Un juzgado de Bilbao fijar¨¢ en marzo el juicio por el cierre de academias de ingl¨¦s

La suspensi¨®n de pagos de las academias de ingl¨¦s Opening dej¨® en Euskadi a cerca de 45.000 alumnos sin clases y con fuertes deudas bancarias en el verano de 2002. Las centralitas de las asociaciones de consumidores se colapsaron por el caso, que todav¨ªa se est¨¢ juzgando en los tribunales. La demanda civil conjunta presentada por la Federaci¨®n de Consumidores de Euskadi (EKE) se encuentra en manos del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Bilbao, que ya cuenta con las contestaciones de las academias y ha convocado a una comparecencia previa a demandante y demandadas el pr¨®ximo marzo para fijar la fecha del juicio.

Si finalmente el juzgado respalda las tesis de la Federaci¨®n de Consumidores, los beneficiados ser¨ªan el conjunto de los 6.000 afectados por el cierre de las academias del Pa¨ªs Vasco. Algunos afectados se han visto ya respaldados por sentencias que han establecido que los contratos con las academias han dejado de estar vigentes sin obligaciones de pago para los alumnos y que incluso han obligado a las entidades financieras a devolver los recibos cobrados desde julio de 2002, cuando Opening se declar¨® en quiebra. As¨ª lo estableci¨® una sentencia de un juzgado de Bilbao, que favoreci¨® a ocho de los 6.000 afectados.

EKE interpuso en septiembre de 2003 una demanda de juicio verbal y civil sobre la defensa de los derechos colectivos de los afectados por el cierre de las academias contra Opening -integradas en el grupo de educaci¨®n a distancia CEAC- y contra las entidades de cr¨¦dito Financia Banco de Cr¨¦dito, BSCH, Pastor Servicios Financieros, Eurocr¨¦dito y Bankinter.

"Aunque es un tema complejo, como organizaci¨®n de usuarios preferimos presentar una demanda colectiva, que represente al conjunto de los afectados y les sirva a todos", explica Jon Ari?o, presidente de la citada organizaci¨®n de consumidores.

El proceso ha sido posible gracias a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que ha introducido en la pr¨¢ctica procesal la tutela de los derechos e intereses de usuarios y consumidores como colectividades.

Seg¨²n el abogado de los demandantes, se pide "el reconocimiento de la vinculaci¨®n de los contratos de pr¨¦stamos con los contratos de la academia. Los cr¨¦ditos se contrataron para hacer frente a los cursos y la consecuencia es que no puede haber ninguna exigencia econ¨®mica respecto de los hipot¨¦ticos deudores que han dejado de pagar porque ya no se les da el servicio".