?Qui¨¦n da m¨¢s?

Gane quien gane las elecciones, los ciudadanos disfrutar¨¢n de rebajas en el impuesto de la renta de las personas f¨ªsicas (IRPF); de m¨¢s ordenadores en las escuelas; de esperas m¨¢s cortas en los hospitales; de m¨¢s polic¨ªas y m¨¢s guardias civiles en las calles; del carn¨¦ de conducir por puntos; de m¨¢s horario escolar; de m¨¢s ayuda a ancianos... Los programas que han defendido Mariano Rajoy, del PP, y Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, del PSOE, coinciden en numerosas propuestas para elevar el bienestar social de los ciudadanos y difieren en otros aspectos fundamentales respecto a la organizaci¨®n territorial o la pol¨ªtica de empleo. Lo que sigue resume las diferencias y similitudes de ambos programas y la opini¨®n de los expertos sobre las principales propuestas.

La tercera reforma fiscal que vivir¨¢ el pa¨ªs en poco m¨¢s de ocho a?os estar¨¢ marcada por los incentivos al ahorro y a la inversi¨®n, y la mejora de trato fiscal a las familias con personas dependientes a su cargo, o con m¨¢s de dos hijos. Las familias no ser¨¢n las ¨²nicas beneficiadas: PP y PSOE se comprometen a rebajar el Impuesto de Sociedades, en una cuant¨ªa a¨²n sin determinar por el PP, y cercana a los cinco puntos en el caso del PSOE. Los socialistas redondean su propuesta con la creaci¨®n de un IVA reducido para algunos productos culturales y los alimentos b¨¢sicos.

Las propuestas fiscales del PP y del PSOE no han sido muy bien acogidas por los sindicatos. Los l¨ªderes de UGT y Comisiones Obreras (CC OO) est¨¢n molestos porque consideran que estas medidas tendr¨¢n como resultado un descenso considerable de los ingresos para las arcas del Estado, que, se temen, podr¨ªa ser compensado con una subida de los impuestos indirectos (los que paga toda la poblaci¨®n independientemente de sus ingresos). CC OO ya expres¨® sus reservas a los socialistas cuando ¨¦stos les presentaron sus iniciativas en materia fiscal, y siempre se han mostrado cr¨ªticos con la pol¨ªtica laboral del Gobierno del PP.

Toni Ferrer, secretario de Acci¨®n Sindical de UGT, considera que las propuestas del PP representan la continuidad de unas pol¨ªticas, "que ya nos ha hecho perder siete puntos en gasto social", y espera que el PSOE garantice, si llega al Gobierno, la equidad, la progresividad y la suficiencia.

La declaraci¨®n de intenciones de ambos partidos en materia social y de empleo se centra en potenciar las guarder¨ªas y el apoyo a la natalidad a trav¨¦s de ayudas y deducciones a las madres y a las empresas que las contraten. La m¨¢xima es la conciliaci¨®n de la vida familiar y el trabajo. Los socialistas quieren que los padres dispongan de un permiso de dos semanas, al margen del que ya disfrutan las madres. El PP contempla exenciones para las empresas que ayuden a sus empleados a costear los gastos de los centros de educaci¨®n infantil.

En cuanto al mercado de trabajo, tanto el PP como el PSOE est¨¢n de acuerdo en que los trabajadores prolonguen, si lo desean, su vida laboral m¨¢s all¨¢ de los 65 a?os. Aunque los socialistas establecen como asunto de m¨¢xima urgencia la reducci¨®n de la temporalidad de los contratos y el aumento del salario m¨ªnimo interprofesional. Frente a estos prop¨®sitos de aportar m¨¢s calidad en las contrataciones, el PP se inclina por medidas m¨¢s efectistas. Su objetivo es la cantidad: dos millones de empleos en cuatro a?os.

Las urnas decidir¨¢n qui¨¦n va a dictar las pol¨ªticas de vivienda y qui¨¦n tendr¨¢ que enfrentarse a los principales problemas del mercado inmobiliario: el precio del suelo, la escasez de vivienda en alquiler y el raqu¨ªtico porcentaje de vivienda protegida.

Las f¨®rmulas de cada uno de los partidos para amortiguar el auge de precios en el mercado inmobiliario son valoradas por las asociaciones del sector de forma positiva, pero alertan de que para conseguirlo hay que atacar el problema de ra¨ªz y cuanto antes. Eso implica, seg¨²n Jos¨¦ Manuel Galindo, secretario general de la Asociaci¨®n de Promotores Inmobiliarios de Madrid, "que se tomen medidas para que las administraciones locales dejen de financiarse con la venta de terrenos edificables, y que se potencien las pol¨ªticas de apoyo al alquiler frente a la compra".

"Si a la pol¨ªtica de precios m¨¢ximos de las viviendas protegidas, que no dan para cubrir los costes, le sumas el precio del suelo el resultado est¨¢ servido: la construcci¨®n de VPO no representa ni un 10% del total", asegura Orencio Osuna, secretario general de la Asociaci¨®n de Gestores de Cooperativas y Comunidades de Viviendas.

El ¨²nico apartado que no ha sido objeto de las cr¨ªticas del contrincante es el de Sanidad. Simplemente porque las propuestas m¨¢s destacadas son tan similares, que un ataque a las promesas del oponente significar¨ªa tirar piedras sobre su propio tejado. Hay coincidencia en los plazos para atajar las listas de espera para algunas prestaciones concretas, en nuevos servicios de atenci¨®n bucodental, en las facilidades para los enfermos cr¨®nicos y en algunos aspectos relacionados con la reproducci¨®n asistida. Como las competencias est¨¢n cedidas a las autonom¨ªas, habr¨¢ que saber c¨®mo se financiar¨¢n y si ¨¦stas tienen capacidad para asumir el coste de los buenos deseos. Patricio Jim¨¦nez, presidente de la Confederaci¨®n de Sindicatos de M¨¦dicos, cree que son promesas exageradas y de imposible cumplimiento "al menos hasta que se aumente el gasto sanitario en dos o tres puntos del PIB" (Producto Interior Bruto). Desde su punto de vista, no hay ni infraestructura, ni medios, ni personal suficiente.

Si se pregunta a las asociaciones del ramo si son necesarios m¨¢s polic¨ªas y guardias civiles para garantizar la seguridad ciudadana, la respuesta es s¨ª, pero no. El Sindicato Unificado de Polic¨ªa (SUP) y el Sindicato Unificado de Guardias Civiles (SUGC) est¨¢n de acuerdo en que aumentar el n¨²mero de agentes puede surtir efecto en el electorado, pero no es una prioridad. Para garantizar la seguridad, indican, s¨®lo habr¨ªa que cubrir las plazas que quedan vacantes cada a?o (de 3.000 a 3.500). Los dos sindicatos coinciden en que hay agentes de sobra, pero est¨¢n mal distribuidos: "faltan en las ciudades y sobran en otros sitios". Lo que s¨ª consideran efectivo y urgente es trabajar por una mayor coordinaci¨®n, que desemboque a medio plazo en la unificaci¨®n efectiva de ambos cuerpos, de forma que se termine con lo que consideran un sinsentido: "dos cuerpos y dos estructuras en abierta competencia".

La presente legislatura ha terminado con un mal trago. El PSOE acus¨® al PP de instrumentalizar el Pacto de Estado de la Justicia, que naci¨® con vocaci¨®n de agilizar los procesos, modernizar la Justicia y despolitizar la vida judicial, y decidi¨® abandonarlo. Al margen de propuestas de ambos partidos de aumentar el n¨²mero de jueces, la pol¨¦mica se ha centrado en la propuesta socialista de convertir a los tribunales superiores de justicia auton¨®micos en la ¨²ltima instancia procesal en su ¨¢mbito territorial, y limitar el papel del Supremo a la unificaci¨®n de doctrina. Una medida fuertemente criticada desde el PP, que s¨ª acepta algunas reformas en el Tribunal Supremo para agilizar los tiempos de respuesta de los recursos de amparo.

Tampoco hay consenso entre las dos principales asociaciones judiciales. La Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (mayor¨ªa y conservadora) cree que si se aplica este modelo se pueden originar desigualdades a la hora de impartir justicia. Su portavoz, Jos¨¦ Manuel Su¨¢rez, asegura que "no se entender¨ªa que en lugares distintos, ante las mismas situaciones, haya sentencias totalmente dispares". Una opini¨®n que no comparte Miguel Carmona, portavoz de Jueces para la Democracia (progresista): "Los tribunales de justicia auton¨®micos son ¨®rganos del Estado, y, por tanto, garantizan la igualdad, y adem¨¢s, para eso estar¨ªa el Supremo, para vigilar que esas situaciones no se produjeran".

Unas 4.000 personas perdieron la vida en las carreteras en 2003. Para rebajar la siniestralidad, el PP y el PSOE incluyen en sus programas medidas para mejorar la seguridad vial, entre las que destaca el establecimiento de un carn¨¦ por puntos. Este sistema se aplica con ¨¦xito en otros pa¨ªses europeos. Diego Az¨²a, portavoz del Real Autom¨®vil Club de Espa?a, considera que el nuevo sistema ser¨¢ efectivo: "La medida tendr¨¢ como consecuencia un cambio de percepci¨®n del conductor, que ser¨¢ m¨¢s consciente de lo que se juega cuando infringe las normas de tr¨¢fico. Sin embargo, asegura, "todav¨ªa queda por saber c¨®mo se van a establecer las equivalencias entre infracciones y puntos, y qu¨¦ modelo se puede implantar".

Las competencias est¨¢n cedidas a las comunidades, salvo en el caso de Ceuta y Melilla. La intenci¨®n del PP es desarrollar las leyes aprobadas en la pasada legislatura (la Ley de Calidad y la Ley Org¨¢nica de Universidades). El PSOE quiere hacer una reforma de las mismas, contando con todas las partes. Pero, a tenor de las medidas de ambos partidos, gane quien gane, los alumnos ser¨¢n esolarizados desde los 3 a?os, estudiar¨¢n otros idiomas, no tendr¨¢n problemas para enfrentarse a las Nuevas Tecnolog¨ªas y tendr¨¢n m¨¢s oportunidades para estudiar en otros pa¨ªses.