"Exigimos transparencia sobre qu¨¦ reformar, para qu¨¦ y c¨®mo"

"Los presidentes de las Comunidades y Ciudades Aut¨®nomas gobernadas por el Partido Popular, as¨ª como los presidentes regionales del Partido Popular, reunidos en San Mill¨¢n de la Cogolla (La Rioja), queremos compartir con la sociedad espa?ola nuestra contribuci¨®n para mantener la estabilidad institucional que ha hecho de Espa?a una de las democracias m¨¢s s¨®lidas del mundo:

En 1978, los espa?oles decidimos cu¨¢l era el camino correcto para afrontar el futuro con garant¨ªas. Un camino basado en el di¨¢logo, el consenso y el entendimiento que ha permitido a Espa?a convertirse en uno de los pa¨ªses m¨¢s descentralizados del mundo, con un alto nivel de estabilidad institucional que nos ha dado el periodo de libertad y prosperidad m¨¢s importante de nuestra historia. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que estos veinticinco a?os de Constituci¨®n son la historia de un ¨¦xito.

El Partido Socialista ha alcanzado el Gobierno de la Naci¨®n con el apoyo de algunas minor¨ªas que condicionan su actuaci¨®n pol¨ªtica.

Un gobierno d¨¦bil e inestable, dirigido por un partido con graves contradicciones entre sus distintos representantes territoriales, maniatado por los acuerdos con ERC en Catalu?a y obligado a cumplir las promesas electorales de un gobierno que no esperaba alcanzar. Los primeros meses de gobierno socialista se est¨¢n caracterizando por falta de iniciativas en lo que directamente afecta al bienestar de los espa?oles, por las contradicciones en sus propuestas de gobierno y por el empe?o en abrir una serie de debates que afectan directamente a la estabilidad de nuestro modelo de Estado. As¨ª, el debate territorial est¨¢ incorporando a la agenda pol¨ªtica nacional, sin orden ni criterio, cuestiones esenciales como la reforma de la Constituci¨®n y de los Estatutos de Autonom¨ªa, la financiaci¨®n auton¨®mica o la reforma del Senado.

Consideramos que no es l¨ªcito que el Partido Socialista encubra su proyecto de reforma de nuestro modelo de Estado, ni leg¨ªtimo que mantenga permanentemente abierto un debate territorial cuya ¨²nica justificaci¨®n es mantenerse en el Gobierno, incluso si el precio a pagar es poner en peligro nuestra estabilidad institucional. Porque tan irresponsables son las propuestas de ruptura que algunos preconizan de forma evidente, como la actitud del Gobierno de la Naci¨®n de mantener abierto un debate crucial, como el referente a nuestras normas b¨¢sicas de convivencia, sin presentar propuestas concretas.

En el debate de investidura, el Partido Popular no inst¨® al Presidente del Gobierno a proponer la reforma de la Constituci¨®n y de nuestro modelo de Estado. Nos corresponde ahora, como principal partido de la oposici¨®n, exigirle transparencia y claridad de ideas y de objetivos; claridad en qu¨¦ reformar, en c¨®mo hacerlo, en cu¨¢ndo, para qu¨¦ y a cambio de qu¨¦.

Asimismo, exigimos al Gobierno que, en tanto se acometa cualquiera de las reformas de las Instituciones del Estado planteadas en el debate de investidura, se evite poner en duda su funcionamiento. As¨ª, el Senado ha de ser pol¨ªticamente reconocido como una instituci¨®n cumplidora de los papeles que constitucionalmente tiene atribuidos, y no como una C¨¢mara en crisis, a extinguir, cuya transformaci¨®n pretenda acallar reivindicaciones territoriales inviables o romper el equilibrio en la representaci¨®n de los distintos territorios.

Igualmente, la reforma del Consejo de Estado no puede ser la excusa que justifique el retraso en la presentaci¨®n de las propuestas de reforma por parte del Gobierno. Ning¨²n ¨®rgano consultivo puede suplir la responsabilidad pol¨ªtica del Gobierno de la Naci¨®n.

El Partido Popular defender¨¢ que se refuercen los siguientes principios:

- La unidad de Espa?a y su indivisibilidad de acuerdo con lo establecido en el esp¨ªritu y en la letra de la Constituci¨®n de 1978. Cualquier reforma que se pueda plantear no puede dejar de configurar a Espa?a como una realidad que hemos de seguir fortaleciendo.

- La igualdad de todos los espa?oles ante la ley y en su aplicaci¨®n, sin que se puedan establecer distinciones entre ellos en virtud de su lugar de nacimiento o de su Comunidad Aut¨®noma de residencia.

- El mantenimiento del Estado auton¨®mico que figura en nuestra Constituci¨®n.

- La autonom¨ªa de las nacionalidades y regiones.

- El respeto a los hechos diferenciales constitucionalmente garantizados como l¨ªmite de las diferencias que puedan existir entre los distintos territorios de Espa?a. As¨ª, se debe seguir garantizando el respeto y el mantenimiento de los s¨ªmbolos y elementos culturales que constituyen el patrimonio com¨²n de todos los espa?oles y, en especial, de las lenguas estatutariamente reconocidas.

- El fortalecimiento de los v¨ªnculos de solidaridad entre los espa?oles.

- La aceptaci¨®n ¨²nicamente de las reformas estatutarias que supongan una mejora para los ciudadanos y nazcan del consenso, siempre que se enmarquen en el respetuoso desarrollo de la Constituci¨®n de 1978. El doble consenso a la hora de afrontar la reforma de cualquier Estatuto de Autonom¨ªa, como ¨²nica garant¨ªa de conciliaci¨®n del inter¨¦s territorial con el inter¨¦s general de Espa?a. Las reformas deben contar tanto con el consenso de las fuerzas pol¨ªticas de la Comunidad Aut¨®noma cuyo estatuto se pretende reformar como con el acuerdo del Gobierno y la oposici¨®n, que representan a la mayor¨ªa del pueblo espa?ol, sin que puedan aceptarse nunca reformas orientadas a satisfacer los intereses exclusivos de cada Comunidad Aut¨®noma.

- La necesidad de abordar, si existe el consenso suficiente, el procedimiento establecido en la Disposici¨®n Transitoria Quinta de la Constituci¨®n que ha de permitir a las Ciudades Aut¨®nomas de Ceuta y Melilla convertirse en Comunidades Aut¨®nomas.

Por ¨²ltimo, el sistema de financiaci¨®n auton¨®mica tiene que seguir garantizando los principios de autonom¨ªa, solidaridad, suficiencia y corresponsabilidad fiscal. Cualquier mejora del mismo debe conseguirse a trav¨¦s de un proceso de negociaci¨®n transparente y multilateral a fin de mantener el consenso vigente. Asimismo, los Presupuestos Generales del Estado han de seguir siendo el instrumento fundamental de solidaridad territorial; para ello, las inversiones en ellos recogidas deben seguir distribuy¨¦ndose en funci¨®n de las necesidades de desarrollo de cada territorio y no en pago de contraprestaciones por apoyos pol¨ªticos".