Una estrategia sensata para el mercado de emisiones

Como consecuencia de la ratificaci¨®n por Espa?a y el resto de la Uni¨®n Europea del Protocolo de Kioto para la prevenci¨®n del cambio clim¨¢tico, a partir del a?o 2005 se establecer¨¢ un mercado europeo de emisiones de CO2 que impondr¨¢ un l¨ªmite m¨¢ximo a las emisiones de seis grandes sectores industriales, entre ellos el el¨¦ctrico. Esto significa que esos seis sectores tendr¨¢n que reducir gradualmente sus emisiones o pagar por lo que exceda de su cuota.

Aunque la directiva europea de comercio de emisiones no exige nada realmente nuevo -Espa?a asumi¨® sus objetivos de reducci¨®n de emisiones hace ya varios a?os-, s¨ª pone sobre la mesa la cuesti¨®n de c¨®mo se van a alcanzar esos objetivos y c¨®mo se van a repartir los costes de las pol¨ªticas medioambientales entre sectores industriales, consumidores y contribuyentes. La cuesti¨®n no es balad¨ª, porque las emisiones espa?olas de CO2 superan ya hoy en m¨¢s de un 20% las que, de acuerdo con los compromisos europeos, deber¨ªamos realizar en 2010. Pese a la urgencia que este desfase implica, nuestro pa¨ªs todav¨ªa no ha definido una pol¨ªtica de cambio clim¨¢tico.

Es falsa la premisa de que el coste de la limitaci¨®n de emisiones de CO2 para la econom¨ªa espa?ola ser¨¢ inevitablemente enorme

Pese a que el debate no ha hecho m¨¢s que comenzar, una opini¨®n que se ha o¨ªdo con fuerza es que los objetivos asumidos por Espa?a no son razonables, y el mercado de emisiones impondr¨¢ un coste desmesurado sobre la econom¨ªa espa?ola. Corresponder¨ªa al Estado desfacer el entuerto aplicando la directiva de comercio de emisiones de la forma m¨¢s relajada posible y asumiendo directamente el coste a trav¨¦s de los llamados mecanismos de flexibilidad que permiten comprar derechos de emisi¨®n en los pa¨ªses en desarrollo. Aparte de la dosis de voluntarismo que hay en esta argumentaci¨®n -la aplicaci¨®n que se haga de la directiva en Espa?a tiene que ser aprobada en Bruselas-, la premisa de que el coste para la econom¨ªa espa?ola ser¨¢ inevitablemente enorme es falsa.

El coste de la participaci¨®n de la industria en el mercado de emisiones va a ser peque?o en los primeros a?os de funcionamiento del mercado. Inicialmente los precios ser¨¢n, con mucha probabilidad, bajos y, con toda seguridad, los derechos de emisi¨®n ser¨¢n abundantes. Las encuestas se?alan que, en promedio, la expectativa en el momento actual es que los precios se sit¨²en en torno a los cinco euros por tonelada en 2005, lo que podr¨ªa suponer un coste en torno a los 50 millones de euros para el conjunto de los seis sectores afectados, apenas unas dos mil¨¦simas de su valor a?adido y muy por debajo del coste que suponen otras pol¨ªticas de motivaci¨®n medioambiental.

Lo que deber¨ªa preocuparnos no es ese momento inicial del mercado, sino lo que ocurrir¨¢ hacia el final de la d¨¦cada. Conforme se acerque el a?o 2010, los objetivos de reducci¨®n de emisiones aumentar¨¢n, llevando a que la cantidad de permisos de emisi¨®n asignados cada a?o se reduzca y sus precios aumenten. El impacto que esto tenga sobre la econom¨ªa espa?ola depender¨¢ de las medidas que se adopten hasta entonces. Si se mantuviese la tendencia de crecimiento de las emisiones de los ¨²ltimos a?os, parece veros¨ªmil que el coste para la industria fuese finalmente elevado. Sin embargo, es posible alterar la tendencia.

La consecuencia pr¨¢ctica de este an¨¢lisis es que la pol¨ªtica medioambiental espa?ola deber¨ªa apuntar a una reducci¨®n significativa de las emisiones a lo largo de esta d¨¦cada. Hay una ventana de oportunidad en los pr¨®ximos cinco o seis a?os para reducir las emisiones sin incurrir en sobrecostes importantes por la compra de permisos de emisi¨®n a la industria de otros pa¨ªses. Para aprovechar esta oportunidad bastar¨ªa con que los objetivos de reducci¨®n que se barajan en las previsiones oficiales -las apuntadas en el plan de eficiencia y ahorro energ¨¦tico y en la planificaci¨®n indicativa del sector el¨¦ctrico- se materializasen. Ello requiere priorizar la reducci¨®n de las emisiones dom¨¦sticas de CO2, particularmente en los seis sectores que participan en el mercado de emisiones, en vez de comprar derechos de emisi¨®n a la industria de otros pa¨ªses de la UE o a los pa¨ªses en desarrollo.

En particular, a corto y medio plazo, las inversiones del sector el¨¦ctrico en generaci¨®n con gas y renovables son -con diferencia- las que mayor potencial tienen para reducir las emisiones de CO2 y mitigar los costes que supone la participaci¨®n de Espa?a en el mercado de emisiones. El que la industria espa?ola pueda lidiar con cierta comodidad con el mercado de emisiones en el 2010 depende de que las inversiones previstas para desarrollar una generaci¨®n m¨¢s limpia se lleven a cabo.

Priorizar la reducci¨®n de emisiones dentro del pa¨ªs tambi¨¦n ayudar¨¢ a prevenir la llamada fuga de emisiones. Al quedar fuera del Protocolo un buen n¨²mero de pa¨ªses, existe la posibilidad de que la industria afectada por el Protocolo se deslocalice, esto es, migre de los pa¨ªses que participan en el Protocolo a los que no participan.

A corto plazo ¨¦sta es una cuesti¨®n insignificante, porque las decisiones de los industriales depender¨¢n de la pol¨ªtica que se adopte para los pr¨®ximos veinte a?os y no del mercado que experimentalmente va a funcionar los pr¨®ximos cuatro. Pero, a largo plazo, la mejor protecci¨®n contra la deslocalizaci¨®n es una industria que, en su conjunto, no dependa excesivamente de las compras de derechos de emisi¨®n.

En definitiva, los objetivos que ha asumido Espa?a en materia medioambiental no son inalcanzables ni necesariamente muy costosos. Que se alcancen o no a un coste razonable depende en buena parte de las pol¨ªticas que se adopten para implementar la directiva de comercio de emisiones. La clave de una pol¨ªtica sensata est¨¢ en que se fijen unos objetivos razonablemente ambiciosos para la industria espa?ola y se asegure que las empresas tienen los incentivos para alcanzarlos.

Carlos Oca?a P¨¦rez de Tudela es economista.