Exceso de comunicaci¨®n
La telefon¨ªa m¨®vil UMTS se frena por la oposici¨®n al despliegue de nuevas antenas
Repartidas por toda Espa?a hay unas 30.000 antenas de telefon¨ªa m¨®vil que, sin embargo, no son suficientes para garantizar los servicios de la nueva generaci¨®n de tel¨¦fonos UMTS, capaces de soportar videoconferencias o facilitar la navegaci¨®n por Internet a alta velocidad.
Las operadoras afirman que, en el plazo de cuatro a?os, habr¨ªa que instalar entre 15.000 y 20.000 nuevas antenas para cubrir estos servicios, y que dif¨ªcilmente podr¨¢n cumplirse estas previsiones si se mantiene la oposici¨®n social a este tipo de instalaciones y, sobre todo, se multiplican las trabas administrativas a las que han de someterse.
Lo cierto es que el desarrollo de esta tercera generaci¨®n de m¨®viles se ha ralentizado por este motivo, ya que cada vez son m¨¢s las voces que se alzan reclamando mayores cautelas ambientales. Ecologistas en Acci¨®n ha llegado a proponer una moratoria en tanto no se neutralicen los posibles riesgos sanitarios de estas nuevas fuentes de contaminaci¨®n electromagn¨¦tica, para lo que ser¨ªa imprescindible "una reforma en profundidad de la normativa estatal sobre esta materia, con una disminuci¨®n dr¨¢stica en los niveles de emisi¨®n".
Divisi¨®n cient¨ªfica
La comunidad cient¨ªfica sigue dividida en lo que se refiere al impacto sanitario de este tipo de instalaciones, pero contin¨²an public¨¢ndose estudios que advierten de posibles efectos nocivos en las personas, por lo que algunas comunidades aut¨®nomas y ayuntamientos han decidido aplicar, de forma estricta, el principio de prevenci¨®n, reforzando las limitaciones impuestas por la normativa estatal.
De esta manera, en todo el pa¨ªs se aplican entre 500 y 600 normas y ordenanzas referidas a esta materia, aun cuando los tribunales, a iniciativa de las propias operadoras, han dejado sin efecto algunas de estas disposiciones.
Desde la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias tratan de entender la dif¨ªcil situaci¨®n a la que se enfrentan las operadoras, pero tambi¨¦n consideran que este problema podr¨ªa resolverse, en parte, elaborando los denominados "mapas de antenas", en los que se fijaran criterios para compartir instalaciones. ?sta, sin embargo, no es una idea que guste a las empresas del sector, ya que la distribuci¨®n de las diferentes redes es un factor competitivo al que no quieren renunciar.
As¨ª las cosas, y en tanto se alcanza alg¨²n acuerdo de ¨¢mbito nacional, las operadoras que ya se han embarcado en los servicios UMTS vienen aplicando nuevas estrategias para sortear el rechazo de algunos ciudadanos y colectivos.
En primer lugar, han delegado en sus suministradores de red (grandes multinacionales como Ericsson o Siemens), o en las empresas instaladoras subcontratadas, el mal trago de la negociaci¨®n con ayuntamientos y comunidades de vecinos, evitando as¨ª un desgaste similar al que sufrieron cuando se implant¨® la telefon¨ªa GSM. Tambi¨¦n han apostado por nuevos dise?os de antena que, literalmente, se mimetizan en un entorno urbano, y que nada tienen que ver con los cl¨¢sicos m¨¢stiles cargados de parafernalia electr¨®nica.
Las antenas UMTS pueden tener el aspecto de una chimenea, un anuncio luminoso o una farola, y su tama?o puede reducirse hasta el extremo de pasar desapercibidas integradas en alg¨²n elemento constructivo.
"Estas estrategias de ocultaci¨®n y camuflaje", denuncia Ecologistas en Acci¨®n, "buscan desorientar y hacer ignorar a los ciudadanos la existencia de focos de contaminaci¨®n electromagn¨¦tica y, as¨ª, disminuir la preocupaci¨®n social por el despliegue de las redes de telefon¨ªa m¨®vil". Adem¨¢s, se est¨¢ produciendo un despliegue de microantenas y picoc¨¦lulas a baja altura sobre las calles, "originando una emisi¨®n muy directa sobre los peatones y edificios cercanos". Ni siquiera en estos casos, a?ade este colectivo, "se cumplen las t¨ªmidas recomendaciones planteadas en la normativa estatal sobre la disminuci¨®n de niveles de emisi¨®n en zonas sensibles como centros de ense?anza, hospitales o parques y jardines".
La salud no es el ¨²nico argumento que esgrimen los que se oponen a esta proliferaci¨®n de antenas. Tambi¨¦n hay factores que tienen que ver con la disciplina urban¨ªstica o la seguridad, ya que muchos de estos dispositivos se han instalado sin la preceptiva licencia municipal cuando, en algunos casos, suponen el establecimiento, sobre azoteas de edificios habitados, de estructuras con varias toneladas de peso. Tampoco se han respetado en algunos casos unos m¨ªnimos criterios est¨¦ticos, de manera que los m¨¢stiles causan un notable impacto paisaj¨ªstico en determinadas zonas rurales y tambi¨¦n en entornos urbanos de valor hist¨®rico-art¨ªstico.
Las sugerencias del Defensor
En la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz las quejas relacionadas con el medio ambiente son las que vienen experimentando un mayor crecimiento en los ¨²ltimos a?os y, dentro de este apartado, la inquietud que manifiestan los ciudadanos a prop¨®sito de las antenas de telefon¨ªa m¨®vil ocupa un lugar destacado.
A su juicio, la preocupaci¨®n de la sociedad por estas instalaciones tiene dos motivos: "Las posibles repercusiones sobre la salud y sobre la seguridad de personas y bienes, y los impactos ambientales que se derivan de estos elementos". Pero, adem¨¢s, hay otros efectos que merecen la atenci¨®n del Defensor, como son "la devaluaci¨®n de inmuebles en la zona; el impacto paisaj¨ªstico en las urbes o, lo que es m¨¢s grave, el deterioro de la salud ps¨ªquica y el da?o moral con respecto de las personas que se consideran afectadas".
No hay duda de que los esfuerzos realizados por la Administraci¨®n central para regular esta cuesti¨®n no se consideran suficientes, o, al menos, "los ¨¢mbitos sociales m¨¢s sensibilizados cuestionan la normativa existente", sobre todo porque se la considera "excesivamente permisiva, en comparaci¨®n con otros pa¨ªses y comunidades aut¨®nomas espa?olas, en cuanto a los niveles o l¨ªmites de exposici¨®n establecidos".
En estas circunstancias, el Defensor sugiere, desde 2000, la elaboraci¨®n de una ley que permitiera a la comunidad contar con normativa propia a este respecto, o bien incluir estas instalaciones en la Ley de Protecci¨®n Ambiental de 1994. Asimismo, recomienda a los ayuntamientos que, de forma coordinada con la Junta, dicten ordenanzas que regulen la ubicaci¨®n y colocaci¨®n de antenas de telefon¨ªa m¨®vil y radiocomunicaci¨®n.
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