La ola de calor: una nueva excusa para las el¨¦ctricas
Esta vez le ha tocado a Andaluc¨ªa, a Sevilla. Antes fueron Mallorca, Catalu?a, Valencia y Madrid y ma?ana no sabemos a qu¨¦ parte del territorio afectar¨¢. Cerca de doscientos treinta mil usuarios sevillanos han padecido durante los ¨²ltimos d¨ªas cortes en el suministro el¨¦ctrico que han afectado gravemente a su bienestar y a la econom¨ªa de la provincia: cientos de empresas se han quedado paralizadas; bares, comercios, mercados, hospitales... Endesa ha sumido a Sevilla en un caos y en una total inseguridad, inaceptable en el siglo XXI, con graves p¨¦rdidas econ¨®micas que se han llegado a comparar con una huelga general. No es un problema nuevo; lo llevamos arrastrando en Espa?a durante los ¨²ltimos a?os y le corresponder¨¢ al Gobierno socialista, una vez m¨¢s, dar soluci¨®n a un problema heredado e ineficazmente gestionado por los sucesivos gobiernos de la derecha.
Las compa?¨ªas el¨¦ctricas han gozado, durante estos ¨²ltimos ocho a?os, del beneficio de un gobierno plegado a sus presiones e intereses y del que han recibido ingentes cantidades de dinero. Su negociaci¨®n con el Gobierno de Aznar para recibir compensaciones de cara a la liberalizaci¨®n del sector, supuso la entrega de m¨¢s de un bill¨®n de las antiguas pesetas por unos activos de generaci¨®n que estaban fuertemente amortizados. Ese dinero, que pagamos todos los espa?oles a trav¨¦s del recibo de la luz y que motiv¨® la apertura de un expediente sancionador en el seno de la Comisi¨®n Europea, no ha servido para mejorar el servicio a los usuarios.
La alusi¨®n de las compa?¨ªas el¨¦ctricas a la necesidad de una subida de tarifas para evitar la repetici¨®n de los apagones, que es visto como una especie de "chantaje" por la mayor¨ªa de los ciudadanos, surge de manera repetitiva cada vez que aparece el problema. En febrero de 2002 la patronal el¨¦ctrica anunciaba futuros apagones si el Gobierno no sub¨ªa las tarifas y permit¨ªa, de esta manera, rentabilizar las inversiones de las compa?¨ªas. De forma sorprendente, en agosto del mismo a?o, el Ministerio de Econom¨ªa dirigido por entonces por Rodrigo Rato, anunciaba una reforma radical de la pol¨ªtica tarifaria del mercado el¨¦ctrico permitiendo que, hasta el a?o 2010, los precios pudieran subir a tasas anuales de hasta el 2%. Todo hac¨ªa presagiar que las advertencias y presiones de las compa?¨ªas el¨¦ctricas eran el origen de esta decisi¨®n. El Gobierno, que hab¨ªa prometido rebajar el recibo de la luz a los usuarios un 9% durante los a?os 2000, 2001 y 2002 , se olvid¨® de su promesa.
En el Partido Socialista nos opusimos firmemente a esa decisi¨®n. Las cuantiosas inyecciones de dinero recibidas por las compa?¨ªas para asegurar el suministro de electricidad a trav¨¦s de la denominada "garant¨ªa de potencia" debieron de destinarse a la mejora de la red de distribuci¨®n. A finales de 2002 un informe de la OCDE situaba a Espa?a entre los pa¨ªses de la UE en los que la electricidad es m¨¢s cara a la vez que denunciaba la alta concentraci¨®n de empresas el¨¦ctricas (en la pr¨¢ctica un duopolio).
Queda claro que el problema no son las tarifas, como no lo es que en Sevilla haga calor en verano, porque lo ha hecho desde que los sevillanos tenemos memoria.
Que la culpa sea del usuario porque no modera su consumo energ¨¦tico, en un modelo social y econ¨®mico que fomenta el consumo constante para su funcionamiento produce una cierta perplejidad y, dicho desde el sector de la empresa, es sencillamente surrealista. Al ciudadano no se le puede bombardear publicitariamente desde todos los ¨¢mbitos, incluidos los encartes de algunas compa?¨ªas energ¨¦ticas, para incentivarle a consumir generando constantemente nuevas necesidades y, a la vez, cuando les conviene, trasladarle una responsabilidad que no es suya. Los ciudadanos pagan por un servicio y las empresas deben de garantizar su suministro y, esto ¨²ltimo, es exclusivamente responsabilidad de dichas empresas.
Los expertos llevan a?os denunciando que el verdadero problema de los apagones en Espa?a radica en las deficiencias en la distribuci¨®n el¨¦ctrica, es decir, en las instalaciones y cables de media y baja tensi¨®n que llevan la electricidad hasta las casas. Es un problema que ha ido empeorando a lo largo de los ¨²ltimos a?os y al que no se le ha prestado la atenci¨®n adecuada por parte del anterior gobierno. El problema, b¨¢sicamente, reside en una mala regulaci¨®n del sector. El Gobierno anterior aument¨® la remuneraci¨®n a las empresas el¨¦ctricas sin fijar exigencias de inversi¨®n ni de calidad del suministro y; cuando lleg¨® a fijarlas, se olvid¨® de establecer sanciones por su incumplimiento.
Mientras tanto, las Administraciones auton¨®micas tratan de de paliar esta situaci¨®n, dentro del ¨¢mbito de sus competencias, abriendo expedientes y sancionando a las empresas para exigirlas un saneamiento de sus redes y poniendo a disposici¨®n de los usuarios, como ha hecho la Junta de Andaluc¨ªa, sus servicios para facilitar las reclamaciones y las futuras indemnizaciones a que tienen derecho. Hace exactamente un a?o la Junta de Andaluc¨ªa abri¨® expediente sancionador contra Sevillana-Endesa en las ocho provincias andaluzas por falta de revisiones e insist¨ªa en su petici¨®n al Gobierno y a Sevillana- Endesa en la necesidad de inversiones suficientes para garantizar el suministro en todo el territorio andaluz. El gobierno andaluz ha exigido reiteradamente a Sevillana-Endesa un plan de inversiones y de medidas excepcionales en todas sus subestaciones, centros de transformaci¨®n y l¨ªneas de distribuci¨®n. El plan de folio y medio que finalmente ha presentado la compa?¨ªa constituye una burla no s¨®lo a la Junta de Andaluc¨ªa sino a todos los usuarios andaluces
Isabel Pozuelo Me?o es diputada por Sevilla y Portavoz de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.
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