Iberdrola rompe la baraja

Iberdrola ha roto la complicidad que manten¨ªan el¨¦ctricas, patronales y Gobierno sobre el grado de cumplimiento, m¨¢s bien de incumplimiento, del protocolo de la UE sobre reducci¨®n de emisiones de CO2 y sobre el modo de minimizar su coste. El grupo vasco pide el cumplimiento de un compromiso en el que ve una oportunidad para debilitar a sus competidoras y arrebatarles cuota.

El reparto de cuotas y derechos de contaminaci¨®n entre las el¨¦ctricas va a tener repercusiones sobre sus cuentas de resultados y calificaciones de riesgo

"Irresponsable" es lo m¨¢s bonito que le llaman en privado sus colegas al consejero delegado de Iberdrola, Ignacio S¨¢nchez Gal¨¢n. La el¨¦ctrica vasca ha roto la complicidad que manten¨ªan empresarios, patronales y Administraci¨®n sobre el grado de cumplimiento, m¨¢s bien de incumplimiento, del compromiso contra¨ªdo por Espa?a en la UE sobre reducci¨®n de sus emisiones de CO2 (di¨®xido de carbono) a la atm¨®sfera. ?Qu¨¦ ha dicho Iberdrola? Simplemente que es posible a¨²n, y adem¨¢s conveniente, que las el¨¦ctricas espa?olas cumplan con ese compromiso. Pero Iberdrola no es una hermanita de la caridad ni su consejero delegado un santo de la devoci¨®n de organizaciones ecologistas. Tampoco lo son sus indignadas competidoras. M¨¢s all¨¢ del respeto al medio ambiente, hay mucho dinero e intereses en juego en esta partida.

Sobre el tapete, y como problema de fondo, est¨¢ el hecho de que Espa?a se comprometi¨® en la UE, en el protocolo de aplicaci¨®n de los acuerdos de Kioto de 1999, a limitar el incremento de sus emisiones de CO2 en 2012 a un 15% sobre sus cifras de 1990 y que a fecha de hoy ya registra un aumento de emisiones del 35%. Adem¨¢s, el Gobierno tiene que repartir sus cuotas de emisi¨®n de este gas entre empresas e instaciones antes de abril, y someter el plan de distribuci¨®n a la conformidad de Bruselas, con vistas al futuro mercado de derechos de contaminaci¨®n (un mecanismo previsto por la UE para facilitar a las empresas la compra o la venta de estos derechos en funci¨®n de la mayor o menor reducci¨®n sobre el volumen de emisiones que se les haya atribuido).

?Qu¨¦ subyace detr¨¢s de esta situaci¨®n y de estas reglas de juego? Un coste probable de miles de millones de euros para la econom¨ªa espa?ola y de decenas de millones para algunas empresas. Dada la progresi¨®n en nuestras emisiones de CO2, y el precio que se baraja para los derechos de contaminaci¨®n, m¨¢s de 2.000 millones anuales en 2010, seg¨²n estimaciones de KConsulting.

Rafael Miranda, consejero delegado de Endesa, que es la quinta el¨¦ctrica m¨¢s contaminante de Europa, afirma que, "para cumplir de manera estricta y simult¨¢nea con el compromiso de Kioto y los objetivos de convergencia con la UE en t¨¦rminos de PIB per capita, Espa?a deber¨ªa o bien reducir sus emisiones por unidad de PIB en un 40% desde ahora hasta 2012, situ¨¢ndose as¨ª por debajo de las emisiones por habitante medias de la UE, objetivo que resulta materialmente irrealizable dada la estructura de su balance energ¨¦tico, o bien adquirir a otros pa¨ªses derechos de emisi¨®n que los expertos estiman hoy en un importe de entre 1.500 y 3.000 millones anuales. Esto ¨²ltimo supondr¨ªa tanto como devolver a ciertos pa¨ªses una parte esencial de los fondos estructurales recibidos por Espa?a para asegurar la cohesi¨®n social europea y la convergencia real".

Una mala negociaci¨®n

Una tesis compartida por otras el¨¦ctricas y por las patronales y que revela, aunque se evite criticar al Gobierno, que se negoci¨® mal la adaptaci¨®n a Kioto. Primero, porque se parti¨® de cifras absolutas de emisi¨®n de CO2 y no de emisiones por habitante. Y segundo, porque no se contempl¨® el que Espa?a creciese, como lo ha hecho, por encima de la media de la UE (hay una relaci¨®n del 1,4 entre crecimiento del PIB y aumento de emisiones de CO2). Es decir, que Espa?a, por el mayor crecimiento de su PIB, ha aumentado sus dificultades para cumplir con Kioto, mientras que pa¨ªses como Alemania las han disminuido.

Jos¨¦ Luis del Valle, director de Estrategia y Desarrollo de Iberdrola, se?ala, sin embargo, que las el¨¦ctricas, responsables del 30% de las emisiones de di¨®xido de carbono, pueden y deben cumplir con Kioto y hacerlo con costes y ajustes razonables. S¨®lo hay que cumplir el Plan Energ¨¦tico Nacional, dice, y sustituir con centrales menos contaminantes el excesivo peso de las de carb¨®n en la producci¨®n. "Ha habido tiempo para adaptarse y en Iberdrola hemos hecho los deberes. Otros no, y ah¨ª est¨¢ el problema". Lo que no puede aceptarse, agrega, es la creaci¨®n de una especie de pool de la industria como quieren esas el¨¦ctricas para repartir entre todos los costes de su desidia. "Adem¨¢s, Bruselas no va a aceptar que se incentive a las empresas m¨¢s contaminantes".

Un toque de atenci¨®n al Gobierno ante el pr¨®ximo reparto de cuotas y derechos de contaminaci¨®n, en suma, y un torpedo en la l¨ªnea de flotaci¨®n de las dem¨¢s el¨¦ctricas y en especial de Endesa. Este grupo decidi¨® en junio incrementar su inversi¨®n en centrales de carb¨®n, algunas de ellas con carb¨®n importado, que es m¨¢s econ¨®mico que el nacional, para asegurarse el mantenimiento de su liderazgo en generaci¨®n el¨¦ctrica.

Fuentes de Uni¨®n Fenosa, que es el tercer grupo espa?ol y que obtiene el 53% de su producci¨®n del carb¨®n, explican que la propuesta de su grupo para la aplicaci¨®n de la directiva de emisiones es la de que "debe evitar variaciones sensibles en el precio de la energ¨ªa" y "eludir que las empresas con fuentes de energ¨ªa no implicadas se beneficien de una forma no justificada del proceso". "La decisi¨®n final tiene que suponer un m¨ªnimo coste para la econom¨ªa espa?ola. En la primera fase (2005-2007) las asignaciones de derechos deben ser suficientes para que no sufran ni la econom¨ªa ni el sistema el¨¦ctrico espa?ol. El carb¨®n es un combustible muy importante para la seguridad del abastecimiento de las plantas generadoras, y, en consecuencia, la f¨®rmula que al final se aplique tiene que suponer un impacto limitado sobre la producci¨®n basada en este mineral".

Pugna empresarial

Una postura similar tienen Viesgo e Hidrocant¨¢brico. Seg¨²n ¨¦sta, la asignaci¨®n de derechos de emisiones "ha de ser suficiente para el mantenimiento del actual mercado de la energ¨ªa entre todos los agentes que participan en el mismo, que se ha demostrado eficiente en la atenci¨®n de la demanda energ¨¦tica con el menor coste posible, al tiempo que asegura la estabilidad de precios al consumidor".

Diferencia de criterios, pero sobre todo diferencia de intereses. En Iberdrola, tras los argumentos citados por Del Valle, se vislumbra el inter¨¦s del grupo en explotar Kioto para debilitar a sus competidores y arrebarles cuota. No en vano su producci¨®n procede de centrales hidr¨¢ulicas, ciclos combinados y renovables.

Es una postura profundamente insolidaria con los intereses del pa¨ªs, y adem¨¢s falsa, se?alan sus competidoras. En primer lugar, porque las centrales de ciclo combinado tambi¨¦n emiten CO2, funcionan con gas, que tiene precios m¨¢s vol¨¢tiles y elevados que el carb¨®n (lo que repercute en la competitividad), y adem¨¢s aumentan la dependencia espa?ola del abastecimiento energ¨¦tico externo. En segundo lugar, agregan, porque la participaci¨®n hidroel¨¦ctrica en la producci¨®n debe ser limitada en un pa¨ªs con frecuentes sequ¨ªas. Y por ¨²ltimo, se?alan, las energias renovables tambi¨¦n tiene limitaciones t¨¦cnicas y econ¨®micas, presentan problemas de volatilidad en el suministro, dependen de las horas de viento o de sol, y su desarrollo hasta hoy est¨¢ siendo posible gracias a fuertes subvenciones.

La postura de Iberdrola ha sido recibida como una agresi¨®n en toda regla por Endesa, UF, Hidrocant¨¢brico y Viesgo, ha abierto una fractura en la hasta ahora monol¨ªtica patronal el¨¦ctrica, Unesa, y ha colocado en un situaci¨®n muy incomoda a la CEOE y a la Administraci¨®n. Rompe una estrategia compartida para limitar da?os por el incumplimiento en la aplicaci¨®n de los acuerdos de Kioto.

Las el¨¦ctricas, en concreto, que temen su incidencia en sus cuentas de resultados y en sus calificaciones de riesgo, abogan por que se tengan en cuenta los derechos hist¨®ricos a la hora de conceder cuotas, como ya ha hecho Italia, por mantener en la medida de lo posible el actual mix (combinaci¨®n de fuentes) de producci¨®n y "esperar y ver qu¨¦ pasa con los compromisos de otros pa¨ªses en el periodo de prueba 2005-2008".