El Tribunal de Cuentas denuncia el uso partidista de la publicidad de Trabajo en la etapa de Zaplana

Un anteproyecto del Tribunal de Cuentas, pendiente de alegaciones, denuncia que las campa?as publicitarias sobre revalorizaci¨®n de pensiones promovidas por el Ministerio de Trabajo bajo mandato de Eduardo Zaplana, actual portavoz parlamentario del PP, s¨®lo persiguieron "mejorar la imagen gubernamental", con " solapamiento indebido y previsible con la campa?a electoral" del 14 de marzo de este a?o. Esta actuaci¨®n, seg¨²n el informe, podr¨ªa suponer, al margen de su irregular contrataci¨®n, una "desviaci¨®n de poder" y una malversaci¨®n, al haberse destinado fondos p¨²blicos a una finalidad distinta de la permitida por el ordenamiento jur¨ªdico: la mera publicidad institucional.

El Tribunal de Cuentas, tras analizar las campa?as publicitarias de los principales organismos de Trabajo de 2002 a 2004 -42,8 millones de euros, en su mayor¨ªa adjudicadas bajo mandato de Zaplana, nombrado ministro en julio de 2002-, ve irregularidades en gran n¨²mero de ellas, pero focaliza las m¨¢s graves en las de revalorizaci¨®n de pensiones.

El informe denuncia que "una parte relevante de la publicidad institucional analizada en este informe ha sido realizada (directamente o mediante subcontrataci¨®n) por empresas pertenecientes a un determinado grupo" al que pertenece tambi¨¦n la empresa que realiz¨® las campa?as del PP en las elecciones auton¨®micas de 2003 en Canarias, Baleares, Madrid y Comunidad Valenciana, lo que supone, advierte, un riesgo de "confusiones no deseables". La factura publicitaria de Trabajo pas¨® de 931.000 euros en 2002 a 16 millones en 2003 y 22,8 millones en el primer cuatrimestre de 2004.

El informe desgrana abundantes irregularidades en la contrataci¨®n y ejecuci¨®n de la campa?a publicitaria sobre revalorizaci¨®n de pensiones de 2003. No debi¨® ser adjudicada a dedo (negociado) y por urgencia, porque la subida era previsible, y lo prueba que la notificaci¨®n por correo a cada pensionista, la ¨²nica obligada por ley, fue contratada en noviembre de 2002 y por concurso.

Anuncios innecesarios

No era necesaria, adem¨¢s, porque cuando se inici¨® la campa?a publicitaria, 15 de enero de 2003, "ya hab¨ªan sido distribuidas las notificaciones individuales a gran parte de los pensionistas, pues en el expediente consta que el 23 de enero ya hab¨ªan sido enviadas todas". La campa?a publicitaria sobre pensiones, que el antecesor popular de Zaplana, Juan Carlos Aparicio, nunca utiliz¨®, cost¨® 7,2 millones, y la postal, s¨®lo 600.000 euros. El informe destaca que no se respet¨® el plazo m¨ªnimo de cuatro d¨ªas para presentaci¨®n de ofertas tras cursarse las invitaciones.

Con tan "inusual" brevedad de plazos, "resultar¨ªa determinante la ventaja que habr¨ªa tenido cualquier empresa que, hipot¨¦ticamente, hubiera podido conocer de antemano, por peque?a que hubiese sido la diferencia de tiempo, la voluntad de celebrar este contrato". Asimismo, se censura que Trabajo impusiera "un n¨²mero m¨ªnimo de inserciones publicitarias que deb¨ªan tener lugar en determinados medios de comunicaci¨®n, sin que semejante determinaci¨®n estuviera basada en criterios t¨¦cnicos".

El anteproyecto denuncia que el mensaje real de la campa?a, "seg¨²n la documentaci¨®n obrante en el contrato", no era tanto informar a pensionistas como plasmar el mensaje de que la Seguridad Social "est¨¢ en manos de buenos gestores que avalan su actuaci¨®n con datos objetivamente positivos". En suma, "proyectar a la sociedad en general una imagen institucional favorable, de clara mejora con respecto del periodo de gobierno inmediatamente anterior a 1996".

Este mensaje subliminal bajo el difundido dicho y hecho se evidencia, para el auditor, por un documento aportado al equipo de Zaplana por la adjudicataria -Carat, presidida por el ex portavoz popular del Gobierno Miguel ?ngel Rodr¨ªguez-, que detalla el leit motiv de la campa?a: "contraponer el 'ahora' con la pol¨ªtica del anterior Ejecutivo (PSOE)" El "antes" es pintado as¨ª: "El miedo (gesti¨®n del PSOE): crisis de la Seguridad Social, planes privados como ¨²nica alternativa, percepci¨®n de desamparo, recibir una carta oficial puede ser una notificaci¨®n de retirada de pensi¨®n". El "ahora" se traza as¨ª: "La seguridad (gesti¨®n PP), super¨¢vit de la Seguridad Social, respaldo de fondo de reserva, seguridad de la inversi¨®n, pensiones garantizadas".

Fines distintos

"Las se?aladas actuaciones, que afectan negativamente a los principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y respeto al pluralismo pol¨ªtico, tienen como inevitable consecuencia que los ¨®rganos y los titulares de los mismos que intervinieron en el procedimiento de contrataci¨®n habr¨ªan podido haber incurrido en desviaci¨®n de poder", al haber ejercido las potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jur¨ªdico. "Consiguientemente, los fondos p¨²blicos destinados a la financiaci¨®n de la campa?a de 2003, cuyos objetivos reales se han demostrado tan alejados del objeto del contrato, habr¨ªan cumplido una finalidad distinta de la permitida por el ordenamiento jur¨ªdico, que es la publicidad institucional". Esto, seg¨²n el informe, podr¨ªa dar lugar a una presunta malversaci¨®n. "Todo ello, unido a las numerosas irregularidades detectadas en el procedimiento de contrataci¨®n, podr¨ªa dar lugar a la exigencia de las responsabilidades que resulten procedentes, a cuyos efectos, cuando, en su caso se proceda por el Pleno del Tribunal a su aprobaci¨®n, se remitir¨¢n los hechos anteriormente descritos a la secci¨®n de Enjuiciamiento, sin perjuicio de su conocimiento por el fiscal".