Econom¨ªa da marcha atr¨¢s en el expediente a las petroleras por supuesto pacto de precios

La directora general de Pol¨ªtica Energ¨¦tica y Minas, Carmen Becerril, dijo ayer que no solicitar¨¢ al Servicio de Defensa de la Competencia una segunda investigaci¨®n contras las petroleras por presuntos pactos de precios, debido a que no se han hallado indicios de tales actividades. Becerril rectific¨® as¨ª al secretario de Estado de Energ¨ªa, Jos¨¦ Folgado, que hace apenas un mes acus¨® a las petroleras de mantener un comportamiento "irresponsable" en su pol¨ªtica de precios y sugiri¨® una investigaci¨®n. Mientras tanto, la Audiencia Nacional recupera un informe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, terminado en 2002, a su propia investigaci¨®n sobre el mismo supuesto delito de manipulaci¨®n de precios.

Becerril aprovech¨® la presentaci¨®n del informe de la evoluci¨®n del mercado de carburantes en 2003 para zanjar la pol¨¦mica que desat¨® Folgado el pasado 17 de diciembre, cuando lanz¨® un duro ataque contra las petroleras por la fuerte subida de los precios de los carburantes. En un lenguaje inusual, Folgado acus¨® a las petroleras de mantener un comportamiento "aut¨¦nticamente irresponsable" al favorecer una evoluci¨®n de precios que "no es presentable". Folgado incluso utiliz¨® munici¨®n dial¨¦ctica de grueso calibre: "O somos m¨¢s ineficientes o es que hay alg¨²n tipo de acuerdo [entre las petroleras]".

Becerril dijo primero ayer que los precios de las gasolinas hab¨ªan subido en Espa?a la mitad que en la UE durante el a?o pasado, en tanto que el gas¨®leo lo hizo en una cantidad similar. Despu¨¦s explic¨® que, tras realizar an¨¢lisis hist¨®ricos muy detallados para ver cu¨¢les eran las tendencias y comportamientos del mercado nacional de carburantes y su comparaci¨®n con los europeos, y hablar con el Servicio de Defensa de la Competencia, Econom¨ªa consider¨® que "no hab¨ªa indicios de conducta que permitan abrir un expediente". "Seguimos analizando los datos, pero, en principio, no vamos a hacer una remisi¨®n" a Competencia, explic¨® la directora.

Informe de Villarejo

Mientras estas acusaciones de Folgado no fueron suficiente raz¨®n para abrir la segunda investigaci¨®n de Competencia, s¨ª lo fueron para que el juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco reverdeciera un informe que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n (encabezada entonces por Carlos Jim¨¦nez Villarejo) remiti¨® en mayo de 2002 al fiscal general, Jes¨²s Cardenal.

El texto instaba a presentar una querella contra Repsol y Cepsa, que controlan en conjunto "el 61,23% de la disposici¨®n y venta de los productos petrol¨ªferos en el mercado espa?ol", seg¨²n la fiscal¨ªa. "La alt¨ªsima cuota de mercado (...) les permite operar predominantemente en funci¨®n de sus intereses estrictamente particulares pese a que los carburantes constituyen un bien de inter¨¦s p¨²blico", a?ad¨ªa el informe.

Cardenal no lo entendi¨® as¨ª y vet¨® la querella de 80 folios que el equipo de Villarejo hab¨ªa preparado tras un a?o y medio de investigaciones con una notificaci¨®n de apenas un folio, por entender que los hechos "no reun¨ªan los requisitos del tipo penal" de la alteraci¨®n de precios.

Cardenal tuvo en cuenta en su momento la primera investigaci¨®n del Servicio de Defensa de la Competencia, en la que no se hallaron indicios de pactos de precios.

Tras la decisi¨®n de Cardenal, la Uni¨®n de Peque?os Agricultores y Ganaderos (UPA), que, junto a la asociaci¨®n de transportistas aut¨®nomos Fenadismer, encabeza de la llamada Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes, interpuso una denuncia contra las petroleras en la Audiencia y el juez Ruiz Polanco la admiti¨® a tr¨¢mite. Pas¨® un a?o y medio, y cuando la pol¨¦mica se hab¨ªa enfriado bastante en t¨¦rminos de opini¨®n p¨²blica, Folgado arremete contra las petroleras.

Reactivaci¨®n de la causa

Las palabras del secretario de Estado reactivaron el inter¨¦s por las actuaciones de la audiencia, y a finales de diciembre pasado, la UPA solicit¨® al juez la citaci¨®n de 21 directivos del sector petrolero. Los nombres de directivos ya figuraban en el informe del equipo de Villarejo, que concluy¨® que "las dos grandes petroleras act¨²an en funci¨®n de intereses contrarios a los generales (...), aparte de la laminaci¨®n de la libre competencia, mantienen una ocultaci¨®n sistem¨¢tica y grave a los consumidores, con el correspondiente enga?o de los mismos, de las circunstancias en que se generan los precios de los carburantes, ya que hacen aparecer unos precios como si fueran el resultado de la libre competencia, cuando son, efectivamente, el resultado de una concertaci¨®n oculta y abusiva que garantiza a¨²n m¨¢s el ya evidente dominio del mercado. Representa una plena sustituci¨®n de la confrontaci¨®n de la oferta y la demanda, base de la econom¨ªa de mercado y la libertad de precios".

Para la fiscal¨ªa, las dos grandes petroleras mantienen una posici¨®n dominante que encaja perfectamente en la definici¨®n de la Comisi¨®n Europea: "Posici¨®n dominante es la que permite a una empresa o grupos de empresas comportarse con relativa independencia respecto de sus competidores, clientes y consumidores". Para Villarejo, tanto Cepsa como Repsol tienen esta capacidad porque "los consumidores no pueden hallar alternativas reales de un suministro alternativo de carburantes, con la conclusi¨®n de que no concurre el presupuesto que garantiza una competencia real en materia de fijaci¨®n de precios cual es la sustituibilidad de la demanda".

La fiscal¨ªa insisti¨® en que, a pesar del proceso de fragmentaci¨®n de CLH, Repsol y Cepsa manten¨ªan su posici¨®n dominante en el mercado de distribuci¨®n mayorista de carburantes y del minorista a trav¨¦s de contratos exclusivos (90% de la red espa?ola) que "impiden la libre formaci¨®n de los precios" y finalmente "logran la expulsi¨®n del mercado de competidores independientes".