El juez fija 4,9 millones de fianza a Alierta para responsabilidad civil

El juez de Instrucci¨®n n¨²mero 32 de Madrid, Jos¨¦ Santiago Torres, ha impuesto una fianza de 4.950.000 euros al presidente de Telef¨®nica, C¨¦sar Alierta; a su esposa, Ana Cristina Placer, y a su sobrino Luis Javier Placer Mendoza, para asegurar las responsabilidades pecuniarias en el proceso por presunto delito de utilizaci¨®n de informaci¨®n privilegiada en la compra de acciones de Tabacalera, de la que Alierta fue presidente.

El auto no hab¨ªa sido notificado ayer a los imputados, que, en cambio, s¨ª hab¨ªan recibido otra resoluci¨®n del magistrado Torres en el que se declaraba competente para instruir el proceso, en contra de lo dispuesto por la Secci¨®n Cuarta de la Audiencia Nacional y el juez Central de Instrucci¨®n n¨²mero 4, Fernando Andreu, que le hab¨ªan requerido de inhibici¨®n.

A la vista de que cada instructor ha defendido su competencia, ser¨¢ ahora el Tribunal Supremo el que resuelva el conflicto y el que decida si el caso debe de tramitarlo el juez Torres o el juez Andreu.

Pena por anticipado

En el auto por el que el juez Torres impone la fianza de casi cinco millones de euros a Alierta, su esposa y su sobrino, el magistrado recuerda que "las responsabilidades pecuniarias de la presente causa ser¨ªan el cumplimiento de la pena de multa a que se refiere el art¨ªculo 285 del C¨®digo Penal". ?se es el precepto aludido por la Audiencia Provincial cuando orden¨® al juzgado que procediera a practicar diligencias de esclarecimiento de los hechos. Tal precepto dispone que "quien de forma directa o por persona interpuesta usare de alguna informaci¨®n relevante para la cotizaci¨®n de cualquier clase de valores o instrumentos negociados en alg¨²n mercado organizado, oficial o reconocido, a la que haya tenido acceso reservado con ocasi¨®n del ejercicio de su actividad profesional o empresarial, o la suministrare obteniendo para s¨ª o para un tercero un beneficio econ¨®mico superior a setenta y cinco millones de pesetas o causando un perjuicio de id¨¦ntica cantidad, ser¨¢ castigado con la pena de prisi¨®n de uno a cuatro a?os y multa de tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido".

El magistrado precisa que en la causa se ha acreditado, a trav¨¦s de las actuaciones inspectoras de la CNMV, que las acciones adquiridas a trav¨¦s de la empresa Creaciones Baluarte fueron vendidas obteni¨¦ndose un beneficio de 309 millones de pesetas (1,85 millones de euros), en cifras redondeadas. Se estima que el deber de aseguramiento debe abarcar hasta el tramo medio de la posible multa que se pudiera imponer en su d¨ªa, incrementada en un tercio, como exige el art¨ªculo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (esto es, el duplo de 309 millones m¨¢s un tercio de dicha suma, o lo que es lo mismo, salvo error aritm¨¦tico, 824 millones de pesetas, equivalentes a 4.950.000 euros).

Pena anticipada

En fuentes de la defensa han considerado que el juez trata de imponer una pena anticipada. De hecho, las citadas fuentes anunciaron la presentaci¨®n de una denuncia contra el juez Torres ante el Consejo General del Poder Judicial.

La denuncia tiene como base que el instructor ha practicado pruebas testificales que posteriormente ha utilizado como fundamento para exigir la prestaci¨®n de una fianza sin haber atendido a la solicitud de suspensi¨®n efectuada por las defensas.

Despu¨¦s de que la Audiencia Nacional decretara su competencia, Torres acord¨® tomar declaraci¨®n a distintos testigos, a los que interrog¨® a pesar de la ausencia de los abogados defensores, con vulneraci¨®n del derecho de defensa de Alierta y sus familiares. Una vez que el Juzgado Central n¨²mero 4 de la Audiencia Nacional requiri¨® a Torres para que le remitiese la causa, ¨¦ste recab¨® informes al fiscal y a la acusaci¨®n popular antes de pronunciarse sobre el requerimiento, cuando la ley impone que si dos jueces no se ponen de acuerdo sobre su competencia deben remitir sin dilaci¨®n sus decisiones al Tribunal Supremo, que es quien debe convocar a las partes. Ello supone un fraude de ley procesal, a juicio de las defensas.