Bruselas obliga a la el¨¦ctrica francesa EdF a reembolsar 889 millones al Estado

El gigante EdF (?l¨¦ctricit¨¦ de France) va a sufrir una profunda transformaci¨®n para cumplir los est¨¢ndares de competencia que exige la Comisi¨®n Europea. Francia ha notificado a Bruselas que EdF dejar¨¢ de ser una empresa p¨²blica y, por tanto, perder¨¢ antes de diciembre de 2004 la garant¨ªa ilimitada que la libraba del riesgo de insolvencia que sufre cualquier otra firma. Todo ello no ha impedido que Bruselas haya dictaminado la devoluci¨®n a las arcas estatales francesas de 889 millones de euros. Es el reembolso m¨¢s alto exigido nunca por Bruselas a una ¨²nica empresa.

Bruselas ha ganado el pulso que manten¨ªa con Par¨ªs a causa de EdF desde hace m¨¢s de un a?o. El comisario de la Competencia, Mario Monti, se felicit¨® de ello e incluso habl¨® de la espl¨¦ndida colaboraci¨®n del ministro galo de Finanzas, Francis Mer, en un asunto en el que estaba involucrada la joya francesa, EdF, una empresa 100% p¨²blica que se ha resistido hasta el final a la corriente privatizadora europea.

El Gobierno de Jean-Pierre Raffarin ya hab¨ªa anunciado su intenci¨®n de privatizar la empresa, pero hasta el 11 de noviembre pasado no lleg¨® la notificaci¨®n oficial a Bruselas de la transformaci¨®n proyectada. Monti advirti¨® de que esta decisi¨®n de Par¨ªs es ajena a los dict¨¢menes de Bruselas, que no puede entrar en la naturaleza p¨²blica o privada de la firma. Pero tal cambio, como ha informado Par¨ªs, supone suprimir antes de diciembre de 2004 la garant¨ªa ilimitada de la que disfrutaba EdF, que es el elemento esencial de preocupaci¨®n para Bruselas. "Celebramos tambi¨¦n que el calendario presentado por Francia sea realista", dijo Monti.

Independientemente de ese cambio fundamental, EdF no ha podido librarse de esa "penalizaci¨®n" que le impone Bruselas y que consiste en devolver a las arcas p¨²blicas no s¨®lo los 889 millones de euros recibidos en 1997, sino tambi¨¦n sus intereses, lo que eleva el montante a unos 1.200 millones de euros para una empresa que durante el primer semestre del a?o obtuvo un beneficio de 728 millones.

Los servicios de Mario Monti han considerado que una parte importante de la bonificaci¨®n fiscal de la que se beneficiaba EdF fue incorporada al capital de la empresa sin que entra?ara una variaci¨®n positiva del activo neto imponible, una ventaja fiscal que calcula en esos 889 millones citados, que pueden ser considerados una ayuda de Estado incompatible con las normas europeas. Francia ya manifest¨® que tal c¨¢lculo le parece excesivo. "Si no est¨¢ de acuerdo, puede reclamar ante los tribunales", respondi¨® Monti a una pregunta sobre la eventualidad de un desacuerdo en ese punto.

Derechos de jubilaci¨®n

Otro cambio importante que va a acometer la empresa el¨¦ctrica es la reforma del sistema de jubilaciones de sus m¨¢s de 160.000 empleados, que ahora corre de su cuenta y que en el futuro pasar¨¢n a formar parte del r¨¦gimen general de la seguridad social. Se har¨¢ una transferencia de los derechos de jubilaci¨®n a una caja de jubilaciones aut¨®noma. Para Monti, este cambio tambi¨¦n favorece la competencia.

Simult¨¢neamente, la Comisi¨®n Europea decidi¨® ayer denunciar a Italia ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por la llamada ley anti-EdF, un decreto aprobado hace casi tres a?os que limita el derecho de voto (al 2%) de las empresas p¨²blicas que inviertan en su sector energ¨¦tico. Este expediente iba de la mano del abierto en Bruselas tambi¨¦n contra una norma similar espa?ola que, sin embargo, se ha librado de la denuncia por el momento gracias a las explicaciones de las autoridades espa?olas.

"Preferimos mantener este di¨¢logo que acudir ahora a los tribunales", dijo ayer Jonathan Todd, portavoz de Mercado Interior. "La diferencia con el caso italiano es que no hemos obtenido ninguna respuesta y se han cumplido los plazos". Espa?a ha introducido cambios en su legislaci¨®n y Bruselas espera a analizar tales cambios antes de tomar una decisi¨®n dr¨¢stica al respecto.

Espa?a, mediante una disposici¨®n en la Ley de Acompa?amiento de 2000, introdujo legalmente la posibilidad de vetar la entrada de una empresa p¨²blica en una empresa privatizada y limitar su derecho a voto en el consejo de administraci¨®n al 3%; una norma que pudo esgrimir el Ministerio de Econom¨ªa para evitar la compra de Hidrocant¨¢brico precisamente por parte de EdF en 2001.

Maniobra espa?ola

Esta norma en s¨ª misma, a ojos de Bruselas, podr¨ªa estar justificada para defender a las empresas propias en un mercado europeo "asim¨¦trico", al estar dicho mercado energ¨¦tico en plena transformaci¨®n con un desarrollo muy desigual en el camino de las privatizaciones. Pero Bruselas siempre ha exigido que tales normas fueran acompa?adas de criterios claros. A la disposici¨®n espa?ola le achaca el defecto de no estar limitada en el tiempo. Los cambios que las autoridades espa?olas han comunicado a Bruselas, y que se han introducido en la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos de 2004, incorporan criterios precisos que han disuadido a la Comisi¨®n de presentar la denuncia por ahora.

La Comisi¨®n Europea decidi¨® tambi¨¦n ayer multar a las tres grandes productoras de tubos de cobre en Europa por formar un cartel en el sector. Bruselas ha impuesto 79 millones de euros a Outokumpu, KME y Wieland Werke tras una investigaci¨®n que comenz¨® en 2001.