Cr¨ªticas al Supremo de Chile por poner plazo a los casos de la dictadura

La orden dada por la Corte Suprema de Chile a los jueces que investigan procesos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet de cerrar los sumarios en un plazo de seis meses, y que afecta a 315 casos pendientes, ha recibido un rechazo generalizado. La resoluci¨®n del alto tribunal, que tuvo el apoyo del Gobierno y buscaba descongestionar los tribunales, ha sido criticada por las v¨ªctimas, jueces, abogados de derechos humanos, parlamentarios y organizaciones humanitarias, que temen que se transforme en un punto final al atar las manos de los jueces.

La Agrupaci¨®n de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) dijo que la medida era "arbitraria e ilegal", e interpuso un recurso en la Corte de Apelaciones Santiago. "El Poder Judicial, una vez m¨¢s, se pone del lado de los victimarios", dijo la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro.

Amnist¨ªa Internacional reproch¨® que la imposici¨®n del l¨ªmite de tiempo puede facilitar la impunidad en cr¨ªmenes de lesa humanidad, mientras en Human Rights Watch, el abogado Jos¨¦ Miguel Vivanco, director de la divisi¨®n de las Am¨¦ricas, consider¨® "ir¨®nico" que los militares se quejen de los atrasos en sus juicios "cuando el verdadero impedimento ha sido su propia negativa a cooperar con los investigadores". Diputados socialistas y dem¨®cratacristianos tambi¨¦n se han opuesto a la medida.

El impacto que ocasion¨® el suicidio hace unos d¨ªas del coronel Germ¨¢n Barriga, ex miembro de la c¨²pula de la Direcci¨®n de Inteligencia Nacional (DINA), el mayor aparato represivo de la dictadura, cre¨® dentro de la Corte Suprema el clima favorable a la orden, donde s¨®lo dos magistrados votaron en contra. Quien impuls¨® el acuerdo fue el presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, que en 1993 aplic¨® la amnist¨ªa a los militares de la DINA que asesinaron al ex funcionario de la ONU, el espa?ol Carmelo Soria.

Aunque algunos casos llevan muchos a?os abiertos, la gran mayor¨ªa s¨®lo se activ¨® hace tres a?os, con el nombramiento de jueces especiales para investigar las causas. El trabajo de estos magistrados para aclarar cr¨ªmenes cometidos hace casi 30 a?os, sin la colaboraci¨®n de la mayor¨ªa de los acusados, tambi¨¦n deber¨¢ finalizar en seis meses, de acuerdo a la orden de la Corte Suprema. Abogados especializados en violaciones a los derechos humanos consideran que la orden estimular¨¢ a los acusados a permanecer en silencio seis meses para esperar el cierre de los sumarios.