Espa?a pedir¨¢ a Bruselas m¨¢s tiempo para concretar el cierre de minas

Espa?a va a pedir a Bruselas m¨¢s tiempo para concretar qu¨¦ minas de carb¨®n deben cerrar y cu¨¢les ser¨¢n parte de la reserva estrat¨¦gica autorizada por la UE. En teor¨ªa, el Gobierno debe presentar, antes de julio, tres planes relacionados entre s¨ª: el de reservas estrat¨¦gicas de carb¨®n, el plan de asignaci¨®n de emisiones contaminantes y el de grandes instalaciones energ¨¦ticas. Ninguno est¨¢ cerrado. S¨®lo en la miner¨ªa del carb¨®n est¨¢n en juego 11.430 empleos (4.800 en Hunosa) y 47 empresas. El Plan del Carb¨®n ha costado, entre 1998 y 2003, 12.729 millones de euros.

Es una carrera contra reloj y muy complicada. Tres planes ¨ªntimamente relacionados y fundamentales para el sector energ¨¦tico (el de emisiones contaminantes, la reserva estrat¨¦gica del carb¨®n y el de grandes instalaciones) deber¨ªan estar este mismo mes sobre la mesa de la Comisi¨®n Europea. Ninguno de los tres est¨¢ siquiera perfilado. Mucho menos negociado con los sindicatos y con las comunidades auton¨®mas como desea el nuevo ministro de Industria, Jos¨¦ Montilla.

Y todo ello mientras Bruselas ha decidido poner la lupa sobre el sector del carb¨®n ya que el Ejecutivo anterior, pese al cambio en la reglamentaci¨®n de las ayudas de 2002, sigui¨® actuando como si nada sucediera. El resultado: la Administraci¨®n espa?ola debe aclarar los conceptos por los que ha seguido concediendo ayudas (unos 600 millones de euros) a las empresas mineras en 2003 y 2004.

Dada la situaci¨®n, que s¨®lo en el sector de la miner¨ªa del carb¨®n afecta a 11.430 empleos (la mitad de ellos en Asturias) y 47 empresas, el nuevo Ejecutivo socialista ha decidido pedir a Bruselas m¨¢s tiempo para decidir c¨®mo hacer frente a las exigencias que imponen las normas comunitarias. Esta misma semana, el nuevo secretario general de Energ¨ªa, Antonio Fern¨¢ndez Segura, representar¨¢ al titular de Industria, Jos¨¦ Montilla, en la reuni¨®n prevista de los ministros de Energ¨ªa de la UE. Ser¨¢ una primera toma de contacto y la oportunidad de tantear el ambiente en Bruselas.

Siete comunidades

Con una idea central: la miner¨ªa del carb¨®n, una actividad econ¨®mica significativa en siete comunidades aut¨®nomas (Andaluc¨ªa, Arag¨®n, Castilla-La Mancha, Castilla y Le¨®n, Catalu?a y el Principado de Asturias) requiere ayudas para su funcionamiento ya que el carb¨®n nacional, por sus costes de extracci¨®n, no puede competir con el carb¨®n importado. Hasta 2010, la posibilidad de ayudar al sector, a condici¨®n de reducir producci¨®n y acometer el cierre de explotaciones, est¨¢ asegurada. Lo que suceda a partir de esa fecha depende de lo que las partes implicadas (Gobierno, sindicatos, comunidades aut¨®nomas, empresas energ¨¦ticas y autoridades de Bruselas) negocien ahora.

La partida que comienza ahora y que, seg¨²n todas las partes consultadas, hubiera debido comenzar hace meses, se asemeja "a una partida de mus", seg¨²n la define el portavoz y responsable de la patronal de las empresas mineras Carbuni¨®n, Jos¨¦ Antonio Gonz¨¢lez". Cada parte intentar¨¢ convencer a la otra de que tiene las mejores cartas. De momento, sin ¨®rdagos. Las cartas de los sindicatos, CC OO y UGT, tienen forma de estad¨ªstica: el Plan del Carb¨®n 1998-2005, aseguran, ha funcionado bien, hasta tal punto que el Plan preve¨ªa que en el a?o 2005 hubiera en Espa?a 17.000 mineros y 2004 acabar¨¢ con 10.111. Todo ello, recalca Rafael Varea, de CC OO, con una "reducci¨®n global" de la producci¨®n de carb¨®n del 31,7% entre 1997 y 2003 (de 17,7 millones de toneladas a 12,1 millones).

Coste

El coste de esa reducci¨®n de actividad tan notoria como tranquila, seg¨²n datos del Ministerio de Econom¨ªa que dirigi¨® hasta abril Rodrigo Rato ha sido de 12.729 millones de euros desde 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2003. M¨¢s de dos billones de las antiguas pesetas (ver cuadro). La parte del le¨®n se la han llevado las prejubilaciones, a los 52 a?os oficiales, aunque el c¨®mputo de a?os trabajados depende de la actividad desarrollada por el trabajador en la mina. El coste de esas prejubilaciones y bajas m¨¢s de 14.000 en seis a?os), incluyendo por supuesto a la estatal Hunosa, ha sido de 5.718 millones de euros (3.759,23 pagados y 1.958 comprometidos).

Para ayudas a la producci¨®n s¨®lo se ha gastado, en seis a?os, 3.951 millones de euros. Desde los sindicatos, no obstante, se destaca que buena parte del dinero ha ido a parar, tambi¨¦n, a proyectos de infraestructuras, empresariales y de formaci¨®n que no benefician espec¨ªficamente a los mineros, sino a comarcas enteras y a la sociedad en su conjunto.

Ni Gobierno, ni sindicatos, ni empresas contestan, ni por aproximaci¨®n, a la pregunta de cu¨¢ntas minas sobran. En Carbuni¨®n, por ejemplo, se afirma que las minas dependen de los contratos que mantienen con las el¨¦ctricas que tienen centrales t¨¦rmicas. Y no est¨¢ claro cu¨¢ntas de esas centrales se mantendr¨¢n. La UE exige que Espa?a concrete cu¨¢ntas de esas centrales de carb¨®n se modernizar¨¢n para emitir menos gases y cu¨¢ntas, en caso contrario, se cerrar¨¢n en un plazo aproximado de tres a?os. Las el¨¦ctricas, agrupadas en Unesa, han adelantado que est¨¢n dispuestas a invertir hasta 805 millones para modernizar las t¨¦rmicas, lo que supondr¨ªa dar vida a las minas. Pero todo depende de las cuotas que reparta el Gobierno para cumplir con Kioto. Una partida de mus.