Guerra al tabaco

Muchos lectores ver¨ªan ayer la primera p¨¢gina de este diario mientras encend¨ªan el primer cigarrillo del d¨ªa en la cafeter¨ªa o el lugar de trabajo, y sabr¨ªan as¨ª que ese mismo gesto les podr¨¢ costar a partir del pr¨®ximo enero una multa de 600 euros. Es la medida m¨¢s llamativa del anteproyecto de ley antitabaco que el Gobierno ha remitido al Consejo de Estado, pero no es la ¨²nica. El texto incluye la prohibici¨®n de fumar en todos los centros de trabajo cerrados e introduce muchas limitaciones en los bares, restaurantes y locales de ocio. Las empresas podr¨¢n ser sancionadas hasta con 10.000 euros, y las que se dediquen sistem¨¢ticamente a vender cigarrillos a los menores podr¨¢n recibir una multa de un mill¨®n de euros.

No faltar¨¢n quienes vean estas medidas como una intromisi¨®n del Estado en la libertad de los ciudadanos, o como una manifestaci¨®n de despotismo cl¨ªnico de inspiraci¨®n estadounidense. Pero estas quejas, con lo que puedan tener de razonables, pesan menos que los argumentos a favor de un texto que, en cualquier caso, puede resultar modificado a lo largo de su tramitaci¨®n. El tabaco es la causa directa de 50.000 fallecimientos al a?o en Espa?a. Fumar provoca el 85% de las muertes por c¨¢ncer de pulm¨®n, el 90% de las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva y la mitad de los fallecimientos por infarto. No s¨®lo lo sufren los fumadores, sino tambi¨¦n quienes se ven forzados a tragarse el humo ajeno. Y no tiene sentido exigir a la Administraci¨®n una sanidad p¨²blica de primera l¨ªnea, y una investigaci¨®n de calidad contra esas enfermedades mientras se cierran los ojos a su principal causa.

El 90% de los fumadores empieza antes de los 20 a?os, y el 60% antes de los 16. Por ello, la prioridad del proyecto de ley es evitar que los ni?os y los adolescentes empiecen a fumar. Las sanciones son especialmente altas para las infracciones que estimulen el h¨¢bito de fumar entre los m¨¢s j¨®venes. Las multas podr¨¢n incluso imponerse a los propios menores fumadores, aunque sus padres y educadores compartir¨¢n la responsabilidad. La ¨²nica objeci¨®n que cabe aducir se refiere al realismo de esta normativa. La ley se hace para cumplirla, por lo que es indispensable que un sistema de sanciones tan duras est¨¦ adecuado a la realidad social y a la posibilidad de que se exija y obtenga su cumplimiento.

Adem¨¢s, el mismo car¨¢cter adictivo de la nicotina hace echar en falta en la futura ley las medidas necesarias para quienes quieran deshabituarse. Un amplio porcentaje encuentra muy dif¨ªcil abandonar el tabaco, y la medicina actual dispone de medidas de considerable eficacia. Cabe considerar la posibilidad de financiar estos tratamientos en la sanidad p¨²blica. La medida supondr¨ªa un coste a corto plazo, pero muchos ahorros a largo. Si las enfermedades causadas por el tabaco se reducen, incluso modestamente, las arcas de la sanidad lo notar¨¢n con claridad, aunque haya que esperar varias legislaturas para ello. Esa visi¨®n a largo plazo es una marca de f¨¢brica de la mejor pol¨ªtica.