El Gobierno mantendr¨¢ el agravamiento de penas para los hombres violentos
Caldera afirma que la ley integral ya incluye a los hijos, pero "se reforzar¨¢ este aspecto"
La ley org¨¢nica integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres dejar¨¢ fuera a las v¨ªctimas masculinas. Tambi¨¦n se mantendr¨¢ el agravamiento de las penas para los hombres que amenacen o coaccionen de forma leve a su mujer, seg¨²n anunci¨® ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jes¨²s Caldera. En cambio, el Gobierno eliminar¨¢ de la futura norma la necesidad de probar que la violencia masculina obedece a un af¨¢n de discriminaci¨®n o desigualdad. Las organizaciones de mujeres pidieron ayer a Caldera que la ley cree una "defensor¨ªa de la mujer" para controlar su eficacia.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que ayer se reuni¨® con representantes de las organizaciones de mujeres para estudiar la futura norma, ratific¨® que el Gobierno aprobar¨¢ el pr¨®ximo d¨ªa 25 el proyecto de ley org¨¢nica integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres. Afirm¨® que se incorporar¨¢n "todas las sugerencias y aportaciones fundadas que no alteren la filosof¨ªa de la ley". Por tanto, ser¨¢ una norma dirigida exclusivamente a las mujeres maltratadas (discriminaci¨®n positiva) y dejar¨¢ fuera a los hombres en esa situaci¨®n. Quedar¨¢n amparados por el C¨®digo Penal.
La exclusi¨®n masculina ha sido criticada por los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrados por el PP. Sin embargo, seg¨²n el Gobierno est¨¢ plenamente justificada porque el objetivo de la ley es corregir una situaci¨®n de desigualdad. Nueve de cada diez denuncias de violencia dom¨¦stica son de mujeres.
Tambi¨¦n se mantendr¨¢ una tipificaci¨®n distinta para las amenazas y coacciones leves, cuestionada por vocales conservadores y progresistas del Poder Judicial. Si las comete el hombre, ser¨¢n delitos. Si son obra de la mujer, continuar¨¢n como faltas. Seg¨²n Caldera, se trata de una "acci¨®n positiva para corregir una desigualdad". "Los tipos penales reforzados est¨¢n plenamente justificados con la Constituci¨®n y los convenios internacionales", a?adi¨®. Puso como ejemplo de los ya existentes que un asesinato terrorista se castiga con una pena mayor que otro sin esa motivaci¨®n.
Caldera valor¨® el informe del Consejo Econ¨®mico y Social que respalda el anteproyecto y sali¨® al paso la cr¨ªtica m¨¢s importante recogida en ¨¦l, el "efecto colateral" de la exclusi¨®n de los hijos. El ministro asegur¨® que "es un criterio intolerable decir que los hijos quedan excluidos". Sin embargo, matiz¨® que se reformular¨¢ este aspecto para que quede recogido de forma m¨¢s clara en la norma.
Sin intenci¨®n
Uno de los cambios que sufrir¨¢ la ley ser¨¢ el del art¨ªculo 1, que se?ala el objeto de la norma. Define as¨ª la violencia ejercida sobre la mujer: "la utilizada como instrumento para mantener la discriminaci¨®n, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres". Esa redacci¨®n obliga a tener que probar el ¨¢nimo discriminador del agresor, lo que dificultar¨ªa la aplicaci¨®n de la ley. As¨ª lo advirti¨® Montserrat Comas, vocal progresista del Poder Judicial que redact¨® un informe favorable a la ley contra el que vot¨® la mayor¨ªa conservadora de la Comisi¨®n de Estudios e Informes del CGPJ. Este organismo debe redactar un nuevo an¨¢lisis, a cargo de un vocal conservador. El informe se aprobar¨¢ la pr¨®xima semana.
Las asociaciones de mujeres pidieron ayer a Caldera que la privaci¨®n del r¨¦gimen de visitas o de la guarda y custodia para los maltratadores sea una pena accesoria, en lugar de quedar al arbitrio del juez, seg¨²n detall¨® la abogada Consuelo Abril. Tambi¨¦n pidi¨® que la ley cree, dentro del observatorio nacional contra la violencia, la "defensor¨ªa de la mujer", "un ¨®rgano colegiado para atender las quejas sobre el funcionamiento de la ley y de hacer propuestas vinculantes". Entre las modificaciones que ya ha admitido el Gobierno figura "reforzar la formaci¨®n" de los profesores que impartir¨¢n los contenidos de igualdad, en l¨ªnea con la solicitud del Consejo Escolar del Estado.
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