Gallard¨®n tardar¨¢ un a?o en eximir del tr¨¢fico a la polic¨ªa
Una ley impide al alcalde, por ahora, realizar parte de sus reformas
Una de las principales promesas electorales de Alberto Ruiz-Gallard¨®n -eximir a la Polic¨ªa Municipal de la labor de regulaci¨®n del tr¨¢fico, para poder dedicar a todos los agentes a combatir el crimen- carece ahora mismo de cobertura legal. La Ley de Fuerzas de Seguridad del Estado obliga a que sea la Polic¨ªa Municipal la que regule la circulaci¨®n, y el anteproyecto de Ley de Grandes Ciudades tampoco prev¨¦, por el momento, modificar esa normativa como quer¨ªa el alcalde. Ruiz-Gallard¨®n negocia con el Gobierno central para garantizarse que podr¨¢ cumplir lo que prometi¨®.
La plantilla de la Polic¨ªa Municipal est¨¢ formada con 6.300 agentes; de ellos, aproximadamente 3.800 se dedican a tareas de seguridad, 1.500 regulan el tr¨¢fico de la capital y otro millar realiza investigaci¨®n de accidentes o forma parte de escoltas y comitivas oficiales, seg¨²n la Concejal¨ªa de Seguridad. Con el plan que prometi¨® el PP durante la campa?a, los 1.500 agentes de tr¨¢fico pasar¨ªan a engrosar las filas de la polic¨ªa de barrio o ser¨ªan destinados a otras tareas directamente asociadas a la lucha contra el crimen. Ser¨ªan sustituidos -de manera progresiva en los pr¨®ximos cuatro a?os- por un cuerpo de entre 800 y 900 funcionarios p¨²blicos, uniformados pero no armados, con rango de agentes de la autoridad.
Eso es lo que dijo Ruiz-Gallard¨®n que har¨ªa. Lo que no dijo es que todo el plan depende de que el Congreso de los Diputados cambie una ley org¨¢nica, la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que obliga a las ciudades que disponen de Polic¨ªa Municipal a que sea ¨¦sta la que se ocupe de regular el tr¨¢fico.
El ahora alcalde confiaba en que la futura Ley de Medidas para la Modernizaci¨®n del Gobierno Local -conocida como Ley de Grandes Ciudades, a¨²n en tramitaci¨®n y que se aplicar¨¢ a todas las urbes de m¨¢s de 250.000 habitantes- incluyera un art¨ªculo que modificase aquella otra normativa y facultase a los gobiernos de las grandes urbes a decidir a qui¨¦n encomiendan el control de la circulaci¨®n viaria.
Prioridad
Pero el anteproyecto de ley que el Consejo de Ministros aprob¨® hace tres semanas no incluye ese art¨ªculo. La disposici¨®n adicional novena sobre Polic¨ªas Locales se limita a se?alar: "Se potenciar¨¢ la participaci¨®n de los cuerpos de Polic¨ªa Local en el mantenimiento de la seguridad ciudana, como polic¨ªa de proximidad, as¨ª como en las funciones de Polic¨ªa Judicial". Es decir, se establece que la lucha contra el crimen ser¨¢ la prioridad de la Polic¨ªa Municipal, pero no que los agentes de tr¨¢fico puedan dejar esta labor para dedicarse exclusivamente a combatir la delincuencia.
En el equipo de Ruiz-Gallard¨®n admiten su decepci¨®n, aunque aseguran que a¨²n pueden encauzar la situaci¨®n durante la fase de tramitaci¨®n parlamentaria de la futura ley. Para ello, miembros del gobierno municipal se reunir¨¢n la pr¨®xima semana con representantes del Ministerio de Administraciones P¨²blicas y les plantear¨¢n la necesidad de introducir, a trav¨¦s de una enmienda al anteproyecto, esa modificaci¨®n concreta a la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Pero el gobierno municipal del PP no las tiene todas consigo. Primero, porque el Gobierno podr¨ªa haber introducido ya esa modificaci¨®n al elaborar el anteproyecto, como pidi¨® expresamente Ruiz-Gallard¨®n, y no lo ha hecho. Segundo, porque existe un obst¨¢culo formal a la propuesta: en teor¨ªa, una ley ordinaria como la de Grandes Ciudades -cuya aprobaci¨®n requiere s¨®lo de mayor¨ªa simple- no puede modificar una normativa de car¨¢cter org¨¢nico como es la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que exige ser aprobada por mayor¨ªa absoluta.
La soluci¨®n que manejan en el equipo del alcalde pasar¨ªa por votar primero la Ley de Grandes Ciudades, y despu¨¦s, separadamente y por mayor¨ªa absoluta, el art¨ªculo de ¨¦sta que modifique la normativa superior. En cualquier caso, el Congreso no aprobar¨¢ la Ley de Grandes Ciudades antes de fin de a?o, de modo que el plan de Ruiz-Gallard¨®n de eximir de la regulaci¨®n del tr¨¢fico a los agentes municipales podr¨ªa retrasarse al menos un a?o.
En previsi¨®n de que las negociaciones con el Ministerio de Administraciones P¨²blicas no den el fruto esperado, la Concejal¨ªa de Seguridad baraja un plan B: crear, dentro de la Polic¨ªa Municipal un escal¨®n especial, nuevo, de agentes uniformados pero no armados -y a los que no habr¨ªa que formar como polic¨ªas-, que ser¨ªan los encargados de las labores de circulaci¨®n viaria. El problema es que eso saldr¨ªa "mucho m¨¢s caro", seg¨²n admiten en el Ayuntamiento, y la negociaci¨®n con los sindicatos policiales ser¨ªa ardua.
Un "contrato" con letra peque?a
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, se reuni¨® el pasado d¨ªa 17 con el ministro de Administraciones P¨²blicas, Javier Arenas, para trasladarle su satisfacci¨®n con el anteproyecto de Ley de Grandes Ciudades, que ampl¨ªa el margen de autonom¨ªa de las urbes con m¨¢s de 250.000 habitantes y, sobre todo, deja m¨¢s libertad de acci¨®n al gobierno municipal.
Sin embargo, ese borrador de ley, en el que el equipo del nuevo regidor ten¨ªa puestas muchas esperanzas, traiciona las expectativas de Ruiz-Gallard¨®n en varios puntos de ese "contrato con los ciudadanos" que es su programa electoral. No s¨®lo no incluye la pretensi¨®n de eximir a la Polic¨ªa Municipal de las labores de regulaci¨®n del tr¨¢fico. Tampoco prev¨¦ las modificaciones en la estructura tributaria que le permitir¨ªan instaurar en el Ayuntamiento, como prometi¨®, un sistema de impuestos "m¨¢s equitativo".
El ahora alcalde propon¨ªa, por ejemplo, que el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) fuera progresivo: actualmente, todos los edificios de Madrid, salvo los de m¨¢ximo valor catastral, aplican el mismo tipo impositivo (con diferencias seg¨²n el tipo de inmueble: vivienda, uso deportivo); el regidor quiere establecer varios tramos, de forma que el tipo impositivo vaya aumentando a medida que crece el valor del piso.
Pero el proyecto de Ley de Grandes Ciudades no recoge esa posibilidad. "Intentaremos que se incorpore en el proceso de enmiendas parlamentarias", alegan desde el equipo de Ruiz-Gallard¨®n, id¨¦ntico argumento al que plantean ante la falta de cobertura legal de la pretendida reforma de la polic¨ªa.
Lo mismo sucede con otra pretensi¨®n del nuevo alcalde excluida del anteproyecto: un incremento en el porcentaje que el Gobierno entrega a Madrid del dinero recaudado en su territorio por IRPF, IVA e impuestos especiales (tabaco, alcohol, hidrocarburos). Ese incremento permitir¨ªa a la capital "aumentar el peso que tiene en el total de sus ingresos la parte que depende de la pujanza de Madrid", explican en el Consistorio.
Ruiz-Gallard¨®n conf¨ªa en que estas reformas puedan echar a andar el a?o que viene, tras la aprobaci¨®n de la Ley de Grandes Ciudades. Pero todo depende de que en la tramitaci¨®n parlamentaria de esa ley sus propuestas sean mejor recibidas que en la fase de elaboraci¨®n del anteproyecto.
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