La vivienda y los Presupuestos de 2004

Durante el debate de los Presupuestos, el Gobierno ha vuelto a demostrar su absoluta irresponsabilidad frente a la evoluci¨®n del sector inmobiliario y a la creciente dificultad -sobre todo por parte de los j¨®venes- de acceder al disfrute de una vivienda (derecho recogido en el art¨ªculo 47 de la Constituci¨®n). Comenz¨® con una lamentable prueba del "rigor" del ministro de Hacienda, quien afirm¨® que el gasto en pol¨ªtica de vivienda crecer¨ªa nada menos que un 88%..., cuando la partida del Plan de Vivienda apenas aumenta un 2,5% (es decir, nada, en t¨¦rminos reales); y sigui¨® acusando al PSOE por su "irresponsabilidad" al hablar de burbuja inmobiliaria y de sobreendeudamiento de las familias. "El PSOE constituye una grave amenaza para los casi dos millones de empleos en la construcci¨®n", lleg¨® a decir el ministro -confundiendo el sector inmobiliario con el conjunto del sector de la construcci¨®n-. ?Se debe entender que, seg¨²n el Gobierno del PP, son tambi¨¦n irresponsables el Banco de Espa?a, el Fondo Monetario Internacional y la Comisi¨®n Europea? ?Quiz¨¢s estas instituciones, de notable solvencia y sin connotaciones partidistas, son "una amenaza" para el empleo?

No hay escasez de suelo urbanizable, sino escasez de suelo ya urbanizado a un coste razonable

Por supuesto, el Gobierno no anunci¨® ninguna medida adicional en materia de suelo y de vivienda, tras manifestar su completa satisfacci¨®n con el actual modelo de crecimiento -basado, sobre todo, en el ladrillo-, as¨ª como con la "convergencia" de las familias espa?olas, tan endeudadas ya como la media europea -sin tener en cuenta que buena parte de las garant¨ªas hipotecarias asociadas al endeudamiento de las familias espa?olas est¨¢n sobrevaloradas, como poco, en un 20%-. Desde luego, el Gobierno act¨²a con total coherencia: seg¨²n su diagn¨®stico, "aqu¨ª no pasa nada grave", y, por tanto, no hay que cambiar el rumbo de sus pol¨ªticas de vivienda y suelo.

Pero la burbuja inmobiliaria -o "sobrevaloraci¨®n", en la terminolog¨ªa m¨¢s moderada del Banco de Espa?a- no ha surgido de la nada. Hay serias responsabilidades pol¨ªticas del Gobierno del PP, que, sin ninguna duda, ha creado las condiciones ¨®ptimas para que crezca la burbuja:

1. Desde 1996, el Gobierno del PP ha venido modificando la legislaci¨®n estatal del suelo conforme a dos principios: hay que reducir la acci¨®n p¨²blica -para "facilitar" la iniciativa privada- y hay que fomentar al m¨¢ximo la calificaci¨®n de suelo como urbanizable, "ya que si hay mucha oferta de suelo, su precio bajar¨¢". Pero para liberalizar un mercado de forma eficiente es preciso tener en cuenta sus caracter¨ªsticas espec¨ªficas; y, desde luego, el mercado del suelo -como el de la vivienda- dista mucho de ser un mercado perfecto. Las pruebas del error del PP son evidentes: hoy existe suelo clasificado como urbanizable suficiente como para construir casi seis millones de viviendas, sin que esa abundante oferta haya frenado, en absoluto, la evoluci¨®n alcista de los precios. Es m¨¢s, en la Comunidad de Madrid -donde m¨¢s se ha incrementado el suelo urbanizable- los precios del suelo han crecido m¨¢s que en ning¨²n otro territorio. Los socialistas advertimos hace siete a?os que la legislaci¨®n impulsada por el PP contribuir¨ªa a generar expectativas generalizadas de aumento del valor de suelos clasificados como r¨²sticos, as¨ª como a fortalecer posiciones oligopol¨ªsticas de los propietarios de suelo con mayor capacidad de "estimular" amplias operaciones de reclasificaci¨®n de suelos.

El PSOE ha defendido, desde 1996, una aut¨¦ntica liberalizaci¨®n del suelo -generando concurrencia en el desarrollo del mismo-, compatible con la funci¨®n social del urbanismo, para hacer efectivo el derecho constitucional del acceso a la vivienda y la obligaci¨®n, tambi¨¦n constitucional, de luchar contra la especulaci¨®n del suelo. ?se es el enfoque de la legislaci¨®n valenciana de 1994 y de las m¨¢s recientes legislaciones de Castilla-La Mancha, de Extremadura y de Andaluc¨ªa, donde se establecen las figuras del urbanizador, del rehabilitador y del edificador como beneficiarios de una concesi¨®n administrativa para el desarrollo de las correspondientes actuaciones, sin necesidad de que sean propietarios del suelo. Ello no comporta ning¨²n perjuicio para el propietario, ya que el concesionario le retribuye conforme al valor de su suelo -o de su inmueble-. As¨ª se impide la frecuente retenci¨®n especulativa de suelos por parte de sus propietarios, y se genera competencia efectiva entre operadores privados (o p¨²blicos, aunque la legislaci¨®n valenciana ha movilizado, sobre todo, actividad urbanizadora privada). Es evidente que no hay escasez de suelo urbanizable, sino escasez de suelo ya urbanizado, a un coste razonable. Por cierto, en el debate de Presupuestos, esta vez el Gobierno ni siquiera mencion¨® sus medidas de liberalizaci¨®n del suelo, cosa que en cambio hizo, manifestando su autocomplacencia, con el resto de sectores liberalizados: energ¨ªa, telecomunicaciones...

2. En 1998, el Gobierno del PP aprob¨® una nueva legislaci¨®n sobre valoraci¨®n del suelo seg¨²n la cual al propietario del mismo se le reconoce, legalmente, un valor que anticipa las potenciales plusval¨ªas futuras que pudieran derivarse de su transformaci¨®n urban¨ªstica; es decir, se consagra, por ley, un valor especulativo del suelo. Este modelo no existe en ning¨²n pa¨ªs de nuestro entorno y encarece cualquier expropiaci¨®n con fines sociales, convirti¨¦ndola, de hecho, en imposible. El PSOE ha defendido, el pasado febrero, una iniciativa legislativa que introduce, entre otras cosas, un valor legal no especulativo del suelo. Por supuesto, el Gobierno del PP tampoco aludi¨® a su modelo de valoraci¨®n legal del suelo -ya que lo defiende- en el debate de Presupuestos, pero s¨ª record¨® el supuesto "pacto del suelo" establecido con las CC AA no socialistas, y que en realidad no comporta ninguna medida que no est¨¦ ya prevista en las legislaciones auton¨®micas (desde luego, est¨¢ prevista en las CC AA gobernadas por el PSOE).

3. Durante los ¨²ltimos a?os, el Gobierno del PP ha recurrido a la subasta del suelo con una frecuencia creciente, a pesar de sus reiteradas declaraciones sobre la oportunidad de que el resto de las administraciones venda sus respectivos suelos s¨®lo v¨ªa concurso. En plena burbuja inmobiliaria, el Ministerio de Defensa sigue enajenando parcelas a los precios m¨¢s altos del mercado, contribuyendo as¨ª a elevar ulteriormente dichos precios. El PSOE, adem¨¢s de denunciar los efectos de dicho comportamiento, ha planteado desde 1998 la urgencia de un acuerdo para que todas las administraciones destinen los suelos de su propiedad preferentemente a viviendas protegidas en alquiler -la gran carencia de Espa?a en relaci¨®n con otros pa¨ªses de la UE-. Ese acuerdo s¨ª que constituir¨ªa un aut¨¦ntico pacto del suelo.

4. Desde 1996, el PP ha reducido el gasto estatal en ayudas directas a la vivienda -en 2004 apenas ser¨¢ un 0,06% del PIB-, alej¨¢ndose cada vez m¨¢s del gasto medio en otros pa¨ªses europeos. Los planes nacionales de vivienda no s¨®lo han sido insuficientes en sus objetivos, sino que apenas se han cumplido, como acaba de denunciar el Tribunal de Cuentas. Por supuesto, se debe evitar que se especule con la vivienda protegida -desde el PSOE se est¨¢ dise?ando, en ese sentido, una profunda reforma de la vivienda protegida-, pero ello es compatible con la necesidad de generar m¨¢s viviendas protegidas, y por ello el PSOE ha defendido, sin ¨¦xito, una enmienda incrementando en un 5,7% la partida presupuestaria para 2004 correspondiente al Plan de Vivienda. Adem¨¢s, es urgente ampliar el mercado de la vivienda en alquiler, favoreciendo en particular el alquiler a un precio asequible: de aqu¨ª la propuesta formulada por Rodr¨ªguez Zapatero, relativa a la creaci¨®n de una agencia p¨²blica de vivienda en alquiler, para movilizar en lo posible el enorme parque de vivienda desocupada existente -casi tres millones, seg¨²n el Censo del INE de 2001-. Dicha agencia establecer¨ªa, entre otras cosas, un sistema de garant¨ªas que permitir¨ªa reducir la inseguridad jur¨ªdica de los propietarios. Sin medidas de este tipo, resultar¨¢n insuficientes todos los incentivos fiscales al alquiler aprobados este a?o y recordados por Montoro en el debate de Presupuestos del Estado.

Cristina Narbona Ruiz es secretaria federal de Medio Ambiente y Ordenaci¨®n del Territorio del PSOE.