La legi¨®n de la virtud

EL SENADO ENMEND? el mi¨¦rcoles una ley de reforma de la Ley del Poder Judicial (compuesta inicialmente por un solo art¨ªculo, destinado a acompa?ar una ley mercantil de arbitraje) para colar de rond¨®n en el C¨®digo Penal tres art¨ªculos que llevan silueteados en el texto los nombres de sus principales destinatarios: el lehendakari del Pa¨ªs Vasco y el presidente de su parlamento. Los nuevos preceptos castigan con prisi¨®n a las autoridades que convoquen referendos sin tener las debidas competencias o subvencionen a partidos ilegalizados; la mayor¨ªa del PP en el Congreso ratificar¨¢ la reforma en los pr¨®ximos d¨ªas a fin de que entre en vigor antes de la inminente conclusi¨®n de la actual legislatura.

El Gobierno utiliza la mayor¨ªa absoluta del PP en la C¨¢mara alta para crear dos nuevos delitos -cortados a la medida de Ibarretxe y Atutxa- mediante la enmienda a una ley de naturaleza diferente

El ministro de Justicia, legionario de la virtud dedicado a promover el bien mediante la compulsiva reforma del C¨®digo Penal de 1995, ha transformado la Constituci¨®n negativa del sistema pol¨ªtico que esa norma te¨®ricamente representa en un abigarrado zurcido de remiendos: casi un tercio de su articulado ha sido endurecido bajo el mandato del PP. Se dir¨ªa que esa cruzada redentora corre el riesgo de extenderse hasta una zona peligrosamente fronteriza con el ¨¢mbito de las libertades democr¨¢ticas; dado que Michavila parece convencido de que el Estado de derecho no es un espacio jur¨ªdico de resoluci¨®n pac¨ªfica de conflictos, sino una belicosa m¨¢quina artillada, le ser¨¢ f¨¢cil caer en la tentaci¨®n de dirigir su ca?¨®n giratorio contra la discrepancia ideol¨®gica.

La oportunidad pol¨ªtica de la reforma penal realizada por el PP es el aspecto m¨¢s visible del debate, pero no lo agota; la destreza del nacionalismo vasco para manipular el victimismo le garantiza al PNV la rentabilidad electoral del encarcelamiento de los dos cargos m¨¢s representativos en la comunidad aut¨®noma. En cualquier caso, el il¨ªcito penal no agota el registro del il¨ªcito jur¨ªdico: si la normativa criminal se rige por el principio de la intervenci¨®n m¨ªnima, la amenaza de privaci¨®n de la libertad es su ultima ratio. Para mayor inri ministerial, el C¨®digo de 1995 contiene tipos delictivos en cuyo marco el Poder Ejecutivo o el fiscal del Estado podr¨ªan hacer encajar esas conductas si decidieran aplicar a Ibarretxe y Atutxa el camino de la represi¨®n penal.

La torticera utilizaci¨®n del Senado para modificar por sorpresa el C¨®digo Penal mediante la enmienda de una ley org¨¢nica que serv¨ªa de mero acompa?amiento a una ley mercantil es una chapuza en t¨¦rminos de t¨¦cnica parlamentaria y una emboscada inconstitucional. La reforma -decidida por el Gobierno e instrumentada a trav¨¦s del Grupo Popular en la C¨¢mara alta- invierte la secuencia procesal de tramitaci¨®n en las Cortes Generales, elude el dictamen del Consejo General del Poder Judicial y frustra el debate por el Congreso de una disposici¨®n restrictiva de los derechos y libertades injertada como bulbo monstruoso en la rama de otra ley de naturaleza jur¨ªdica diferente. La mayor¨ªa popular en el Senado no ha votado en realidad una enmienda a un proyecto de ley procedente del Congreso, sino una proposici¨®n de ley de nuevo cu?o remitida a la C¨¢mara baja para su posterior aprobaci¨®n.

Aznar se comprometi¨® en 1996 a "recuperar la posici¨®n central" de las Cortes Generales como v¨ªa para lograr "la revitalizaci¨®n democr¨¢tica": lejos de hacer honor a su palabra, el jefe del Ejecutivo ha convertido a los parlamentarios del PP en mu?ecos de gui?ol movidos por los caprichos presidenciales de un titiritero ventr¨ªlocuo. Los senadores han tenido peor suerte que los diputados en esta escalada de humillaciones: Aznar no s¨®lo tir¨® a la papelera el compromiso -puesto por escrito en su libro Espa?a. La segunda transici¨®n, 1994- de reformar la Constituci¨®n para permitir al Senado cumplir su condici¨®n de c¨¢mara de representaci¨®n territorial, sino que adem¨¢s ha utilizado fraudulentamente sus funciones de segunda lectura en el sistema parlamentario para perpetrar tareas tan sucias como modificar a hurtadillas el C¨®digo Penal.