Condenado el Estado por liberar "por error" a un recluso que tirote¨® a un m¨¦dico
La Audiencia Nacional obliga a Interior a indemnizar al facultativo con 24.000 euros
La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio del Interior a indemnizar con 24.040 euros a un m¨¦dico al que tres delincuentes intentaron matar a tiros por encargo de una tercera persona. Los delincuentes dispararon tres veces contra el facultativo, pero ¨¦ste s¨®lo fue alcanzado por una bala, que le caus¨® heridas que tardaron 90 d¨ªas en curar. La Audiencia cree que el Estado es responsable patrimonial del suceso porque Jos¨¦ M. F., cabecilla del grupo, de 51 a?os y vecino de Madrid, estaba en libertad "por error involuntario" de un funcionario de la prisi¨®n de Navalcarnero.
El facultativo, que a¨²n vive con un fragmento de la bala alojado en su costado derecho y sufre dolores por ello, recibi¨® una visita imprevista en la consulta que tiene en Marbella (M¨¢laga). El 4 de junio de 1998, tres hombres, a cara descubierta y empu?ando armas de fuego, se introdujeron en su consulta con intenci¨®n de matarle.
"Consegu¨ª parar al primero que entr¨®. Forcejeamos y se dispar¨® el arma, pero la bala fue contra una pared. Luego me dispar¨® el segundo, pero fall¨®. Pero volvi¨® a disparar y s¨ª que me dio", explica el facultativo. "Despu¨¦s, con todo el revuelo que hab¨ªamos formado, salieron huyendo", a?ade la v¨ªctima.
La bala le perfor¨® el costado izquierdo, qued¨¢ndole alojada cerca del est¨®mago. Las heridas sufridas le obligaron a permanecer hospitalizado durante cuatro d¨ªas y estuvo 86 m¨¢s restableci¨¦ndose de las heridas.
El caso fue juzgado por v¨ªa penal en la Audiencia Provincial de M¨¢laga, que en julio de 2002 conden¨® a dos de los tres miembros del grupo, Jos¨¦ M. J. y Carlos David P. R., ambos de Madrid, a nueve a?os de prisi¨®n como autores de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia il¨ªcita de armas.
Carlos David P. R. fue el autor material del disparo que hiri¨® al m¨¦dico, realizado con un rev¨®lver de la marca Astra del calibre 22. Juan M. J. fue considerado por el juez como el jefe del grupo, al que "los dos otros implicados obedec¨ªan". El tercer procesado, Manuel R.G., fue condenado como colaborador.
Durante la vista oral, el abogado del m¨¦dico trat¨® de demostrar que los delincuentes hab¨ªan actuado por encargo de una tercera persona a la que identific¨®, pero el juez, pese a admitir que los delincuentes hab¨ªan sido contratados para matar al m¨¦dico, no conden¨® al presunto inductor por falta de pruebas.
Durante este primer juicio de M¨¢laga, sin embargo, qued¨® en evidencia un hecho que ha sido utilizado por el facultativo para reclamar al Estado. Juan M. F., el cabecilla del grupo y un conocido delincuente de la zona de Vallecas, hab¨ªa sido excarcelado indebidamente un a?o y medio antes del tiroteo, el 12 de diciembre de 1996.
"Error involuntario"
Este preso sali¨® en libertad al cumplir la pena por la que permanec¨ªa ingresado en el Centro Penitenciario Madrid IV, en Navalcarnero. Juan M. F., sin embargo, "fue excarcelado por un error involuntario del funcionario encargado de la tramitaci¨®n de las libertades", seg¨²n la sentencia, ya que "se encontraba al mismo tiempo en situaci¨®n de preso preventivo a disposici¨®n de la Secci¨®n 1? de la Audiencia Provincial de Madrid por otro delito", contin¨²a el fallo de la Audiencia Nacional.
Alejandra Pastor-Peris, abogada del m¨¦dico, que ejerc¨ªa la acusaci¨®n particular, afirma que en este caso "el m¨¦dico ha visto lesionados sus derechos por el mal funcionamiento de las administraciones, por lo que es aplicable la Ley 30/1992, de R¨¦gimen Jur¨ªdico de las Administraciones P¨²blicas".
Esta ley establece que un ciudadano podr¨¢ "exigir responsabilidad patrimonial a los servicios p¨²blicos" cuando sufra "una lesi¨®n o da?o cuantificable " y atribuible al mal funcionamiento de las administraciones p¨²blicas "que no ebedezca a un caso de causa mayor".
La sentencia ha sido dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo, Secci¨®n Quinta, de la Audiencia Nacional, y en ella ha actuado de ponente el magistrado Fernando de Mateo Men¨¦ndez.
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