Urbanizaciones a la deriva

Todo empez¨® en la d¨¦cada de 1970, con una excursi¨®n en autob¨²s desde Badalona, Cornell¨¤ o cualquier otro enclave de la zona metropolitana de Barcelona. El punto de destino era un buc¨®lico paraje, en plena naturaleza, en el que deb¨ªa construirse una moderna urbanizaci¨®n, al alcance de las clases trabajadoras, para disfrutar de los fines de semana. Un picnic al aire libre, unos dibujos, una maqueta y la calle central de la urbanizaci¨®n con algunas farolas fueron reclamo suficiente para convencer a muchos.

El sue?o peque?oburgu¨¦s se transform¨® en pesadilla al cabo de poco tiempo, cuando las empresas promotoras suspendieron pagos, cambiaron de nombre o, simplemente, se esfumaron sin dejar pistas. Los propietarios se quedaron con urbanizaciones a la deriva, inacabadas, sin servicios esenciales y con problemas estructurales que todav¨ªa perduran. En muchos casos, son ahora los hijos de esos primeros propietarios quienes, apegados a un paisaje y a unas casas en las que disfrutaron de una infancia feliz, encabezan un arduo intento de normalizar sus propiedades.

En ocasiones, las compa?¨ªas se niegan a dar servicio por falta de rentabilidad

Los propietarios pagan unos impuestos que no siempre revierten en la mejora de la zona

Francisco L. Bonatti, abogado especializado en estos litigios, asegura que estas urbanizaciones son una r¨¦mora del desarrollismo franquista que nadie se ha preocupado de regular. Cuando los proyectos se quedaron a medio hacer, los propietarios tuvieron que constituirse en las llamadas juntas de compensaci¨®n, un organismo que debe gestionar la urbanizaci¨®n hasta que todos los servicios est¨¦n concluidos y sus respectivos ayuntamientos las acepten como integrantes de pleno derecho de su t¨¦rmino municipal.

"Los problemas empiezan cuando los propietarios se dan cuenta de que nunca se acaban de poner al d¨ªa con las exigencias de la Ley del Suelo", asegura Bonatti. Adem¨¢s, estas juntas no tienen recursos ni voluntad suficiente para llevar a buen puerto la gesti¨®n. "Los ayuntamientos tampoco tienen ning¨²n inter¨¦s en asumir la urbanizaci¨®n. Les cobran el IBI, pero ese dinero no revierte en la urbanizaci¨®n, sino que engorda las arcas municipales", afirma el letrado. No obstante, el incremento de los vecinos empadronados en estas urbanizaciones est¨¢ empezando a cambiar la visi¨®n municipal. "Antes no hab¨ªa votos y ahora s¨ª", destaca Bonatti.

La urbanizaci¨®n Montbarbat de Ma?anet (Selva) es un claro ejemplo de las desavenencias y problemas legales que proliferan en estas comunidades. La asociaci¨®n Pitbillers, presidida por Mar¨ªa de la Torre, tiene como objetivo conseguir que el Ayuntamiento se haga cargo de la gesti¨®n. Han presentado una querella contra los gestores de la junta de compensaci¨®n y han pedido incluso a la fiscal¨ªa que tome cartas en lo que consideran una gesti¨®n opaca y sin rendir cuentas. "El Ayuntamiento se lava las manos y no vigila la gesti¨®n de la junta", lamenta De la Torre. El problema, en este caso, no es tanto la falta de servicios como su imparable degradaci¨®n a causa de una escasa inversi¨®n. "Las calles est¨¢n en mal estado, llenas de baches, y parece que nunca hay dinero para reparar nada", asegura Mar¨ªa de la Torre. De las 1.013 parcelas que preve¨ªa el proyecto inicial de la urbanizaci¨®n, se han levantado la mitad.

La reclamaci¨®n de los servicios b¨¢sicos es otro de los empe?os de estos n¨²cleos. El presidente de la asociaci¨®n de propietarios de Riuclar de Massanes (Selva), Javier Duque, se ha enfrentado a las grandes compa?¨ªas. Telef¨®nica y Correos se cuentan entre sus victorias, y ahora le toca el turno a Repsol. Las reclamaciones a Telef¨®nica se iniciaron hace unos tres a?os, cuando la compa?¨ªa se negaba a extender el tendido y denegaba todas las peticiones de tel¨¦fono. Al final se estuvo a punto de llegar a los tribunales, pero la compa?¨ªa cedi¨® y est¨¢ extendiendo la red. Con el servicio de Correos pas¨® algo parecido. La compa?¨ªa exig¨ªa a los propietarios que recogieran sus cartas en el pueblo, a unos siete kil¨®metros, aunque ya se ha pactado concentrar los buzones en la entrada de la urbanizaci¨®n. La siguiente lucha ser¨¢ para conseguir el suministro de bombonas de butano, como m¨ªnimo cada 15 d¨ªas. Los vecinos lo consideran esencial porque no disponen de gas ciudad.

Otro objetivo es la conexi¨®n a la red de suministro de agua. En los veranos m¨¢s c¨¢lidos, el ¨²nico pozo de la urbanizaci¨®n s¨®lo da para una hora de suministro al d¨ªa. La Agencia Catalana del Agua (ACA) s¨®lo les paga una parte de las obras de conexi¨®n, que podr¨ªan superar los 240.000 euros, y la asociaci¨®n de propietarios de Riuclar conf¨ªa en que dentro de tres o cuatro a?os el consistorio asuma la gesti¨®n de la urbanizaci¨®n y se adapte a las nuevas exigencias: iluminaci¨®n, mejora de la red de saneamiento, soterramiento de l¨ªneas el¨¦ctricas o una depuradora.

Pero los propietarios caen en el des¨¢nimo cuando parece que siempre van un paso atr¨¢s de lo que les exige la ley. "Nuestro proyecto ten¨ªa aceras de un metro, pero la nueva normativa las exige de tres metros. Y as¨ª con muchas otras cosas", lamenta Duque.

Los vecinos tambi¨¦n demandan m¨¢s seguridad ante el riesgo de convertirse en un refugio de las mafias, atra¨ªdas por el escaso control y los bajos precios de las viviendas. El hast¨ªo ante las dificultades ha hecho que algunos propietarios admitan que han considerado incluso la posibilidad de entrar directamente en pol¨ªtica. "A veces hemos pensado en unirnos todas las urbanizaciones de Ma?anet y formar un partido pol¨ªtico, pero nunca hemos dado el paso", admite Maria de la Torre.

Son escasas las urbanizaciones que en los ¨²ltimos a?os han conseguido que su ayuntamiento se haga cargo de la gesti¨®n. A partir del a?o pr¨®ximo el consistorio de Vidreres disolver¨¢ la junta de conservaci¨®n de la urbanizaci¨®n Aiguaviva Park, que pasar¨¢ a formar parte del pueblo. Aunque se trata de una urbanizaci¨®n pr¨¢cticamente terminada y en buen estado deja atr¨¢s a?os de manifestaciones, disputas, cargas policiales y litigios.