Los patronos de la econom¨ªa sumergida frenan la regularizaci¨®n de inmigrantes en Murcia

El proceso de normalizaci¨®n de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno ha tocado un punto delicado de la econom¨ªa murciana: el empleo sumergido, que en la regi¨®n afecta al 30% de los trabajadores, lo que supone el ¨ªndice m¨¢s alto de Espa?a. De ah¨ª que las solicitudes de legalizaci¨®n presentadas hasta ahora sean escandalosamente escasas: 4.599, seg¨²n los ¨²ltimos datos oficiales. Para mantenerse en la sombra, cientos de patronos intentan descargar la responsabilidad de la regularizaci¨®n en las empresas de trabajo temporal (ETT). El Ejecutivo regional, en manos del PP, les apoya.

Durante la ¨²ltima d¨¦cada, Murcia ha experimentado un crecimiento econ¨®mico espectacular. Un informe del Consejo Econ¨®mico y Social (CES) lo resume del siguiente modo: "S¨®lo tres comunidades han crecido m¨¢s que Murcia desde 1990, s¨®lo dos desde 1995, y es la comunidad que m¨¢s ha crecido en los menos favorables ¨²ltimos tres a?os. En t¨¦rminos acumulados, el crecimiento de la regi¨®n super¨® en un 6% el crecimiento del valor a?adido bruto espa?ol entre 1990 y 2003".

Sin embargo, ese crecimiento tiene una base fr¨¢gil: el empleo irregular, que aqu¨ª afecta al 30% de la poblaci¨®n ocupada, "lo que supone el m¨¢ximo entre todas las comunidades aut¨®nomas", seg¨²n un estudio publicado hace pocos meses por Cajamar. Ese informe afirma que el 28% de los trabajadores no est¨¢ afiliado a la Seguridad Social, el 66% de los contratados a tiempo parcial son obligados a jornadas superiores a las legales y el 20% de los trabajadores en n¨®mina reciben parte de sus sueldos en dinero negro.

El proceso de normalizaci¨®n de inmigrantes ha tocado la m¨¦dula del peculiar sistema econ¨®mico murciano. Al "invitar" a los empresarios a regularizar la situaci¨®n de sus trabajadores sin papeles antes del 7 de mayo, so pena de sancionarles con multas de hasta 60.000 euros por cada empleado en situaci¨®n irregular, el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero les obliga a poner sus cuentas al d¨ªa. Y eso amenaza los beneficios de los patronos del empleo sumergido, que seg¨²n fuentes sindicales menudean en los tres sectores m¨¢s fuertes de la econom¨ªa murciana: la agricultura, cuyo peso duplica la media del conjunto espa?ol; la construcci¨®n, el sector m¨¢s din¨¢mico en los ¨²ltimos ocho a?os, y los servicios, que suponen en torno a dos tercios de la econom¨ªa.

El papel de las patronales

La Confederaci¨®n Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) ha recibido el proceso de normalizaci¨®n con una combinaci¨®n de acatamiento formal y apelaciones a las peculiaridades de la zona. En esa pol¨ªtica han sido apoyados por el Gobierno aut¨®nomo. En enero, el presidente de la CROEM, Miguel del Toro, ya solicit¨® una moratoria de seis meses en la aplicaci¨®n del proceso de regularizaci¨®n "a ra¨ªz del desastre provocado por las heladas (...), ya que la mayor¨ªa de los empleadores son del sector agr¨ªcola y ahora no tendr¨¢n trabajo que ofrecer". La negativa firme del Ministerio de Trabajo les llev¨® a cambiar su petici¨®n por una ampliaci¨®n del plazo de tres meses, que contempla el Reglamento, hasta cuatro meses. Tambi¨¦n les fue denegada.

En este momento, la batalla se libra en torno al papel que deben jugar las empresas de trabajo temporal (ETT) en el proceso. Murcia es la comunidad aut¨®noma con mayor n¨²mero de ETT en relaci¨®n con la poblaci¨®n: nada menos que 52, entre locales, nacionales y multinacionales, seg¨²n confirma ATTESUR, la patronal que las engloba. S¨®lo las locales cerraron el a?o pasado m¨¢s de 150.000 contratos.

El presidente del Ejecutivo aut¨®nomo, Ram¨®n Luis Valc¨¢rcel, del PP, remiti¨® en enero al Gobierno una carta en la que advert¨ªa de que el proceso de regularizaci¨®n "podr¨ªa verse claramente distorsionado (...) si no se permite la actuaci¨®n como actores del mismo a las ETT". Y a?ad¨ªa: "Entendemos que las ETT (...) podr¨ªan participar en este proceso de regularizaci¨®n como empresarios".

Organizaciones sindicales, como UGT, y ONG de Inmigrantes, como ATIME, ven en esa solicitud un intento de emboscar a los empresarios de la econom¨ªa sumergida. "Las ETT dar¨ªan la cara y los empresarios seguir¨ªan explot¨¢ndonos", afirma el presidente de ATIME, Mustaf¨¢ Zine.

Tras varias negociaciones, el Ministerio de Trabajo ha admitido la participaci¨®n de las ETT en la regularizaci¨®n, pero siempre que aporten los contratos de puesta a disposici¨®n con sus clientes, lo que har¨ªa emerger a ¨¦stos.

Esa condici¨®n es considerada "una aberraci¨®n" por el presidente de ATTESUR, Crist¨®bal Jov¨¦. "Si yo fuera el cliente, tampoco firmar¨ªa el contrato", afirma. Jov¨¦ ofrece al Gobierno regularizar a 10.000 inmigrantes si suprime esa exigencia. "En caso contrario", advierte, "la regularizaci¨®n fracasar¨¢ en Murcia".