Hacienda pone la lupa sobre los pisos

Hacienda ha colocado la lupa sobre el sector inmobiliario y empieza a recoger frutos. Los inspectores de la Agencia Tributaria "levantaron" en 2002 una deuda tributaria (que incluye cuotas reclamadas, sanciones e intereses de demora) de 535 millones de euros, un 65% m¨¢s que en el ejercicio 2001, en el que las cantidades afloradas en el sector se situaron en 350 millones de euros. A esas sumas hay que a?adir las actas levantadas por delito fiscal en el mismo sector (se considera delito a partir de 90.000 euros), que en 2002 ascendieron a 35,7 millones de euros, un 41,6% m¨¢s que en el a?o anterior.

El fuerte aumento registrado el pasado a?o en las reclamaciones de deuda tributaria no satisfecha por parte de las empresas y los particulares confirma un secreto a voces: la existencia de una importante bolsa de fraude en el sector constructor e inmobiliario. El dinero dudoso forma parte del boom que ha registrado el sector en los ¨²ltimos a?os. La puesta en circulaci¨®n del euro, en enero de 2002, no hizo sino atraer a este sector de actividad capital oculto a los ojos de Hacienda.

El Plan de Control de la Agencia Tributaria se extender¨¢ tambi¨¦n a las subcontratas

Unidades especializadas vigilar¨¢n todas las fases de la actividad, incluida la recalificaci¨®n

Seg¨²n cifras que manejan los expertos, al menos el 10% de las inversiones en el mercado inmobiliario producidas desde que se inici¨® el boom es meramente especulativo. Y

una buena parte de ese porcentaje, no cuantificado, es dinero negro, no declarado.

El propio gobernador del Banco de Espa?a, Jaime Caruana, confirm¨® antes de la entrada en vigor de la moneda ¨²nica que la entidad tuvo que reducir las emisiones de billetes en casi un 10%, debido a la afloraci¨®n de dinero negro como consecuencia de la llegada del euro. Caruana a?ad¨ªa que el dinero B se estaba manejando sobre todo en la venta de pisos y coches de alta gama. Obviamente, Hacienda estaba al tanto y movi¨® la lupa. El resultado en el ejercicio pasado fue, seg¨²n fuentes de la Agencia Tributaria, un aumento de las deudas reclamadas en el sector inmobiliario del 65%, hasta alcanzar los 535 millones de euros.

De igual forma, tambi¨¦n se incrementaron las actas enviadas a los tribunales por delito fiscal (ocultaci¨®n a partir de 15 millones de las antiguas pesetas). El importe de esas actas se elev¨® a 35,7 millones de euros, un 41,6% m¨¢s que en el ejercicio 2001.

Al aumento en las reclamaciones contribuy¨® la campa?a lanzada el pasado a?o por la Agencia Tributaria para inspeccionar inmuebles en las zonas m¨¢s calientes para el dinero negro del pa¨ªs, que coinciden con las islas y las zonas costeras.

Y este a?o, seg¨²n los planes adelantados por la Agencia Tributaria, las cifras pueden ser espectaculares en cuanto a detecci¨®n de fraude. Todo depender¨¢ del resultado que ofrezca el Plan de Control tributario elaborado por el departamento que dirige Salvador Ruiz Gallud y que centrar¨¢ sus actuaciones en el sector inmobiliario (incluidas empresas auxiliares y subcontratistas), las recalificaciones de terrenos y la pirater¨ªa audiovisual.

En general, el terreno en el que se mover¨¢n con m¨¢s ah¨ªnco los inspectores de Hacienda ser¨¢n las adquisiciones de inmuebles de precios elevados, superiores a los 300.000 euros. Pero sin olvidar la compra de autom¨®viles de lujo con un valor superior a 24.000 euros, la compraventa de embarcaciones de recreo, las obras de arte, antig¨¹edades y los metales preciosos y joyas.

La intenci¨®n de la Agencia Tributaria es que tampoco se escapen al escrutinio actividades menores como los alquileres no declarados. Para ello, la Agencia Tributaria podr¨¢ examinar los consumos de ciertos suministros como el consumo de luz o de agua de pisos susceptibles de encontrarse en r¨¦gimen de alquiler sin haber sido declarados.

Para aflorar el fraude en general, la Agencia Tributaria ha previsto la creaci¨®n de nueve unidades regionales destinadas ¨²nicamente a investigar presuntos fraudes. Al menos dos de las nuevas unidades estar¨¢n en Madrid, dos en Catalu?a, una en Andaluc¨ªa, una en Valencia y otra en Galicia. Algunas de esas unidades, especialmente en Madrid, estar¨¢n especializadas en la persecuci¨®n del fraude inmobiliario, supervisando todas las fases del proceso, desde la compra del terreno a la promoci¨®n o la comercializaci¨®n. La idea es que los inspectores investiguen desde el pago con dinero negro por parte de los compradores hasta la utilizaci¨®n de esos capitales oscuros por parte de las empresas promotoras.

Al trabajo de los inspectores por poner coto al fraude en la construcci¨®n se unir¨¢ en un futuro pr¨®ximo el refuerzo de las armas legales de que disponen. As¨ª, la futura Ley General Tributaria, en tramitaci¨®n, contempla la responsabilidad de la empresa constructora de las deudas tributarias que contraigan las empresas con las que subcontraten, algo que no ha gustado ni poco ni mucho a las asociaciones del sector.

La Confederaci¨®n Nacional de la Construcci¨®n (CNC), por ejemplo, ha se?alado que esa posibilidad crea un nuevo supuesto de responsabilidad para las empresas sin sustento jur¨ªdico, que adem¨¢s complicar¨¢ sobremanera la gesti¨®n de las empresas y de la propia Administraci¨®n.

En concreto, el art¨ªculo de la discordia es el 43 del anteproyecto de Ley General Tributaria, que establece c¨®mo "las personas o entidades" que contraten o subcontraten la ejecuci¨®n de obras y servicios deber¨¢n responder por las cantidades repercutidas (se entiende en concepto de impuesto por el valor a?adido, IVA) y por las retenciones de los empleados de todas esas contratas y subcontratas.

La responsabilidad civil subsidiaria no ser¨¢ exigible cuando el contratista o subcontratista aporte al pagador un certificado espec¨ªfico de encontrarse al corriente de sus obligacioens tributarias. Es, en definitiva, un intento de taponar la pr¨¢ctica de crear sociedades pantalla, formalmente subcontratistas, para evadir el pago de impuestos.