La corrup-tasa

La primera sentencia del TSJA que anula una licencia para 465 viviendas en Marbella ha puesto en zozobra las de otras 23.000 construidas en condiciones excepcionales de ilegalidad en un ambiente de corrupci¨®n generalizada que ha pervivido hasta hoy. Ahora es cuando empiezan a sucederse los efectos visibles de tantas decisiones amparadas por un gobierno municipal corrupto y una mayor¨ªa silenciosa o vociferante que ha dejado hacer.

En esa amalgama de intereses han convergido algunos empresarios, abogados, arquitectos y otros t¨¦cnicos que, en mayor o menor medida, -con distintos niveles de conocimiento y complicidad- han contribuido al fraude cometido sobre consumidores y usuarios de buena o mala fe que, tambi¨¦n con muchos niveles han comprado y vendido productos de legalidad dudosa y han hecho multiplicar las perversiones de un sistema que ha contaminado la Costa del Sol durante un largo per¨ªodo. La sociedad civil exige una reparaci¨®n y esa es la de la acci¨®n de la justicia.

Aunque tarde, bienvenida sea la justicia. A los responsables de Enron, World.com y tantas otras compa?¨ªas les lleg¨® su hora. Aqu¨ª en M¨¢laga, Andaluc¨ªa y Espa?a se retras¨® demasiado. Ahora, algunas gentes como Arturo Moya creen que "el bien general debe primar sobre la ilegalidad", en tanto que otros pensamos que el bien general no es una entelequia negociable que se pueda superponer al estado de derecho. Lo que haga la justicia ser¨¢ v¨¢lido si establece c¨®mo se estaf¨® a tanta gente, incluidos los terceros de buena fe, bajo la era de basura empresarial y social que aup¨® y mantuvo el gilismo.

Lo primero que hay que conocer es hasta donde se conculc¨® -y c¨®mo-, la legalidad del gilismo y sus hombres de clan o de paja. Luego, la administraci¨®n de justicia y la Junta de Andaluc¨ªa han de establecer f¨®rmulas para arbitrar sanciones, estableciendo alternativas jur¨ªdicas que hagan viable la ejecuci¨®n de las sentencias y la reparaci¨®n de los da?os. Lo segundo puede ser, tal vez, establecer jerarqu¨ªas por el lucro, la irreversibilidad, la gravedad de las ilegalidades y las consecuencias econ¨®micas, urban¨ªsticas y ambientales -las m¨¢s graves- de los hechos que ahora se conocen con m¨¢s detalle e implicar¨¢n a¨²n m¨¢s a los responsables, sus sociedades interpuestas, sus d¨®ciles profesionales y sus beneficiarios activos o pasivos. La tercera, fijar y restablecer la legalidad urban¨ªstica con el planeamiento, las sanciones y, llegado el caso, con las demoliciones o la reversibilidad de lo actuado fuera de ordenaci¨®n. No somos especialistas en derecho, sino ciudadanos exigentes frente al expolio consentido.

La ley tiene sus m¨¦todos. Pero lo cierto es que el da?o ya causado es inmenso y no vale poner el bien com¨²n como blindaje de las acciones a ejercer. Reponer la legalidad y la decencia al territorio.

Lo que no es de recibo, as¨ª pues, es que se siga manteniendo la ambig¨¹edad sobre los intereses generales con el discurso de la impunidad, so capa de una "situaci¨®n de emergencia" por mucho que afecte a "personas, intereses y miles de millones". La fe se demuestra colaborando con la justicia, ...y con la Junta de Andaluc¨ªa. La legalidad no se compra a posteriori. Aceptar ese argumento es consolidar la percepci¨®n de que los ladrones, agrupados como un clan de extorsionadores, han quedado fuera de la legislaci¨®n por una bula especial atribuida a un c¨²mulo de intereses superpuestos a un laberinto legal sin precedentes.

Marbella es un esc¨¢ndalo de la democracia espa?ola y una flagrante vulneraci¨®n de los derechos y deberes constitucionales. Por eso no cabe aceptar soluciones del tipo "qui¨¦n contamina, paga", o "qui¨¦n edifica ilegalmente, paga". Lo prioritario es restablecer la legalidad, reconocer lo que los jueces han dictaminado, dando la raz¨®n al gobierno auton¨®mico, ver el alcance y reversibilidad de los da?os y el nivel de culpabilidad activa o pasiva de sus intermediarios (o el de lucro de sus beneficiarios) y luego atajar si se puede el da?o irreparable de ecosistemas, equipamientos, dotaciones o servicios de Marbella. Para los malague?os, no es una cuesti¨®n dineraria y judicial solo: es una cuesti¨®n de dignidad y decencia que se mantenga una postura firme y justa en relaci¨®n con lo acaecido.

Hace falta decir bien alto y claro que no aceptaremos una suerte de "tasa" por la corrupci¨®n acaecida o un pago universal de lo que han robado los corruptos y sus secuaces, todav¨ªa libres y pululando aqu¨ª y all¨¢, como Barbate, d¨®nde quieren repetir el modelo.

El dinero no devolver¨¢ las hipotecas econ¨®micas, sociales y ambientales con soluciones blandas, olvidando la corrupci¨®n generalizada. Es como si pidi¨¦ramos a los accionistas de Enron y World.com que pagaran de su bolsillo las indemnizaciones por el latrocinio que cometieron sus dirigentes y administradores para no da?ar el bien general de los millones de estafados por ellos.

La sociedad civil debe oponerse a maniobras y profesionales que amparen el delito. Por mucho que causen perjuicios las sanciones legales a que haya lugar, tan graves o duras como sea menester, Marbella no se merece sumar nuevas hipotecas a las que arrastrar¨¢ -durante una o dos generaciones- por culpa de unos desaprensivos que la tomaron al asalto.

Carlos Hern¨¢ndez Pezzi es presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de Espa?a