Ancianos a la espera de residencia

"?No s¨¦ por qu¨¦ nos critican tanto!", expuso dolida Irene Rigau, consejera de Bienestar Social. "Hemos doblado el presupuesto en cuatro a?os, hemos creado 7.000 plazas, damos 240 euros de ayuda al mes a familias con ingresos inferiores a 36.000 euros anuales para que sus ancianos envejezcan en casa. ?Por qu¨¦ no se reconoce?". Depende de d¨®nde se coloque el list¨®n. En los 23 a?os de mandato de Jordi Pujol, la Generalitat ha regulado un sector que era una jungla, pero la ordenaci¨®n no da para todo. Catalu?a cuenta con 48.191 plazas en residencias para ancianos, pero el 60% son privadas y el 40% tienen financiaci¨®n p¨²blica. La proporci¨®n, seg¨²n Rigau, se ajusta al canon europeo. Pero a las p¨²blicas s¨®lo acceden personas con recursos muy escasos, en los casos en que entre el anciano y sus hijos no superan los 21.000 euros al a?o. La clase media queda fuera del sistema y obligada a abrazar la oferta privada, que cobra de media unos 1.500 euros al mes.

La oposici¨®n y los sindicatos critican a Bienestar Social y denuncian que la oferta p¨²blica

La consejera de Bienestar Social recuerda que la Constituci¨®n no consagr¨® los servicios sociales como un derecho universal

El debate ha mejorado con el tiempo porque ahora se discute si tener una plaza debe ser un derecho en este Estado de bienestar. Ya no se habla de episodios truculentos como los que se produc¨ªan cuando Pujol estren¨® su primer mandato. En la d¨¦cada de los ochenta y los primeros a?os de los noventa afloraron varios casos que parec¨ªan la punta del iceberg de un grave problema: intoxicaciones mortales, ancianas que dorm¨ªan en cobertizos e incluso el caso de una que muri¨® estrangulada con la s¨¢bana con que estaba atada a la cama. El Parlament aprob¨® la primera ley en 1985 y en 1987 una norma regul¨® el sector. En 1988, Antoni Comas, uno de los consejeros m¨¢s longevos y pol¨¦micos de Pujol, estren¨® el nuevo Departamento de Bienestar Social, reiteradamente acusado hasta que en 1999 lo relev¨® Rigau de su utilizaci¨®n como una agencia electoral.

El problema es enorme porque la poblaci¨®n ha crecido a un ritmo mucho m¨¢s r¨¢pido (1.070.000 personas mayores de 65 a?os, el doble que hace 15 a?os) que los servicios. Rigau ha dado un tir¨®n al departamento e intenta paliar la avara pol¨ªtica de los noventa, cuando Comas redujo el 30% de las inversiones en cuatro a?os: gast¨® 1.500 millones en 1993, y entre los a?os 1994 y 1997, apenas 1.800. En la memoria de Bienestar Social de 2001 se declaraban 3.500 plazas propias de una oferta global con financiaci¨®n p¨²blica de 16.838 y se cifraban las privadas en 27.000. Pero tambi¨¦n se daba por bueno el informe del Imserso Las personas mayores en Espa?a 2002, que calcul¨® 41.954 plazas en Catalu?a: 25.000 privadas, 10.000 concertadas y 6.000 p¨²blicas. La confusi¨®n de cifras ha sido una constante.

En cualquier caso, ?cu¨¢ntas plazas ser¨ªan necesarias? La Generalitat cree que con las 7.000 nuevas se acerca a la ratio europea de cinco plazas por cada 100 habitantes, pero las ONG sostienen que se precisan muchas m¨¢s. "Nunca habr¨¢ bastantes", dice una asistente social. S¨ª hay plena coincidencia, en cambio, en la idea de que la oferta actual descabalga a la clase media, demasiado rica para acceder a las plazas p¨²blicas y demasiado pobre para las privadas. "La ley descrimina: cotizas toda la vida, cobras 100.000 pesetas de pensi¨®n y te quedas fuera", admite Vicen? Vicente, de la patronal ACRA. "S¨®lo te aceptan si eres pobre de solemnidad", apunta la diputada Dolors Comas, de Iniciativa. "Es un derecho menor", abundan Antoni Tu¨¤ y Lloren? Serrano, de CC OO. "?Un derecho universal? Ser¨ªa bonito, pero esto no es Suecia", dice un empleado de Bienestar Social.

?De qui¨¦n es la culpa? Rigau recuerda que la Constituci¨®n consagr¨® el derecho universal a la educaci¨®n y la sanidad, pero excluy¨® los servicios sociales. "Ni el PSOE ni los anteriores gobiernos lo resolvieron en la transici¨®n. Nosotros queremos invertir la tendencia: ponderamos cada caso, la gravedad del anciano y los recursos de los hijos. El sistema no es perfecto, pero primero atendemos a la gente m¨¢s humilde. Luego se beneficiar¨¢ la mayor¨ªa. Ya se ha hecho este a?o en el programa Viure en fam¨ªlia", explica Rigau, que no dice cu¨¢ntas de las nuevas plazas son p¨²blicas y concertadas.

La Generalitat no hace distingos entre ellas porque ha optado por un modelo mixto, a diferencia de otras autonom¨ªas, como la balear, que tiene una proporci¨®n mucho mayor de plazas p¨²blicas que Catalu?a. "?Qu¨¦ m¨¢s le da a un anciano ir a un sitio que a otro?", se pregunta Rigau. Pero todo el mundo constata las excelencias de las residencias p¨²blicas y pesan algunas sombras sobre las concertadas. CC OO cree que las actuales tarifas no permiten cubrir una buena asistencia y las empresas acaban recortando en los servicios y el personal. La Administraci¨®n ha fijado tres tarifas: 1.292 euros por una plaza de alta dependencia, 1.123 si ¨¦sta es media y 991 si es baja. Esta tarifa se cubre con el 75% de la pensi¨®n del anciano y una aportaci¨®n de la familia, y el resto corre a cargo de Bienestar Social. "El acuerdo de tarifas debe ser revisado. Pagamos a los cuidadores un salario de 711 euros mensuales. Es poco y nos cuesta encontrar empleados", admite Vicente.

Marina Geli, del PSC, acusa a Bienestar Social de poca ambici¨®n y asegura que a la Generalitat una plaza p¨²blica le cuesta 12.000 euros al a?o, y una concertada, la mitad. "El mapa social se ha hecho en funci¨®n del inter¨¦s de los inversores, sin atender a las necesidades reales", explica Geli, quien denuncia que Catalu?a est¨¢ a la cola de Europa en gasto social (8,4 puntos por debajo de la media europea y 2,1 respecto de la media espa?ola).

"Lo mejor, si se puede, es envejecer en casa, y si no, lo m¨¢s cerca de ella, aunque sea en una residencia concertada", afirma Rigau para justificar por qu¨¦ no han creado plazas p¨²blicas en 18 de las 41 comarcas catalanas. S¨®lo el 20% de los ancianos apuestan por la residencia. El 60% preferir¨ªa recibir la ayuda en su casa o en la de sus familias. Pero el soporte familiar es escaso y las situaciones l¨ªmite, tarde o temprano, llegan. ?C¨®mo resolver el problema si muchos no pueden elegir entre ir o no a una residencia y las ayudas son pocas?

Algunos, los que pueden, optan por un convenio con un banco, que les paga la residencia a cambio de quedarse el piso cuando mueran. Pero el cuidado de la mayor¨ªa de los ancianos dependientes recae en las familias, sobre todo en las mujeres, muchas de las cuales son ya tambi¨¦n mayores y necesitan ayuda ellas mismas.