Las empresas tendr¨¢n un m¨¢ximo de un mes para pagar a los proveedores comerciales

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar ma?ana un proyecto de ley para acabar con la morosidad comercial. De acuerdo con los planes del Ejecutivo, el plazo de pago ser¨¢ de 30 d¨ªas si no hay acuerdo entre las partes que fije otro plazo. Ese mismo plazo se establece para los productos alimenticios frescos y perecederos, mientras que para los alimentos no perecederos y de gran consumo el tope se eleva a 60 d¨ªas. Ese mismo plazo se fija para los pagos de las administraciones p¨²blicas en todos los productos. Esta iniciativa, que lleva tres a?os de retraso, trata de defender a los peque?os y medianos proveedores comerciales.

La iniciativa del Gobierno, elaborada en conjunto por los departamentos de Comercio y Agricultura, supone una modificaci¨®n de la Ley de Comercio Minorista de 1996. En el texto que piensa aprobar el Consejo de Ministros y que ayer analiz¨® la Comisi¨®n de Subsecretarios se recogen algunas modificaciones a esa ley, as¨ª como una disposici¨®n adicional en la que se espec¨ªfican los plazos de pago que se impondr¨¢n para los diferentes productos alimenticios. De esta forma, los alimentos perecederos se limitan a 30 d¨ªas, mientras que para los dem¨¢s alimentos el tope ser¨¢ de 60 d¨ªas. Para este segundo apartado se dar¨¢ un periodo de transici¨®n hasta el 1 de enero de 2007, de manera que hasta esa fecha se permitir¨¢ el pago a 90 d¨ªas.

El texto recoge las reivindicaciones de los proveedores, que se quejan de que el plazo medio de cobro es superior a los 100 d¨ªas de las entregas. El Ejecutivo quiere terminar con el poder que ejercen las grandes superficies. La decisi¨®n fue expuesta adelantada en parte en el Congreso por el secretario de Estado de Comercio y Turismo, Pedro Mej¨ªa, quien dijo que el proyecto pretende el establecimiento de un tipo de inter¨¦s fijo y "disuasorio" por parte de las empresas que alargan el plazo de pago a los proveedores. Este tipo se referenciar¨¢ al que aplica el BCE en sus operaciones de principales de refinanciaci¨®n (ahora, el 2%) m¨¢s siete puntos porcentuales. Precis¨® que estos tipos se aplicar¨¢n una vez vencidos los plazos y condiciones acortados entre las partes que siempre ser¨¢n respetados en la normativa. "Los plazos deben guardar relaci¨®n con el producto que se est¨¢ comprando. El objetivo de la futura norma es corregir la posici¨®n de determinados operadores cuyo periodo de pago es muy amplio y que puede ocasionar el ahogo del productor y que compiten deslealmente con el peque?o comercio", dijo.

Mej¨ªa reconoci¨® que esta normativa llega con mucho retraso. De hecho, en el pasado mes de julio de 2003, el Tribunal de Luxemburgo admiti¨® a tr¨¢mite la denuncia del Colegio de Comisarios contra el Gobierno espa?ol despu¨¦s de que la Federaci¨®n Espa?ola de Alimentaci¨®n y Bebidas (FIAB) denunciara el gran retraso, tres a?os, en la trasposici¨®n de la directiva europea a Espa?a.

El proyecto de ley que aprobar¨¢ el Gobierno cuenta con un gran respaldo parlamentario. Ayer, CiU present¨® una proposici¨®n no de ley que ha sido pactada con el PP y el PSOE, que fue aprobada en la Comisi¨®n de Econom¨ªa y que insta al Gobierno a aprobar el Proyecto de Ley de Morosidad de las Operaciones Comerciales. El portavoz de Econom¨ªa de CiU, Josep S¨¢nchez Llibre, dijo que las demoras en las operaciones comerciales son muy nocivas para la econom¨ªa y a?adi¨® que anualmente en Europa los retrasos en los pagos generan unos 90.000 millones de deudas vencidas y exigibles pendientes de cobro, p¨¦rdidas de cr¨¦ditos "incobrables" por valor de 23.600 millones y m¨¢s de 10.000 millones en concepto de costes financieros.

Aminorar desequilibrios

El texto legal dice que quedan fuera del ¨¢mbito de la nueva normativa los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan consumidores, los intereses relacionados con otros pagos (cheques, letras de cambio), los pagos realizados por aseguradoras, as¨ª como las deudas sometidas a procesos concursales como suspensiones de pagos de empresas o quiebras. Para la Confederaci¨®n Espa?ola de Comercio, que aglutina a 400.000 comercios, el texto viene a aminorar los desequilibrios que se producen en los pagos entre el grande y el peque?o comercio.

El secretario general de la FIAB, Jorge Jordana, se muestra esc¨¦ptico sobre el acortamiento del plazo de pago en la realidad diaria por la gran fuerza de las grandes superficies. Anged, que engloba a las grandes superficies, se defiende diciendo que ellos pagan al mismo plazo de la industria y que siempre son acusados de forma sistem¨¢tica en el apartado de los perecederos.