Catalu?a emprende la reforma

En los ¨²ltimos a?os de la dictadura y los primeros de la transici¨®n a la democracia, el futuro Estatuto de Autonom¨ªa se convirti¨® para los pol¨ªticos catalanes en un talism¨¢n. Todo ser¨ªa distinto y mejor cuando Catalu?a tuviera su Estatut. Al fin, el 25 de octubre de 1979 se aprob¨® en refer¨¦ndum el proyecto de Estatut trabajosamente elaborado por 20 diputados de las Cortes elegidos en Catalu?a. Obtuvo el 87,96% de votos afirmativos, el 7,91% de votos negativos y 3,63% en blanco, con un 59,6% de participaci¨®n. Catalu?a volvi¨® a ser, desde entonces, aut¨®noma. De eso hace hoy 25 a?os justos. Cuando se cumple el aniversario, el talism¨¢n de los pol¨ªticos catalanes ya no es el Estatut, sino su reforma. Desde hace dos a?os, el debate pol¨ªtico catal¨¢n gira en torno a esta reforma.

Algunos aducen que hay ya una generaci¨®n de ciudadanos que no han votado el Estatuto

El Parlamento y el Gobierno catal¨¢n celebran el aniversario del Estatuto el d¨ªa 27

La estabilizaci¨®n de la democracia permite plantear avances sin temer al ruido de sables

El punto de partida es que los 25 a?os de autonom¨ªa han sido un ¨¦xito pol¨ªtico. Tanto es as¨ª, que, a diferencia del Pa¨ªs Vasco, el d¨ªa 27 el Gobierno y el Parlamento catal¨¢n conmemorar¨¢n oficialmente la efem¨¦rides.

El primer acuerdo del Parlamento catal¨¢n para la reforma del Estatut fue adoptado el 3 de octubre de 2002, aunque la resoluci¨®n aprobada remit¨ªa el inicio del proceso al a?o 2004. Aquel fue el d¨ªa en que Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU), la coalici¨®n que gobernaba en Catalu?a desde 1980, es decir, la que hab¨ªa dirigido la aplicaci¨®n del Estatut desde su entrada en vigor, dio por agotadas las posibilidades de desarrollarlo m¨¢s. El entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, se hab¨ªa resistido siempre a emprender la reforma. En octubre de 2002, sin embargo, Pujol pensaba ya en su retirada y cedi¨® a la presi¨®n de los sectores j¨®venes de su partido.

Pujol hab¨ªa combinado a lo largo de sus sucesivos mandatos una constante denuncia de la "involuci¨®n" y los "recortes" auton¨®micos emprendidos desde el 23 de febrero de 1981 por el Gobierno central, tanto con el PSOE como con el PP, con la defensa de la v¨ªa negociadora para hacerles frente y alcanzar mayores cotas de autonom¨ªa. Su argumento no carec¨ªa de l¨®gica. "?C¨®mo va a prosperar una reforma del Estatut que ha de ser aprobada en las Cortes por los mismos partidos, PSOE y PP, que se dedican a recortar nuestras competencias desde el Gobierno?", preguntaba en los debates. Su instrumento para forzar la negociaci¨®n con los Gobiernos era la posici¨®n de bisagra que el grupo parlamentario de CiU tuvo repetidamente en las Cortes durante estas d¨¦cadas cuando no hab¨ªa mayor¨ªa absoluta. Eso le permiti¨® presionar a los gobiernos de Adolfo Su¨¢rez, Felipe Gonz¨¢lez y Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y arrancarles concesiones. M¨¢s efectivo que recurrir a la reforma, argumentaba Pujol, ser¨ªa conseguir que el Gobierno central aplicara la Constituci¨®n con una orientaci¨®n autonomista como la que exist¨ªa antes del golpe de Estado del 23-F de 1981, que fracas¨® pero fue seguido de una involuci¨®n en la pol¨ªtica auton¨®mica.

Este esquema empez¨® a tambalearse cuando en 1999 el entonces aspirante socialista a la presidencia de la Generalitat, Pasqual Maragall, empez¨® a hablar de "reforma por adici¨®n", con lo que establec¨ªa un ¨¢mbito de complicidad con Esquerra Republicana (ERC). Los republicanos impulsaron el s¨ª en el refer¨¦ndum de 1979, pero siempre han considerado que este Estatuto permite menos capacidad de autogobierno que el aprobado por las Cortes de la Segunda Rep¨²blica en 1932. Ahora, Esquerra mantiene ese enfoque. Carles Bonet, senador republicano de la Entesa Catalana, afirma que la diferencia entre el Estatuto de 1932 y el de 1979 es que el primero "respetaban unas singularidades" de Catalu?a que ahora "se han desdibujado en medio del r¨¦gimen com¨²n" auton¨®mico. La clave de la reforma es ver "qu¨¦ singularidades se nos reconocen", a su juicio. Se responde en forma de preguntas: "?Podremos competir internacionalmente en el ¨¢mbito deportivo? ?Ser¨¢ el catal¨¢n segunda lengua de Espa?a? ?Podremos suprimir la divisi¨®n provincial en Catalu?a?".

Maragall suger¨ªa agregar al Estatut un cap¨ªtulo sobre derechos de ciudadan¨ªa e introducir en ¨¦l asuntos inexistentes en 1979, como las relaciones con la Uni¨®n Europea y la nueva situaci¨®n de pa¨ªs de acogida de inmigrantes extranjeros. Se?alaba tambi¨¦n que el sistema auton¨®mico espa?ol necesita un Senado que sea C¨¢mara de las comunidades aut¨®nomas, que s¨®lo podr¨¢ existir previa reforma de la Constituci¨®n. Maragall desdramatizaba la idea de reforma se?alando que hay ya una generaci¨®n de ciudadanos con derecho a voto que no han votado ni el Estatut ni la Constituci¨®n, porque no ten¨ªan edad para ello, y es hora de darles una opci¨®n.

La posici¨®n de Maragall abr¨ªa unas posibilidades hasta entonces inexistentes porque los socialistas catalanes dif¨ªcilmente iban a embarcarse en una aventura que no pudiera obtener tambi¨¦n la complicidad del PSOE. Eso fue lo que acab¨® sucediendo y se consagr¨® en la Declaraci¨®n de Santillana adoptada por el Consejo Territorial del PSOE el 30 de agosto de 2003. El nuevo l¨ªder del PSOE, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, se comprometi¨® a defender los proyectos de reforma de los estatutos que llegaran a las Cortes con amplio consenso en los parlamentos auton¨®micos.

El compromiso fue renovado tras la victoria electoral del 11-M. La reforma formaba parte del programa del Gobierno tripartito de la Generalitat presidido por Maragall desde diciembre de 2003 y contaba, pues, con razonables expectativas de ser aprobada en las Cortes. Naturalmente, esto cambi¨® los t¨¦rminos del problema. Por fin el debate abandon¨® el territorio de la queja en el que se hab¨ªa desarrollado durante tanto tiempo.

Uno de los autores del proyecto de Estatut, Miquel Roca, explic¨® a este diario que emprender la reforma no desdice en absoluto, a su juicio, del "balance altamente positivo" que cabe hacer de su aplicaci¨®n. Destaca que Catalu?a ha podido instaurar con ¨¦l "un Gobierno potente, muy implicado en la vida social" y que as¨ª ha vivido "la etapa de autogobierno m¨¢s larga desde 1714".

La sombra de este balance es, a?ade Roca, que un documento jur¨ªdico-institucional depende a la postre "de la voluntad pol¨ªtica con que se aplique". Y en este caso, ha habido, a su juicio "una actitud avara, restrictiva, en los sucesivos Gobiernos de Espa?a" que deb¨ªan haber favorecido su desarrollo.

"No veo en la reforma que se prepara diferencias sustanciales respecto al texto de 1979", dice Roca, sino el l¨®gico "intento de obviar los aspectos negativos que se han observado" en estos 25 a?os. Objetivo principal es ahora el "blindaje" de las competencias. Pero para el que fue durante 17 a?os el portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, el "problema hist¨®rico" es el de la financiaci¨®n. "Yo dir¨ªa que ¨¦se es un problema que nunca est¨¢ definitivamente resuelto, pero lo que no tiene sentido es que en el conjunto del Estado convivan sistemas de financiaci¨®n que arrojen resultados tan diferentes. Nada justifica que unos tengan el doble de ingresos por habitante que los dem¨¢s". En la pr¨¢ctica, el concierto econ¨®mico vigente en el Pa¨ªs Vasco aporta el doble de financiaci¨®n que el sistema vigente para Catalu?a y Andaluc¨ªa, se?ala Roca, "y eso es discriminatorio".

Tambi¨¦n uno de los m¨¢s importantes dirigentes pol¨ªticos de la Catalu?a de 1979, Antoni Guti¨¦rrez D¨ªaz, entonces secretario general del PSUC, que era el segundo partido catal¨¢n, afirma ahora que la reforma del Estatut es "necesaria" para adaptarlo a los nuevos tiempos.

Apunta dos argumentos. Uno es que la democracia se ha estabilizado en Espa?a y eso permite plantear avances que en 1979 se consideraba "arriesgados por temor a reacciones del aparato militar franquista". El otro argumento es la necesidad de adaptar el Estatut a realidades inexistentes hace 25 a?os. Cuando se redact¨® el Estatut, se?ala, "no exist¨ªan los avances tecnol¨®gicos que hoy permiten pensar en opciones como la tasa Tobin a los movimientos de capital; ni fen¨®menos sociales como la inmigraci¨®n extranjera; ni la urgencia de definir la participaci¨®n y las relaciones de Catalu?a con la Uni¨®n Europea".

La experiencia de estos 25 a?os ha llevado a los partidos catalanes a la convicci¨®n de que el Estatut no les garantiza que las competencias que en ¨¦l figuran como exclusivas sean realmente exclusivas.

En la pr¨¢ctica, la gran mayor¨ªa de competencias acaban por ser compartidas con la Administraci¨®n central, que dispone de muchos medios, ya sean legislativos o econ¨®micos, para "recuperar" el ejercicio de competencia que ya fueron traspasadas a la Generalitat.

Por esta raz¨®n, el esfuerzo de los diputados que est¨¢n elaborando el proyecto de reforma del Estatut en el Parlament se orienta a "blindar" las competencias de la Generalitat. De forma que el ¨¢mbito competencial catal¨¢n no pueda ser "invadido" por las leyes de bases aprobadas por las Cortes o por otros medios a disposici¨®n del Gobierno.

El nuevo Estatuto que se est¨¢ elaborando contendr¨¢ novedades, como el t¨ªtulo dedicado a los derechos sociales y ciudadanos, a las relaciones con otras comunidades aut¨®nomas y con la Uni¨®n Europea. Pero el n¨²cleo de la reforma pretende ser todo lo relativo a la financiaci¨®n de la Generalitat y al ¨¢mbito de competencias. La experiencia de 25 a?os de vigencia del Estatuto de Autonom¨ªa de 1979 ha ense?ado a los pol¨ªticos catalanes que la parte m¨¢s d¨¦bil de lo aprobado en aquel momento fue la econ¨®mica.