El Parlamento Europeo examina esta semana a Prodi por el 'caso Eurostat'
Los eurodiputados debatir¨¢n las primeras investigaciones sobre las cuentas ocultas
La Comisi¨®n Europea se enfrenta esta semana a la primera gran prueba de fuego a ra¨ªz del esc¨¢ndalo Eurostat, la oficina estad¨ªstica de la UE, en la que se ha descubierto una doble contabilidad, cuentas ocultas y contratos ficticios al menos hasta 1999. El Parlamento Europeo ha citado para el jueves a Romano Prodi, presidente del Ejecutivo comunitario, quien expondr¨¢ a los l¨ªderes parlamentarios las conclusiones de las primeras investigaciones internas, que pueden poner en riesgo la continuidad de varios comisarios, entre ellos el espa?ol Pedro Solbes, y de la Comisi¨®n en su conjunto.
Una vez que la Comisi¨®n admiti¨® el pasado julio tan graves acusaciones sobre Eurostat y destituy¨® a su director general, Prodi tiene que explicar ahora los resultados de dos investigaciones: una auditor¨ªa hecha sobre una muestra de 400 contratos firmados por Eurostat y otro informe sobre el grado de cumplimiento del reglamento financiero.
Se trata de averiguar si esas irregularidades se produjeron s¨®lo antes de que en oto?o de 1999 iniciara su mandato la actual Comisi¨®n y no despu¨¦s; si tuvieron conocimiento de lo que ocurr¨ªa comisarios como Pedro Solbes (Asuntos Econ¨®micos), de quien depende Eurostat; el brit¨¢nico Neil Kinnock (Personal); la alemana Michaele Schreyer (Presupuestos), o el propio Prodi, y si, por tanto, existen responsabilidades que se concretar¨ªan en la dimisi¨®n de alg¨²n comisario o de todo el Ejecutivo, como ya ocurri¨® con la anterior Comisi¨®n, presidida por Jacques Santer, por irregularidades mucho m¨¢s leves.
Sin pruebas
Personas que han conocido borradores de los informes aseguran que no hay pruebas de que las irregularidades se produjeran despu¨¦s de 1999. Aun as¨ª, Kinnock resultar¨ªa salpicado porque era miembro de la anterior Comisi¨®n. Seg¨²n diversas fuentes del Ejecutivo, precisamente Kinnock y sus colaboradores han intentado centrar el problema exclusivamente en Solbes, cuya dimisi¨®n quer¨ªa provocar Prodi, de acuerdo con las mismas fuentes.
En cuanto al grado de conocimiento de los comisarios de lo que ocurr¨ªa, el problema es m¨¢s complicado. La Comisi¨®n asegura que no supo nada hasta la pasada primavera, pese a que la OLAF (Oficina europea contra el Fraude) investiga a Eurostat desde 2000. Fue la OLAF la que inst¨® a los jueces de Par¨ªs a abrir el pasado abril una causa a la que la Comisi¨®n se sum¨® en julio. La denuncia se hizo en Par¨ªs porque buena parte de los contratos de Eurostat se firmaron con la sociedad francesa Planistat, que explotaba comercialmente los centros de venta de la base de datos de la oficina estad¨ªstica.
Yves Franchet, ex director general de Eurostat, desminti¨® ese supuesto desconocimiento de los comisarios y, en un escrito enviado la pasada semana a este diario, asegur¨® que ¨¦l ha enviado a la Comisi¨®n las auditor¨ªas anuales en las que se reflejaba todo lo que ocurr¨ªa en la oficina. Los servicios de la comisaria Schreyer, seg¨²n se deduce del escrito, eran receptores de las auditor¨ªas, pero no los de Solbes, seg¨²n fuentes pr¨®ximas al comisario espa?ol.
Los l¨ªderes de los grupos parlamentarios ante los que hablar¨¢ Prodi ya han tomado posiciones, aunque con prudencia. S¨®lo Graham Watson, l¨ªder del Grupo Liberal, el tercero en la C¨¢mara, ha ido m¨¢s lejos al insistir en que exigir¨¢ dimisiones si se deducen irregularidades cometidas bajo el mandato de la Comisi¨®n. Los dos grupos mayoritarios, el Popular y el Socialista, han dejado claro que no permitir¨¢n dimisiones aisladas, sino que a cualquier renuncia seguir¨¢n ataques concretos contra al menos seis comisarios. La inc¨®gnita reside en saber qu¨¦ iniciativa tomar¨¢ Prodi, a quien todos los comisarios le dieron en 1999 "garant¨ªas", seg¨²n su portavoz, de que dimitir¨ªan si se lo ped¨ªa. Al presidente del Ejecutivo, que prometi¨® tolerancia cero al asumir el cargo, le han llegado avisos de los Gobiernos alem¨¢n y espa?ol de que debe evitar una crisis sin salida. El Gobierno espa?ol es uno de los m¨¢s fervientes defensores del Pacto de Estabilidad, cuyo baluarte en Bruselas es Solbes. Adem¨¢s, sostiene que la UE no puede permitirse la ca¨ªda de la actual Comisi¨®n cuando Europa se enfrenta a la fase final de la Constituci¨®n europea y a la ampliaci¨®n.
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