Un estudio revela que la justicia es m¨¢s dura con los menores de familia pobre
El 85% de los adolescentes juzgados en Andaluc¨ªa sufre retraso escolar
La justicia es m¨¢s dura con los menores que proceden de familias pobres que con los que tienen una situaci¨®n familiar normalizada. Lo dice un estudio publicado ayer por el Instituto Andaluz de Criminolog¨ªa, con sede en M¨¢laga, tras analizar 300 expedientes judiciales a menores de juzgados de M¨¢laga, Granada y C¨¢diz. El estudio asegura que el 85% de los menores juzgados sufre retraso escolar y que el 49% no estudia ni trabaja.
El estudio compara 300 expedientes enjuiciados bajo la Ley del Menor de 2000, con 240 expedientes enjuiciados con la anterior ley, la ley vigente hasta entonces, de 1992. La primera ampl¨ªa los delitos cometidos por j¨®venes de hasta 17 a?os, mientras que la anterior terminaba a los 15.
La autora del trabajo, F¨¢tima P¨¦rez, asegura que los jueces "no s¨®lo tienen en cuenta elementos legales" a la hora de imponer un castigo al menor. Los jueces eval¨²an "las circunstancias personales y sociales de los infractores", seg¨²n el estudio.
La autora sostiene que el an¨¢lisis de los los casos en los que se dan las soluciones m¨¢s leves, como la absoluci¨®n y al amonestaci¨®n, y las m¨¢s graves, como el internamiento revela "que existe una pr¨¢ctica discriminatoria". Y a?ade: "Los factores que hacen m¨¢s probable la imposici¨®n de una medida de internamiento son aquellos que revelan una situaci¨®n familiar desfavorecida". Entre estas situaciones que predisponen al internamiento en un centro de menores est¨¢n la desestructuraci¨®n familiar, personalidad problem¨¢tica y escasa vinculaci¨®n familiar.
Seg¨²n el informe, "es m¨¢s probable" que los menores sin problemas en el colegio, con una familia normalizada y sin agobios econ¨®micos "sean amonestados o absueltos que sus compa?eros con una situaci¨®n personal y familiar m¨¢s dif¨ªcil" .
El fracaso escolar y la falta de una ocupaci¨®n son dos de los factores "que m¨¢s inciden en que estos j¨®venes opten por la delincuencia", por lo que es necesario "tomar medidas preventivas fuera del ¨¢mbito judicial, sobre todo en el tema del fracaso escolar, y ofrecerles v¨ªas de formaci¨®n laboral", explic¨® P¨¦rez en rueda de prensa.
El estudio se?ala que los j¨®venes que cometen por primera vez una infracci¨®n viven mayoritariamente "en una situaci¨®n social normalizada" mientras que los reincidentes se encuentran en familias con problemas de exclusi¨®n.
Por ello, P¨¦rez insisti¨® en que "lo importante es actuar cuando el menor comete su primera falta, y no esperar a que llegue a delitos m¨¢s importantes" y denunci¨® la "t¨ªmida aplicaci¨®n de los elementos educativos".
El estudio califica como "lamentable" que el 85% de los menores enjuiciados entre 2000 y 2002 sufr¨ªa retraso escolar. Adem¨¢s, el 49% no realiza ninguna actividad. Estos son aquellos que "se han quedado a la deriva y no se han incorporado a ning¨²n trabajo" al salir del sistema educativo, seg¨²n P¨¦rez. El estudio concluye que para prevenir la delincuencia juvenil es necesario "tomar medidas preventivas fuera del ¨¢mbito judicial, sobre todo en el tema del fracaso escolar, y ofrecer a los menores v¨ªas de formaci¨®n laboral".
El estudio se?ala que la delincuencia de los menores no es peligrosa, como demuestra que en muy pocos casos se han tenido que tomar medidas cautelares. La nacionalidad de los menores enjuiciados es mayoritariamente espa?ola, un 94%, aunque destac¨® que la presencia de menores extranjeros "se ha triplicado desde 2000 y ha pasado del 2% al 6%".
M¨¢s internamiento
Adem¨¢s, el estudio indica que, en lo referente a las medidas impuestas por los jueces, la ley de 2000 ha aumentado el internamiento y la realizaci¨®n de servicios en beneficio de la comunidad, mientras que con la antigua ley predominaban las sentencias de libertad vigilada.
En el estudio, P¨¦rez se refiri¨® tambi¨¦n a la actividad de los abogados. De ellos destac¨® que en un primer momento piden la absoluci¨®n, sin embargo en la celebraci¨®n del juicio "cambian su petici¨®n en la misma medida que solicita el Ministerio Fiscal". As¨ª, el 84% de los casos acaban con una sentencia de conformidad, en la que el fiscal y el abogado est¨¢n de acuerdo.
Un a?o para la sentencia
El estudio sobre la situaci¨®n judicial de los menores en Andaluc¨ªa refleja que el retraso en la justicia afecta tambi¨¦n a los menores. Desde que se produce la infracci¨®n de la ley, hasta que el juez dicta sentencia, trascurren entre 10 y 15 meses.
La autora del estudio, F¨¢tima P¨¦rez, afirm¨® que este lapso de tiempo es excesivo porque "si la respuesta no es inmediata, no tendr¨¢ un contenido educativo sino que simplemente se convierte en un proceso aflictivo". Adem¨¢s resalt¨® la importancia de juzgar con celeridad a los menores para que no se encuentren con sentencias por infracciones cometidas a?os antes, porque pueden haber cambiado mucho.
Entre los menores enjuiciados con la Ley del Menor de 2000, s¨®lo el 5% son mujeres. con la ley de 1992, el porcentaje ascend¨ªa hasta el 12,9%. El estudio lo achaca a que la antigua ley juzgaba a los menores hasta los 15 a?os y las mujeres dejan de delinquir antes que los hombres.
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