Agua, luz, gas e Internet

En Galicia y Andaluc¨ªa, Euskadi o Canarias, decenas de ayuntamientos est¨¢n instalando sus propias redes de telecomunicaciones, hartos, dicen, de esperar a que lo hagan los operadores privados. La mayor¨ªa ofrece sus servicios por un precio muy bajo, e incluso gratis, lo que ha provocado quejas de competidores y organismos reguladores. Lo que subyace es una discusi¨®n sobre la importancia de las telecomunicaciones en el siglo XXI. ?Es un servicio tan vital como para que el sector p¨²blico garantice su abastecimiento? La pelea acaba de comenzar.

La CMT est¨¢ barajando sancionar a Ponteareas con 12.000 euros por sanci¨®n "muy grave", al no darse de alta como operador

En Ponteareas, a 30 kil¨®metros de Vigo, viven 500 privilegiados. Este medio millar de ciudadanos s¨®lo ha tenido que firmar una solicitud para que su operador de telecomunicaciones les diera acceso a Internet a alta velocidad, y sin pagar un euro. La media de los espa?oles, mientras, debe conformarse con uno de los accesos a Internet m¨¢s caros y lentos de Europa: entre 29 y 101 euros al mes (seg¨²n datos del informe eEspa?a 2004 de la Fundaci¨®n Auna) por un acceso de 128/256 kbps (kilobits por segundo), una velocidad que, adem¨¢s, ning¨²n operador del mercado garantiza.

A los habitantes de Ponteareas no les ha tocado un sorteo. El operador de telecomunicaciones es su ayuntamiento, que ha decidido ofrecerles el acceso a Internet como un servicio p¨²blico, y de forma gratuita. En un lugar donde hay zonas que ni siquiera tienen l¨ªnea telef¨®nica, no hacer nada hubiera significado "dejar a Ponteareas al margen de la sociedad de la informaci¨®n", afirma Alberto Novoa, teniente de alcalde de la localidad.

Ponteareas sigue as¨ª la estela de el pueblo granadino de Atarfe, cuya decisi¨®n de ofrecer acceso gratuito a la Red sublev¨® a una operadora privada y, despu¨¦s, a la Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Este organismo ha abierto expediente a ambos ayuntamientos por sanci¨®n "muy grave", y ya est¨¢ barajando una sanci¨®n de 12.000 euros en el caso de Ponteareas.

En realidad, los expedientes se abrieron por una cuesti¨®n burocr¨¢tica, ya que ninguno de los ayuntamientos comunic¨® a la CMT que iba a ofrecer servicios de telecomunicaciones, tal y como exige la ley. Detr¨¢s de esta decisi¨®n, sin embargo, se esconde la preocupaci¨®n del organismo regulador, y de los operadores privados, por el hecho de que estos municipios est¨¦n ofreciendo acceso gratis -o por un precio muy bajo- a la Red. En una resoluci¨®n de noviembre pasado, la CMT advert¨ªa: "La oferta gratuita del servicio de acceso a Internet (...) ser¨ªa considerada, a priori (...), una actividad susceptible de producir distorsiones a la libre competencia".

Los casos de Atarfe y Ponteareas fueron denunciados por una televisi¨®n local y un cibercaf¨¦, respectivamente. Eduardo Pollatos, director de Atarfe TV, explica: "Es como tener una tienda de comestibles y que el ayuntamiento abra otra al lado donde los regala. No tenemos nada contra ellos, pero antes cont¨¢bamos una lista de espera de tres meses para nuestro negocio de acceso a Internet". Ahora, dice, esa lista est¨¢ "vac¨ªa". En todo caso, tanto Ponteareas como Atarfe aclaran que har¨¢n "todo lo necesario" para cumplir la legislaci¨®n vigente, y que est¨¢n dispuestos a cobrar por sus servicios. Atarfe ya lo hace, por un precio de entre tres y seis euros al mes. Ponteareas asegura que lo har¨¢ cuando la CMT aclare cu¨¢nto debe cobrar.

De Asturias a La Palma

El debate de la gratuidad es, en realidad, la punta del iceberg. Lo que ninguno de estos dos municipios va a hacer es renunciar es al despliegue de su red, y con ellos, Carre?o (Asturias), Sopelana (Vizcaya), Sagunto (Valencia), Avi¨®n (Orense), Calahorra (La Rioja) o Garaf¨ªa (La Palma). Decenas de ayuntamientos de toda Espa?a han decidido montar redes p¨²blicas de telecomunicaciones all¨ª donde los operadores privados no pueden o no quieren llegar.

"Para nosotros, los servicios b¨¢sicos deben ser garantizados desde el sistema p¨²blico", explica Antonio Rojo, concejal de Nuevas Tecnolog¨ªas de Atarfe. "Y un acceso a Internet de 128/256 kbps [el ADSL m¨¢s lento] es lo b¨¢sico", a?ade. El papel de los operadores privados, seg¨²n esta visi¨®n, ser¨ªa vender acceso a la Red por encima de ese m¨ªnimo, adem¨¢s de servicios a?adidos (juegos, multimedia). No se puede obligar a un operador privado, explica Rojo, a llevar agua a un pueblo lejano o a un cortijo. Por eso, los ayuntamientos que no quieran perder la estela de la sociedad de la informaci¨®n no pueden esperar a que las empresas decidan desplegar sus propias infraestructuras de telecomunicaciones. "En este pueblo vive mucha gente joven", confirma Alberto Novoa, el teniente de alcalde de Ponteareas, "que necesita acceder a Internet para trabajar. Si no pueden hacerlo, se ir¨¢n a vivir a cualquier otro sitio".

Y es que la disparidad de posibilidades de acceso a la Red entre la Espa?a rural y la urbana es ciertamente preocupante. De las dos millones de l¨ªneas ADSL que hay en Espa?a, 800.000 est¨¢n en Madrid y Barcelona, seg¨²n datos de la Asociaci¨®n de Internautas (AI). Y todav¨ªa quedan 69.000 l¨ªneas de acceso rural que no pueden conectarse ni siquiera a Internet.

Esta situaci¨®n deja pueblos y comarcas enteras -y con ellas, a sus empresas- fuera de las ventajas que ofrece Internet, como la comunicaci¨®n inmediata, el acceso a todo tipo de datos y la puesta en marcha de esos negocios que comienzan con tele, como telemedicina, teletrabajo o teleformaci¨®n. Seis a?os despu¨¦s de la liberalizaci¨®n de las telecomunicaciones en Espa?a, la situaci¨®n no parece mejorar: las inversiones en redes se redujeron en 2003 un 25% respecto al a?o anterior y, sin embargo, los ingresos por banda ancha de las operadoras han crecido un 80% este a?o, seg¨²n el estudio anual del mercado presentado esta misma semana por la CMT. "Lo que no es aceptable es que el despliegue de las infraestructuras clave del siglo XXI, que son las telecomunicaciones, dependa de esa hoja de c¨¢lculo donde el operador analiza la rentabilidad de la inversi¨®n", a?ade Alfredo Romeo, director de la consultora Open: service, que forma parte del proyecto Redespublicas.org.

La tabla de salvaci¨®n para muchas poblaciones ha sido la irrupci¨®n de una tecnolog¨ªa de nombre simple: wi-fi. Esta rede inal¨¢mbrica de acceso a Internet utiliza una banda de frecuencia -la de 2,4 gigaherzios- en la que no se necesita licencia, lo que reduce el coste del despliegue. ?ste es, adem¨¢s, relativamente r¨¢pido, sencillo y barato: el ayuntamiento de Ponteareas, por ejemplo, se ha gastado 35.000 euros en su red, que da servicio a parte del caso urbano. Por eso, las redes wi-fi han explotado. Desde el pasado noviembre, la CMT ha recibido casi un centenar de notificaciones de empresas y organismos que quieren ofrecer wi-fi, entre ellos, decenas de municipios.

Cada d¨ªa se conocen, de hecho, nuevos planes de alg¨²n ayuntamiento para montar su red wi-fi -la mayor¨ªa est¨¢n recopilados en www.redespublicas.net-. La situaci¨®n ha explotado de tal forma que comienza a interesar, y preocupar, al Gobierno de la naci¨®n. Francisco Ros, secretario de Estado de Telecomunicaciones, dec¨ªa recientemente que hab¨ªa que "respetar" y "encauzar" estas iniciativas p¨²blicas, provocadas por "ciertos retrasos por parte de operadores". El Gobierno no quiere detallar mucho m¨¢s, pero admite la posibilidad de modificar la legislaci¨®n para buscar acomodo a estas redes p¨²blicas del siglo XXI, tratando de no afectar a la iniciativa privada. El modelo de las autopistas de peaje -que se explotan por concesiones administrativas- podr¨ªa aplicarse aqu¨ª, seg¨²n explican sus protagonistas. Lo que no es l¨®gico, explica Romeo, es "esperar a que una empresa decida si le conviene poner en marcha la red de la que depender¨¢ la evoluci¨®n del pa¨ªs en este siglo".