El 55,4% de los estafados de Gescartera no ha podido acreditar a¨²n su inversi¨®n

Al filo de cumplirse los dos a?os desde que se destap¨® el esc¨¢ndalo de Gescartera (una estafa pr¨®xima a los 87 millones de euros), s¨®lo un 27,8% de los 1.943 reclamantes ha cobrado su indemnizaci¨®n, de unos 13.000 euros de media. El resto no s¨®lo soporta tal retraso sino que afronta un futuro m¨¢s que incierto: un 55,4% no ha acreditado su inversi¨®n y otro 6,5% ya ha visto denegada su petici¨®n por no tener derecho a ella o por haberla presentado dos veces. La gestora, que asegura que los datos han mejorado algo desde la conclusi¨®n del informe, en marzo, ve "imposible" aventurar cu¨¢ndo concluir¨¢ el proceso indemnizador.

La Gestora del Fondo General de Garant¨ªa de Inversiones, nutrida por las empresas de servicios de inversi¨®n para resarcir a los clientes de sus quiebras, radiograf¨ªa en un informe del pasado 31 de marzo los problemas y retrasos en los pagos a las v¨ªctimas del derrumbe fraudulento de las agencias de valores Gescartera y AVA. El ovillo de sus problemas nace del principio que, "contra la apreciaci¨®n com¨²n de los reclamantes", preside su actuaci¨®n: "Incumbe [facilitar] la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento". Para ello, la gestora exige no s¨®lo que los reclamantes presenten la documentaci¨®n que les permita acreditar tanto su posici¨®n acreedora global con la agencia de valores como su relaci¨®n comercial. La gestora aplica anchos criterios. Le sirve cualquier "m¨¦todo de prueba admitido en Derecho" que el cliente estafado estime conveniente. Sobre tal prueba entregada, la gestora realiza las comprobaciones oportunas con las informaciones que obren ya en su poder o que recabe de terceros. No en vano, cada reclamante autoriza a la gestora a consultar las bases documentales de terceros (bancos, depositarias de valores, etc¨¦tera) para comprobar su inversi¨®n. Ambos requisitos, la acreditaci¨®n personal o por terceros de la inversi¨®n, han supuesto un aut¨¦ntico atolladero.

En este embudo se ha atascado el 47,04% de los reclamantes de Gescartera por no documentar su p¨¦rdida. A este porcentaje se suma un 8,4% de clientes cuya falta de documentaci¨®n es culpa de terceros, que no la remiten. Este colectivo est¨¢ integrado por los clientes que invirtieron en Gescartera a trav¨¦s de la sociedad Asesor¨ªa y Gesti¨®n de Patrimonios (AGP), del imputado An¨ªbal Sard¨®n. La gestora se ha dirigido a los interventores de la CNMV en Gescartera para solicitarles informaci¨®n sobre estos clientes fichados por AGP. Su petici¨®n se ha estrellado en un muro. Los interventores de la CNMV alegan que no han tenido acceso a la informaci¨®n contable de AGP, ni han localizado un registro en Gescartera hermano del que deb¨ªa existir en la agencia. El informe detalla un problema elemental que est¨¢ bloqueando la labor verificadora. La informaci¨®n que precisa la gestora, necesariamente, debe extraerse de la intervenida a Gescartera. Pero "ni la CNMV ni sus interventores administrativos cuentan con la habilitaci¨®n legal para proporcionar documentaci¨®n si no fue emitida en su d¨ªa".

Tampoco existe una administraci¨®n judicial en la sociedad de Antonio Camacho. La ausencia de tal administraci¨®n judicial y la "reducida" capacidad competencial de la CNMV, "ha producido un retraso significativo en la tramitaci¨®n de determinados expedientes de reclamaci¨®n, al verse obligada la gestora a realizar actuaciones cuyo resultado no depende exclusivamente de su buen hacer".

Otra parte de las dilaciones en el pago de las indemnizaciones tiene otros culpables. "Los retrasos en la tramitaci¨®n de determinadas reclamaciones no son imputables directamente a la gestora, sino a la ausencia de una adecuada respuesta de terceros implicados en el proceso de comprobaci¨®n". En concreto, se?ala que en diciembre de 2002 solicit¨® informaci¨®n al Banco Zaragozano, a Cajamadrid, y a la Caja de Ahorros de Barcelona). S¨®lo respondi¨® el Banco Zaragozano. Cajamadrid aleg¨® que s¨®lo responder¨ªa con expresa autorizaci¨®n de los reclamantes, permiso que la gestora ya posee, o que lo reclamen los tribunales. La gestora, ante tal negativa, ha reclamado a la juez del caso, Teresa Palacios, una relaci¨®n de todas la cuentas bancarias de Gescartera con extracto de sus movimientos y, de no poseerlas, que las exija a las distintas entidades bancarias. "Hasta la fecha el juzgado no ha dictado providencia de respuesta a esta solicitud". Tampoco han contestado las entidades depositarias de valores concernidas. Por contra, algunas reclamaciones decaen por su exceso documental: un 4,48% reclam¨® dos veces.