Los astilleros Izar deben devolver 110,89 millones en ayudas

El Tribunal de Justicia de la UE asest¨® ayer un severo varapalo al fr¨¢gil sector naval espa?ol al exigir al Gobierno la recuperaci¨®n de 110,89 millones de euros que recibieron en forma de un cr¨¦dito fiscal especial en 1998 cuando el grupo Izar ya formaba parte de la SEPI. Los jueces consideran que la ayuda no respeta los requisitos pactados con Bruselas para autorizar la reestructuraci¨®n de los astilleros de titularidad p¨²blica.

El fallo confirma que ese cr¨¦dito viola las leyes de la competencia comunitarias sobre ayudas de Estado, y a?ade una noticia negativa m¨¢s para los astilleros espa?oles. Hace un mes, la Comisi¨®n ampliaba en dos nuevos frentes el expediente abierto en 2001 contra las operaciones llevadas a cabo desde el Ministerio de Industria, a trav¨¦s de la SEPI, para la creaci¨®n grupo naval Izar -nacido de la fusi¨®n entre de los Astilleros Espa?oles civiles (AESA) y el grupo militar Baz¨¢n-. El montante de la ayuda cuestionada se elev¨® a 2.000 millones de euros, que se suman a las dudas sobre la venta a Baz¨¢n de los seis centros de AESA.

La sentencia de ayer del Tribunal de Luxemburgo se refiere a una fase anterior del proceso de reestructuraci¨®n de los astilleros p¨²blicos. La Comisi¨®n Europea autoriz¨® en agosto de 1997 un paquete de ayudas valorado en 58.000 millones de pesetas (348,58 millones de euros) para sacar a flote en un plazo de cinco a?os (1995-1999) al sector, cuando estaban integrados en el holding p¨²blico AIE (Agencia Industrial del Estado). Las subvenciones se justificaron utilizando como argumento que ya no se pod¨ªan compensar las p¨¦rdidas con los beneficios obtenidos por otras empresas del grupo, como se hac¨ªa cuando los astilleros formaban parte del INI (Instituto Nacional de Industria).

Cerrar el grifo

Madrid se comprometi¨® adem¨¢s a cerrar para siempre el grifo de las subvenciones. Los astilleros fueron absorbidos ese mismo a?o por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). El holding p¨²blico, al igual que el INI, pod¨ªa acogerse a la normativa general espa?ola en materia de consolidaci¨®n fiscal. El regulador de la competencia de la UE lleg¨® a la conclusi¨®n de que el sector naval espa?ol hab¨ªa recibido un cr¨¦dito fiscal especial por valor de 18.451 millones de pesetas (110,89 millones de euros) que no se ajustaba a los requisitos pactados en el plan y exigi¨® la recuperaci¨®n inmediata de esa cantidad, con los intereses, al considerarla como una "ayuda nueva" ilegal.

Los jueces europeos, en su sentencia de ayer, apoyaron el razonamiento de Bruselas y rechazaron la petici¨®n de anulaci¨®n solicitada por Madrid. El Tribunal de Justicia insiste en que, a ra¨ªz de la absorci¨®n de la SEPI, "los astilleros pudieron compensar de nuevo sus p¨¦rdidas" y, por tanto, "no se cumpl¨ªan los requisitos que permit¨ªan la concesi¨®n de las ayudas" acordadas. Los jueces tambi¨¦n echaron por tierra los argumentos de los abogados espa?oles cuestionando el c¨¢lculo y el procedimiento utilizado por la Comisi¨®n.

La Corte europea se limita a decir que Bruselas "no estaba obligada a verificar de nuevo la compatibilidad de esas ayudas con el Tratado" por el simple hecho de que se hab¨ªan modificado unilateralmente los t¨¦rminos que permitieron la autorizaci¨®n al plan de reestructuraci¨®n.