El fiscal general ordena investigar la adopci¨®n irregular de cinco ni?os

La Fiscal¨ªa General del Estado ha ordenado a las fiscal¨ªas de Extremadura y Baleares que investiguen la situaci¨®n irregular de cinco menores nicarag¨¹enses que conviven con familias de esas comunidades. La Embajada de Espa?a en Managua rechaz¨® legalizar sus adopciones por considerarlas fraudulentas. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene "indicios" de que puede haber alg¨²n menor en la misma situaci¨®n en Madrid.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales alert¨® a la Fiscal¨ªa General del Estado de la situaci¨®n irregular de los menores poco antes del verano, tras recibir informaci¨®n de la Junta de Extremadura. En esta comunidad reside desde el pasado mes de septiembre una de las ni?as nicarag¨¹enses, de cinco a?os. Los otros cuatro (hermanos con edades entre 5 y 12 a?os) viven con dos familias de Baleares (tres, desde 1998, y la cuarta, desde el a?o pasado). Los cinco llegaron a trav¨¦s de una cooperante balear. En todos los casos, la Embajada de Espa?a en Managua rechaz¨® legalizar las actas notariales por las que los padres ced¨ªan la patria potestad de sus hijos a las familias espa?olas. Consider¨® que se trataba de adopciones fraudulentas (ver EL PA?S de ayer).

Seg¨²n la directora general de Acci¨®n Social del Menor y de la Familia, Pilar D¨¢vila, la Fiscal¨ªa General del Estado ha dado instrucciones a los fiscales de Extremadura y Baleares para que investiguen los casos y determinen si procede abrir acciones judiciales. Previamente, la Fiscal¨ªa de Menores de Badajoz hab¨ªa abierto un expediente de protecci¨®n.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tambi¨¦n ha informado a la Fiscal¨ªa General de los "indicios" que tiene sobre la posible existencia de alg¨²n caso similar en la Comunidad de Madrid, explica D¨¢vila.

"Los ni?os est¨¢n en una situaci¨®n ilegal", afirma la directora general. Las familias que los han acogido disponen de documentos notariales por los que los padres les ceden la custodia de los peque?os. Cre¨ªan que era una v¨ªa legal, seg¨²n manifestaron a este peri¨®dico. Sin embargo, ni la legislaci¨®n espa?ola ni la nicarag¨¹ense admiten este tipo de cesi¨®n, seg¨²n diversas fuentes.

"No podemos alentar ni dar por buenas situaciones ilegales. Tampoco podemos permitir que se consoliden v¨ªas para el acogimiento de menores al margen de la ley", asegura Pilar D¨¢vila. A su juicio, la soluci¨®n ser¨ªa resolver la situaci¨®n con un criterio b¨¢sico: la protecci¨®n de los ni?os y la defensa de sus intereses y derechos. " Lo ideal ser¨ªa que se regularizara su situaci¨®n teniendo en cuenta la soluci¨®n menos mala", concluye la directora general del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.