Las comunidades socialistas, Catalu?a, Pa¨ªs Vasco y Galicia, contra la Forcem

La reforma de la formaci¨®n ocupacional que sustituir¨¢ a la formaci¨®n continua (Forcem) nace sin consenso pol¨ªtico por la oposici¨®n de ocho comunidades aut¨®nomas. Se trata de las cinco gobernadas por el PSOE (Andaluc¨ªa, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias y Arag¨®n), CiU (Catalu?a) y PNV (Pa¨ªs Vasco), as¨ª como Galicia (la ¨²nica del PP que lo rechaza). A excepci¨®n de las dos ¨²ltimas, estudian la presentaci¨®n de recursos ante el Tribunal Constitucional.

El modelo de formaci¨®n continua que este viernes aprobar¨¢ el Consejo de Ministros, a juicio de esas comunidades aut¨®nomas, incumple las sentencias del Tribunal Constitucional. Esos fallos emitidos en 2002 daban la raz¨®n a los gobiernos de Catalu?a y Galicia y reconoc¨ªan su derecho a participar en la gesti¨®n directa de la formaci¨®n. Los consejeros de empleo creen que su cumplimiento se debe traducir en la distribuci¨®n territorial de los fondos de formaci¨®n y que esos criterios no se incluyen en el modelo dise?ado por el Ministerio de Trabajo, que dirige Eduardo Zaplana.

En la reforma del Gobierno central, las empresas asumir¨¢n la responsabilidad de las acciones formativas para sus trabajadores, y se deducir¨¢n los costes directamente en las cotizaciones a la Seguridad Social.

El papel que se reconoce a los gobiernos de las comunidades es su participaci¨®n en una fundaci¨®n cuatripartita -formada por la Administraci¨®n central, las autonom¨ªas, los sindicatos y la patronal- cuya misi¨®n es autorizar y controlar la realizaci¨®n de los cursos.

Ese modelo supone "un incumplimiento grav¨ªsimo" de la sentencia del Constitucional, en opini¨®n de los consejeros de Empleo de Andaluc¨ªa y Extremadura, Jos¨¦ Antonio Viera y Miguel Amigo. As¨ª lo manifestaron en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, en la que el ministro Zaplana explic¨® la reforma de la Forcem, as¨ª como el anteproyecto de la Ley de Empleo, donde s¨ª se han tenido en cuenta sus criterios. Los dos consejeros informaron de que, durante la reuni¨®n, "ocho de las nueve comunidades aut¨®nomas que han intervenido se han manifestado en contra". Se trata de los representantes de Catalu?a, Pa¨ªs Vasco, Arag¨®n, Andaluc¨ªa, Asturias, Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha. S¨®lo se produjo una intervenci¨®n en defensa del proyecto proveniente de Valencia, comunidad presidida hasta hace un a?o por Eduardo Zaplana.

El secretario de Empleo de la Generalitat de Catalu?a, Andreu Crua?as, explic¨® que esa oposici¨®n frontal a la reforma se debe a que "el modelo no responde en absoluto a la sentencia del Constitucional, que manda territorializar los fondos". Cada a?o se destinan a formaci¨®n continua de trabajadores en torno a 600 millones de euros procedentes de las cotizaciones de empresas y trabajadores y un 30% financiado por el Fondo Social Europeo. Asimismo, Crua?as considera "muy grave que no se vaya a conseguir subsanar el d¨¦ficit de formaci¨®n profesional, ¨ªntimamente ligada a la falta de competitividad", ya que Espa?a es el segundo pa¨ªs de la UE que menos gasta en formaci¨®n.

Pr¨®rroga para 2003

Catalu?a ha anunciado la interposici¨®n de un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo modelo, que entrar¨¢ en vigor en 2004, y ayer ya present¨® otro recurso contra la pr¨®rroga del modelo anterior con efectos para los cursos formativos del a?o 2003. Los gobiernos de las comunidades socialistas tambi¨¦n estudian recursos ante el TC.

Frente a esas cr¨ªticas, Zaplana defendi¨® la constitucionalidad del nuevo modelo de formaci¨®n y record¨® que cuenta con el visto bueno del Consejo de Estado. El ministro rest¨® importancia a las discrepancias de algunas autonom¨ªas y subray¨® el respaldo de la "mayor¨ªa" de las comunidades.

Su proyecto cuenta tambi¨¦n con un respaldo relativo de la patronal CEOE-CEPYME, y de los sindicatos UGT y CC OO. De hecho, han vertido cr¨ªticas algunas patronales como la del Pa¨ªs Vasco y algunas federaciones sindicales como las organizaciones de Catalu?a de ambas centrales.