El fiscal pide 8 a?os de inhabilitaci¨®n para un ex alcalde de San Fernando
La Audiencia de Madrid dej¨® ayer visto para sentencia el juicio que desde el pasado d¨ªa 17 se segu¨ªa contra un ex alcalde de San Fernando de Henares, Enrique Guerra L¨®pez, de IU, por un presunto caso de prevaricaci¨®n cometido a principios de la d¨¦cada de los ochenta. La fiscal, que elev¨® a definitivas sus conclusiones, pide para el ex regidor ocho a?os de inhabilitaci¨®n por haber instruido un expediente contra el propietario de unos terrenos en los que se iba a construir un centro comercial, debido al impago de un impuesto, a pesar de que el Tribunal Econ¨®mico-Administrativo de Madrid acord¨® la paralizaci¨®n del proceso por entender que dicho pago hab¨ªa prescrito.
La acusaci¨®n particular, ejercida por el due?o de la finca, Angel G. G., modific¨® su escrito provisional -en el que reclamaba 33 a?os de c¨¢rcel y otros 24 de inhabilitaci¨®n para el ex regidor- y pidi¨® para Guerra L¨®pez 12 a?os y 6 meses de prisi¨®n y 25 a?os de inhabilitaci¨®n por cohecho, prevaricaci¨®n, falsedad documental y estafa procesal.
Adem¨¢s, imputa a otros dos antiguos cargos municipales, el ex secretario y el ex recaudador del Ayuntamiento, as¨ª como a las personas que posteriormente compraron los terrenos objeto de conflicto -un empresario y su hija-. Para los dos primeros solicita, respectivamente, penas de dos a?os y cuatro meses de prisi¨®n y multa de 2.000 euros, y de 12 a?os y 6 meses de c¨¢rcel y 25 a?os de inhabilitaci¨®n. Adem¨¢s, reclama 12 a?os y 6 meses de arresto y multa de 19.000 euros para el empresario, y dos a?os y cuatro meses de prisi¨®n para la hija de ¨¦ste.
Deudas con las arcas
Seg¨²n narra la fiscal en su escrito de acusaci¨®n, los hechos se remontan a 1983, cuando el entonces alcalde de la localidad inco¨® un procedimiento de apremio contra el ahora denunciante por raz¨®n de tres deudas tributarias que ¨¦ste hab¨ªa contra¨ªdo con las arcas municipales. En dicho expediente, Guerra L¨®pez imputaba al propietario de la finca El Pardo el impago del impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos.
El proceso administrativo abierto contra el vecino le fue notificado a ¨¦ste el 30 de abril de 1984 y 15 d¨ªas m¨¢s tarde ?ngel G. G. interpuso varias reclamaciones ante el Tribunal Econ¨®mico Provincial de Madrid, al entender que la deuda que se le atribu¨ªa hab¨ªa prescrito. Dicho tribunal aval¨® la opini¨®n del contribuyente y orden¨® al Ayuntamiento la suspensi¨®n de las providencias de apremio impugnadas por el afectado.
Sin embargo, el regidor, "contraviniendo dolosamente el reglamento de procedimiento en las reclamaciones econ¨®mico-administrativas, no paraliz¨® el procedimiento", sino que continu¨® adelante con ¨¦l, expropiando la finca, seg¨²n la acusaci¨®n p¨²blica. El 15 de octubre de 1984 la finca en cuesti¨®n sali¨® a subasta y fue adjudicada al Consistorio.
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