presidente de la entidad promotora de la ley, la Comisi¨®n Nacional de Telecomunicaciones, Jesse Chac¨®n, dijo que los temores ceder¨¢n cuando la ley entre en vigencia y no se cumplan los pron¨®sticos de sus detractores. "Una periodista lleg¨® al extremo de decir que, si se aprueba la ley, ella no podr¨¢ escribir m¨¢s su columna. La verdad es que esta ley no tiene nada que ver con la prensa escrita. ?sa es una prueba de que mienten y exageran", coment¨® Chac¨®n. La oposici¨®n ha anunciado una gigantesca marcha en contra de la legislaci¨®n la pr¨®xima semana.
![Una mujer protesta contra la nueva ley de contenidos ayer en Caracas.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/DXX5CDJFHGNQ3YVUCYE5JYDKKM.jpg?auth=7ae5af0e7d9d4f6cb677723d637951dcbe85231edd01010e358ad4aa6bd3281c&width=414)
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